LA PLATA (Corresponsal)- Ingenieros de la provincia de Buenos Aires aseguran que el Ministerio de Agroindustria bonaerense no ejerce los controles reglamentarios para la aplicación de productos agroquímicos y que ello pone en riesgo la salud de toda la población.

“Tenemos innumerable cantidad de denuncias concretas de personas que se han enfermado seriamente; también hay denuncias de fumigaciones sobre escuelas y viviendas”, dijo a LA CAPITAL Norberto Beliera, presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense.

También -acotó- “hemos tomado conocimiento de empresas que deberían contar con un ingeniero agrónomo en calidad de asesor o director técnico y que no lo tienen o que, si lo tienen, se trata de un profesional que no está legalmente habilitado para actuar en la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Beliera denunció que “vemos inacción por parte del Ministerio de Agroindustria, que no está controlando debidamente la utilización de los agroquímicos, poniendo en serio riesgo la salud y la vida de quienes habitamos la Provincia”.

El presidente de la entidad aseguró además que su preocupación fue manifestada en reiteradas oportunidades al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, pero que hasta el momento el Colegio no obtuvo respuestas.
Ante esto, la institución presentó una nota al defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, para que oficie de mediador. “Acá está en juego la vida y la salud de todos los bonaerenses”, remarcó Beliera.

“Los agroquímicos son como los medicamentos”

“La Ley 10.699 y su decreto reglamentario establecen claramente que no puede prescribirse, manipularse, aplicarse ni transportarse un producto agroquímico sin la prescripción por parte de un ingeniero agrónomo mediante una receta agronómica”, explicó el presidente del Colegio bonaerense.

Y destacó que “los agroquímicos son como los medicamentos: pueden curar o matar, depende del producto y de la dosis”.

En la Legislatura provincial quedó pendiente para este año el tratamiento de un nuevo proyecto que regule el uso de productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas.

La iniciativa que se discute -del ex senador Alfonso Coll Areco (Frente Renovador)- tuvo la media sanción de la Cámara Alta en 2016 y es fuertemente resistida por organizaciones ambientalistas y académicas.