Alberto Fernández, expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesan las cárceles bonaerenses y responsabilizó al actual gobierno por dejar que llegue “a un punto muy complejo”.

Personas privadas de su libertad en un gran número de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires realizaron durante la última semana una huelga de hambre con el objetivo de visibilizar la vulneración a sus derechos en general y en lo relativo a la provisión de alimentos adecuados para una dieta saludable en particular.

A partir de los reclamos de distintas organizaciones y de una orden judicial, se comenzó a regularizar temporalmente la situación, llegando alimentos adecuados a las unidades penitenciarias bonaerenses.

Al respecto, Fernández manifestó en declaraciones a Radio La Red: “Macri ha dejado de pagar cosas, obligaciones del Estado con proveedores. En la provincia de Buenos Aires dejaron de repartir comida en las cárceles. Después lo resolvieron, pero llegaron a un punto en que podía ser muy complejo”.

En los últimos meses se registró la denuncia de falta de pago por parte del gobierno de María Eugenia Vidal y la inexistencia de un contrato vigente para con Cookmaster, empresa proveedora del servicio de viandas para las cárceles. Es así como la compañía definió dejar de proveer de carnes rojas y blancas a las unidades penitenciarias, sólo garantizando hidratos de carbono tales como fideos, arroz blanco y papas.

A esto se sumó el reclamo histórico por la sobrepoblación que tienen las cárceles en todo el país y principalmente en la provincia de Buenos Aires. Es por ello que las personas privadas de su libertad exigieron una serie de beneficios que no se están cumpliendo y permitirían terminar con el actual estado de hacinamiento carcelario: libertades o arrestos domiciliarios para los procesados sin condena, arrestos domiciliarios para los condenados sin sentencia firme, mejores condiciones de alojamiento carcelario y mayor celeridad en la tramitación de las causas penales.

En ese marco, distintas organizaciones que bregan por los derechos humanos manifestaron su preocupación y reclamaron al Estado tanto nacional como provincial el pronto restablecimiento de las condiciones mínimas de alimentación para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad.

La Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura elevaron un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas donde denunciaron la falta de comida suficiente para alimentar a las personas detenidas y que ésta es inadecuada para una dieta saludable, siendo en su mayoría hidratos de carbono, al tiempo que los comestibles llegan crudos o en estado de descomposición, por lo que en muy pocas oportunidades pueden ser ingeridos.

Asimismo, denunciaron una sobrepoblación del 119%, una elevada tasa de encarcelamiento (308 personas cada 100.000 habitantes) y el aumento de las muertes por cuestiones de salud no asistidas.

“Esto último directamente relacionado con la falta de provisión de dietas especiales para personas con diversos padecimientos (VIH, tuberculosis, enfermedades gástricas)”, refiere el informe.

Del mismo modo, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal realizó un reclamo al respecto. “La falta de acceso de las personas privadas de la libertad a una alimentación adecuada en la prisión constituye un trato cruel e inhumano, que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional”, denunciaron.

Lo propio hizo el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que elevó un oficio por “incumplimiento por parte del Estado Provincial de la obligación de proveer a las personas privadas de la libertad alimentación adecuada y suficiente” tanto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo N. de Lázzari, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari.

En este sentido, el juez de Ejecución Penal N° 2 de La Plata, José Villafañe, ordenó al Ministerio de Justicia y al Servicio Penitenciario Bonaerense que garanticen la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad de todos los penales platenses, luego de que se comprobaran faltantes.