El ministro de Defensa, Oscar Aguad, concurrirá mañana al Congreso para responder preguntas de la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del submarino ARA-San Juan.

La reunión se llevará a cabo a partir de las 15:00, en el Salón Arturo Illia del Senado, donde deberá brindar un informe sobre la situación técnica en la que se encontraba la nave que desapareció el 15 de noviembre del año pasado, con 44 tripulantes a bordo.

Los diputados y senadores que integran la Comisión Bicameral le harán preguntas también sobre el operativo de búsqueda, luego de haberle enviado días atrás una nota en la que le manifestaron su “preocupación” por el retiro del buque ruso Yantar, que participaba de esas operaciones.

En la misiva, los legisladores también le solicitaron a Aguad que “informe cuáles son los planes del Ministerio para proseguir con la búsqueda” del submarino, dado que para los familiares de la tripulación el hallazgo de la nave es prioridad.

Así lo manifestaron cuando concurrieron a la comisión, donde también expresaron sus críticas al ministro como ya lo habían hecho de forma personal en una reunión acontecida meses atrás, al tiempo que reclamaron su renuncia.

Los familiares de los 44 tripulantes piden, además, que el Estado contrate a la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA) del venezolano Hugo Marino, quien ya asistió a una reunión de la Bicameral con la promesa de encontrar la nave.

El reclamo fue respaldado por miembros de la comisión como la senadora rionegrina Magdalena Odarda (Rionegrinos por la Igualdad), quien advirtió que se trata de “un caso de emergencia” y que, por lo tanto, “la contratación directa es absolutamente válida, no hay que convocar a licitación”.

El diputado mendocino Guillermo Carmona (FPV-PJ) también consideró que el Ministerio “tiene todos los instrumentos legales y necesarios para realizar la búsqueda con recursos del Estado Nacional y, además, hacer contrataciones con empresas privadas”.

La Comisión Bicameral, presidida por el senador fueguino José Ojeda (Bloque Justicialista), tiene un plazo de un año -prorrogable por uno más- para elaborar un informe final sobre el caso sustentado en documentación y en las exposiciones verbales.