El Ministerio de Agroindustria comenzó a estudiar medidas de alivio para las denominadas producciones “electrodependientes”, en especial la fruticultura, el arroz y la olivicultura a partir de las quejas de las economías regionales por la suba de tarifas energéticas, indicaron hoy voceros de las cámaras que representan a los productores.

El titular de ese ministerio, Luis Etchevehere, admitió días atrás que los reclamos son parte de su agenda por la suba de tarifas eléctricas e indicó que se analiza cómo bajar ese costo con energías renovables.

Una de las opciones bajo estudio sería la creación de un registro de productores regantes a nivel nacional que permita establecer un tratamiento tarifario diferente para esos productores y promover mediante financiamiento una sustitución de la energía eléctrica hacia energías renovables, como la solar o la eólica.

Las bombas de riego que funcionan a electricidad son significativas para algunas economías regionales, en especial la producción de arroz en Entre Ríos y Corrientes, y la de olivos en La Rioja y Catamarca.

No obstante, esa medida no resolvería los problemas de otras actividades igualmente comprometidas, como la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El presidente de la Federación Olivícola Argentina, Julian Clusellas, explicó que si se confirma el cronograma de aumentos en las tarifas, la actividad se tornará “inviable”.

Actividades como la vitivinicultura, que aplican riego con agua de superficie, tienen un costo de US$ 50 por hectárea en ese rubro, mientras que producir olivo con bombas que extraen el agua desde 200 metros de profundidad implicaba un gasto de US$ 350 hasta diciembre de 2017, precisó Clusellas.

En tanto, Federico Gadea de la Cámara de Industriales Arroceros, contó que a ese sector la suba de la electricidad le afecta doblemente: por el costo del riesgo y también por las mayores tarifas eléctricas de las plantas procesadoras del grano.

“Las facturas subieron más de 400% desde el anterior sistema y eso nos vuelve inviables”, sostuvo.

Dirigentes de estas economías regionales y funcionarios de las provincias intentaron que el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, revise los aumentos pero el funcionario negó la posibilidad y recomendó a los productores recurrir a las mesas de competitividad por sector que impulsa Agroindustria.

La estrategia oficial apunta a trasladar la presión hacia las propias provincias, ya que muchos aumentos fueron aplicados por las empresas distribuidoras y no por la administración federal.

“Se empezó a trabajar en la situación y el principal problema de costo está vinculado a la distribución en las provincias”, confirmó el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo.

En la mesa particular del arroz se logró días atrás un principio de acuerdo para aliviar las tarifas de riesgo de los arroceros entrerrianos, aunque Gadea consideró que ese gesto será insuficiente.

“Vemos que el 30-35% de la factura es el costo real de la energía y el resto son impuestos y otros cargas imposibles de evaluar”, señaló.

Gabriel Negrín, asesor de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, coincidió en parte del problema pasa por ajustar la porción que corresponde a las distribuidoras, aunque también fue relevante el aumento en el costo de la energía.

En el caso de Río Negro, por ejemplo, se autorizó a la firma que administra la red a elevar su facturación de $400 millones en 2017 a $870 millones este año.

Las nuevas tarifas les impacta a los productores de peras y manzanas del sur, en especial en el costo del frío para conservar las frutas: el año pasado en las liquidaciones cobradas por los chacareros, los frigoríficos del Alto Valle les descontaban por ese rubro $3 por kilo conservado durante un promedio de 210 días en las cámaras, cuando la media por kilo era $7,50.

Esta temporada, con la suba de la energía, se espera que ese costo trepe hasta $5 o $5,50 por kilo.