El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó hoy la posición de la Unión Cívica Radical (UCR) frente a la decisión del Gobierno de intervenir la compañía Vicentin y recordó que ese partido centenario votó por la estatización de YPF en 2012.

En un documento emitido el lunes, firmado -entre otros- por el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, y los titulares de las bancadas del Senado y de Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente, Juntos por el Cambio tildó de “ilegal e inconstitucional” la intervención” de la empresa.

Allí, se planteó que la propuesta “repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos como la expropiación de YPF y Ciccone”.

En ese sentido, Alfonsín expuso hoy en declaraciones formuladas a radio Provincia que “en el documento se menciona un argumento para oponerse que es que se comete el mismo error que cuando se estatizó YPF”.

“Entiendo que ese texto lo pueda firmar el PRO, que en su momento votó en contra; pero no los radicales, que votaron a favor de la expropiación…”, recordó el dirigente radical, y planteó que advierte “un nivel de subordinación que da un poco de vergüenza”.

En ese sentido, el ex legislador dijo que le llama la atención “que los argentinos no estemos más preocupados en cuidar nuestros recursos, porque Vicentin le debía miles de millones de pesos a bancos”.

Asimismo respaldó la decisión del gobierno nacional de intervenir la cerealera, al analizar que la compañía “estaba tomando decisiones preocupantes: había vendido parte de su patrimonio lo cual significa que se descapitalizaría”.

“Además, había multinacionales asociadas a sectores financieros interesadas en comprarla y eso era desnacionalizar una empresa argentina para que se transforme en extranjera y una mayor concentración del mercado”, continuó Alfonsín y precisó que ello “hubiera sido malo para el país”.

Por último, sostuvo que su interés está puesto “en que el Estado recupere los fondos porque si dejamos que avance el concurso y se llegue a una quiebra, la experiencia demuestra que las deudas se reducen un 60% y se pesifican”.

“Con esta decisión de intervenir, el Estado impide que esto ocurra”, finalizó.