La causa judicial del atentado a la AMIA es, desde la foja 1, el más increíble muestrario de la actividad delictiva de funcionarios y personajes influyentes, encaminada a limpiar las huellas y las evidencias, y a construir una historia falsa para cerrar el expediente y dar una “explicación” a la sociedad. 23 años después, sólo dos cosas sabemos con certeza: que el 18 de julio de 1994 volaron la AMIA causando 85 muertos y centenares de heridos, y que desde los más altos estamentos del Estado se propició una actividad sistemática de encubrimiento de la mecánica de los hechos.

La pretendida “investigación”, promovió desde inicio un “desorden organizado”. Se tiraron sin control los restos de la explosión al borde del Río de la Plata; se omitió preservar la zona del desastre del ingreso de decenas de personas sin identificar; se perdieron pruebas; se plantaron pistas falsas; se borraron grabaciones telefónicas a sospechosos y se “extraviaron” las transcripciones obrantes tanto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como en la Policía Federal (algunas, realizadas a diplomáticos iraníes antes y después del atentado). Se quemaron cintas de filmaciones. Se suspendieron escuchas judiciales y allanamientos sin dar razón. Se coaccionó a testigos para que callaran y a otros para que mintieran y, a uno de ellos, el entonces preso Carlos Telleldín, se le compró una declaración falsa por casi medio millón de dólares.

Todo ese coherente accionar no puede sino obedecer a una lógica superior, impuesta por necesidades ajenas a la verdad. Una verdad que puede resultar intolerable para el público, y a la vez afectar la diplomacia secreta de varios países.

Es por ello que los datos esenciales sobre la trama que hizo posible el atentado a la AMIA en 1994 (al igual que el precedente de 1992 a la Embajada de Israel y el de 1995 a la fábrica militar de Río Tercero), no están dentro de los expedientes judiciales. O por lo menos, no en su totalidad.

Las respuestas se encuentran en centenares de documentos existentes en fuentes públicas y privadas, del país y del exterior, que esperan una investigación independiente e incondicionada, sin importar qué intereses afecte. Y sin depender exclusivamente de sesgados e incomprobables informes de inteligencia, teñidos de condicionantes políticos.

Se persiste en tratar el atentado a la AMIA como un evento a-histórico, desconectado de lo que por aquellos años ocurría en nuestro país, y de los otros dos tremendos atentados perpetrados en los 90.

Lo cierto es que desde unos meses antes del atentado a la Embajada de Israel, en marzo de 1992, y hasta unos meses después del atentado contra la AMIA, en julio 1994, un gigantesco operativo clandestino de transferencia de armamento se desarrolló desde el puerto de Buenos Aires hacia los Balcanes, bajo directivas del gobierno de Carlos Menem. El presidente peronista, bajo una política de sumisión al gobierno norteamericano, realizaba el trabajo sucio que los Estados Unidos no podían hacer directamente: el contrabando de armas y explosivos para Croacia y los musulmanes bosnios apoyados por Irán, operativo ilícito que violaba el embargo dispuesto por la ONU para la región. Por eso, mientras se acusa a Irán de haber puesto la bomba, se oculta la red de contrabando de armas y explosivos que Irán compartía con Argentina, cerrándose la posibilidad de investigar ciertas pistas.

Triangulaciones de armas israelíes y norteamericanas para Irán se venían llevando a cabo con participación argentina desde la década anterior, en el marco de la guerra que enfrentó a Irak e Irán entre 1980 y 1988. Así fue que otro 18 de julio, pero de 1981, fue derribado por cazas soviéticos un avión de carga de Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) piloteado por el capitán argentino Héctor Cordero, cerca de la entonces triple frontera entre la Unión Soviética, Turquía e Irán. Era uno de los tantos vuelos de la TAR, cargados de armas israelíes para Teherán.

Luego, unos años antes de los atentados, fueron los propios norteamericanos quienes -a cambio de liberación de rehenes y de dinero negro para “la contra” centroamericana- enviaron armas a los iraníes. El 3 de noviembre de 1986, el periódico libanés Ash-Shiraa reveló el tráfico clandestino de armas entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, dando comienzo al escándalo internacional conocido como “Irán-contras” o “Irangate”.

En 1992 el presidente George Bush -ex jefe de la CIA- indultó a los funcionarios que habían sido condenados por el Irangate. Y no dejó de mostrarse sonriente con su nuevo “gran amigo”, el presidente argentino Carlos Menem.

(*): Abogado, escritor y periodista. Ex vocero de AMIA en un tramo del primer juicio por el atentado. Autor de los libros “Brindando sobre los Escombros-La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento”, “Iosi, el espía arrepentido” (en coautoría con Miriam Lewin), y “La Explosión”, de reciente publicación por editorial Sudamericana.