La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo hoy que fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo una represión letal, excesiva y racista de las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y cometieron posibles ejecuciones extrajudiciales, y que la Justicia peruana debe investigar ya si alguna autoridad ordenó o toleró los abusos.

En una fuerte exhortación a la presidenta Dina Boluarte al presentar un informe en Lima sobre sus investigaciones de la represión de las protestas que sacudieron a Perú de diciembre a febrero pasado, la organización internacional de derechos humanos dijo que el Estado peruano está impregnado de “racismo estructural” que guía sus acciones.

Amnistía Internacional dijo que la Fiscalía de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido durante las protestas, que exigían la renuncia de Boluarte y dejaron 60 muertos, 49 como resultado directo de acciones violentas.

Castillo, un maestro rural y líder de izquierda asumido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre por intentar disolver el Congreso, dominado por la derecha, para que no le hiciera juicio político. Está en una cárcel de Lima con prisión preventiva acusado de rebelión y corrupción, y en su lugar asumió Boluarte, que era su vicepresidenta.

Las manifestaciones en apoyo a Castillo sacudieron a Lima y a otras ciudades, sobre todo en zonas indígenas y desfavorecidas del sur de Perú.

El informe es el segundo en pocos días en condenar a Perú luego de otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusó al Ejército y la Policía peruana de masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.

Boluarte rechazó esas denuncias del informe del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos, pero no se pronunció de inmediato sobre el de AI.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana”, dijo el nuevo informe, presentado por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, y publicado en su página web.

El informe se titula Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales, dijo AI.

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes”, dijo Callamard en el documento.

“Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, agregó.

Además, las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos, según el informe.

En lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad y describiendo a los manifestantes como “terroristas”.

“Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”, reclamó la organización.

Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, el Ministerio Público de Perú no ha llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas, dijo AI.

La organización dijo que Fiscalía aún no confiscó las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco interrogó a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres.

La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas varias reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave, afirmó.

“Dado el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales”, dijo.

La Fiscalía debería pedir asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia, agregó.

AI pidió a presidenta Boluarte que condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas.

“Además, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales”, dijo AI en su informe.

El documento dijo que hay indicios de que altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios.

Los registros entregados a la Fiscalía, de armas policiales y militares a los que ha tenido acceso AI, no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas.

AI dijo que entrevistó a un policía de Apurímac bajo condición de anonimato, quien dijo: “Una cosa […] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”.

De las 25 muertes documentadas por AI, 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena.

“Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando […] ese día”, dijo a AI la madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, muerto por el Ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado.

AI dijo que su investigación halló un número desproporcionadamente alto de muertes en zonas donde viven poblaciones históricamente marginadas, pese a que las protestas no eran allí más frecuentes ni más violentas que en otras regiones.

En Lima se registraron 104 protestas y cinco actos de violencia contra civiles, frente a las 37 protestas y los cinco actos de violencia por parte de civiles en Ayacucho.

Sin embargo, en Lima, donde sólo el 20% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, únicamente hubo una muerte, mientras que en Ayacucho, donde el 82% de la población es indígena o afrodescendiente, murieron 10 personas, dijo AI.