Aquellos inquilinos que en el mes de septiembre deban enfrentar el ajuste anual establecido en la Ley de Alquileres se encontrarán con una suba interanual de hasta el 114%, el máximo registrado desde que rige la normativa y, sobre todo, el más alto de las últimas décadas.

En los últimos días el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el nuevo Índice de Contratos de Locación para el mes de agosto, que supera el 100%, como viene ocurriendo desde junio.

La situación varía de acuerdo a la quincena en la que se renueva el año de contrato. Concretamente, aquellos que deban hacerlo en los primeros 15 días de julio, afrontarán un ajuste del 112,5%, mientras que para aquellos que renueven del 15 en adelante, el índice será del 114%.

De esta manera, por ejemplo, un inquilino que paga $50.000 mensuales por un departamento, pasará a abonar cerca de $107.000, mientras que aquellas propiedades por las que se paga un alquiler de 80.000, empezarán a abonar más de $171.000, es decir, un ajuste superior al doble.

Los incrementos establecidos a raíz de este índice que contempla la ley, cabe señalar, superan ampliamente en la mayoría de los casos a los incrementos salariales, por lo que muchos inquilinos se ven imposibilitados de pagar el nuevo valor.

En el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata están atentos al tema. El “dolor de cabeza” de la ley está presente cada mes en todas las inmobiliarias, con propietarios que deben esperar un año para subir el valor del alquiler e inquilinos con menos poder adquisitivo que, de un mes a otro, pasan a pagar subas superiores al 100%.

Los martilleros actúan como mediadores. Muchos de ellos buscan “hacer prórrogas” para continuar los contratos y “acompañan al inquilino”, pues que con la inflación que hay “resulta muy gravoso el ajuste”.

La ley, sin embargo, sigue castigando al propietario, que pasa un año sin aumentar. Las dos partes “están complicadas” y el mercado “muy reducido”, vienen señalando hace tiempo desde el Colegio.

Renovación y angustia

La Ley de Alquileres cumplió el mes pasado tres años de vigencia y, por ende, a muchos inquilinos que alquilaron bajo esta normativa les llega el turno de renovar contrato, la opción -aseguran- “más conveniente” ante la baja oferta de propiedades en alquiler en la ciudad.

Buena parte de los inquilinos opta por renovar (o extender) el contrato para evitar volver a buscar un departamento a sabiendas de la oferta reducida y de los elevados costos administrativos que implica un nuevo contrato.

Sin embargo, a la hora de renovar algunas personas en Mar del Plata se están encontrando con que los propietarios aplican subas de hasta el 300% respecto al valor actual del alquiler y cláusulas por fuera de lo establecido por la ley.

Alicia vive en la zona de Plaza Mitre y actualmente paga por un departamento de dos ambientes $ 42.000 de alquiler, un valor que a pesar de los ajustes anuales en sus tres años de contrato, ha quedado atrasado en relación a los valores de mercado debido a la inflación de los últimos meses. “Para renovar ahora en septiembre me piden $170.000 (305% más) y aplicar el ajuste cada tres meses”, contó la inquilina.

“Es un ajuste bestial, fuera de toda lógica. Es claro que los propietarios no quieren perder y está perfecto, pero a mí y a mi familia esto nos mata”, dijo alarmada y agregó: “El ajuste trimestral está por fuera de la ley pero, ¿qué hago? Es lo que me piden y no me queda opción porque no hay alquileres prácticamente”.

Georgina alquila un amplio dos ambientes sobre la avenida Luro por $ 50.000, donde vive con sus dos hijos, y en octubre vence su contrato. “El propietario ya me dijo que me lo renovará, pero pasaré a pagar $190.000”, dijo en relación al 280% de aumento que se aplicaría en su caso.

Para muchos inquilinos, en tiempos de crisis e incertidumbre económica, semejante ajuste implica un problema y un desequilibrio. “Si tengo que pagar $190.000 de alquiler no sé con qué vivo”, dijo preocupada.

Si bien los martilleros buscan oficiar de mediadores en medio de la grieta que abrió la normativa, en concreto muchos inquilinos se ven imposibilitados de afrontar los nuevos aumentos, mientras que los propietarios buscan asegurarse una renta “digna” que no se licúe con la inflación.

La Ley, como sostienen inquilinos, propietarios y profesionales del rubro inmobiliario, “perjudicó a todos”. Fuentes consultadas por este medio señalaron que antes de las PASO había posibilidades de que el Congreso avanzara en el debate de una nueva ley luego de la elección, pero tras el resultado y la devaluación, esa chance no registra novedades por el momento.