El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, amplió la denuncia por los fondos del fideicomiso de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, en el marco de las nuevas directivas del presidente de la Nación, Javier Milei, de controlar las denominadas “cajas negras de la política”.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani había presentado la denuncia a la Justicia Federal la semana pasada y este lunes, luego de que el fin de semana saliera publicada en La Nación una investigación del periodista Hugo Alconada Mon titulada “La ‘caja’ de la política: los fondos fiduciarios destinaron miles de millones de pesos al pago de consultorías y ‘servicios profesionales’ desde 2016”, decidió ampliar su presentación.

El fiscal Pettigiani explicó que la investigación periodística hace referencia a los gastos “siderales” de diversos fondos que se encuentran bajo lupa, sin ningún contralor, y entre esos fondos se encuentra el destino para Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que si bien sería “el fondo más pequeño de todos” se utilizaría para desviar el dinero que corresponde a reparar el daño que sufrieron las víctimas de aberrantes delitos en “servicios técnicos y profesionales”.

Según la investigación, el fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata en 2022 tuvo ingresos por 23,9 millones de pesos y en ese período se gastaron 12,3 millones en “servicios técnicos y profesionales” y en el “sector privado”.

Esta situación denunciada por Pettigiani también fue informada al Procurador General de la Nación. “Utilizan la figura penal del delito de trata de personas para fines espurios, el fondo de ayuda a las víctimas ha destinado el 50 % a gastos que nada tienen que ver con repararlas y, con el objeto de que no se vuelva una ‘caja negra de la política’, solicito que se arbitren las medidas pertinentes para investigar los delitos denunciados”, expresó el fiscal federal de Mar del Plata.

“Se utiliza el dolor de las víctimas para crear y justificar estructuras que premian a militantes de cierto sector político robándoles a quienes realmente sufrieron“, expuso el fiscal Pettigiani y agregó: “Aquí se usó el delito para perseguir productores y empresarios con el subalterno fin de quitarles sus propiedades y, en nombre de las víctimas, administrar esas propiedades con el fin, ya expuesto, de alimentar, únicamente, una estructura burocrática, lo que constituiría una malversación en la administración de los fondos confiados”.

“Hasta el año 2018 la fiscalía que dirijo fue la fiscalía del país que más condenas de trata logró, todas por explotación de la actividad sexual, por lo que contamos con experiencia suficiente para efectuar un análisis del tema”, dijo Pettigiani en el escrito que presentó originalmente la denuncia.

Según Pettigiani, la estructura de la Protex (Procaduría de Trata y Explotación de Personas) empezó a “buscar métodos de supervivencia, generando la banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal de la trata en la faceta laboral”.

La presunción de Pettigiani al presentar este pedido de investigación es que se impulsó la denuncia sistemática del delito de explotación laboral por cuestiones ideológicas y de ese modo lograr recursos para el fondo fiduciario sin control alguno. En diálogo con LA CAPITAL, Pettigiani contó que “en los últimos tiempos todas las causas por trata de personas con explotación laboral terminaron en absoluciones y solo hubo una con condena, pero en ese caso el contexto fue el de la secta yogui de Nicosia, con abusos sexuales y sometimiento por cuestiones vinculadas al aprovechamiento espiritual”. Pettigiani explicó que fueron 16 las absoluciones, en su gran mayoría a productores rurales.

Para la fiscalía de juicio fue importante otro informe periodístico, de Carlos Pagni, en el que se aseguraba que el fondo fiduciario para las víctimas de trata había ejecutado solo la mitad de los fondos asignados. “Nos pusimos a averiguar un poco -dijo Pettigiani- y no solo confirmamos que no se reparó a ninguna víctima, sino que por ejemplo dispuso del inmueble del hotel City y de Madahos para otros fines, sin control alguno de los beneficios supuestos”.

Por lo pronto, la denuncia ahora está en la órbita de la Cámara federal de CABA, en Comodoro Py, y deberá determinarse qué juzgado será el competente para avanzar en la investigación solicitada.