Por Ramiro Melucci

En el mismo momento en que el pliego para concesionar por 30 años el uso y explotación del estadio José María Minella y el Polideportivo ingresaba al Concejo Deliberante, en la comisión de Seguridad del cuerpo legislativo un grupo de vecinos argumentaba la necesidad de declarar la emergencia en seguridad. La coincidencia temporal sirve para marcar las dos agendas que conviven en ese recinto y fuera de él: la que impulsa el gobierno municipal y la que, aún con las dificultades que le ocasiona estar en minoría, procura subir a escena la oposición.

Los vecinos plantearon el reclamo de la emergencia en la comisión que preside Eva Ayala, de Acción Marplatense. Las quejas que provienen de los barrios son para los concejales opositores una constatación de que sus críticas al gobierno de Guillermo Montenegro tienen fundamento. “El intendente dijo que iba a ocuparse de la seguridad, pero no vemos resultados”, lanzó la concejal.

Se trata, de todos modos, de un asunto en el que los bloques cercanos al gobernador Axel Kicillof deben moverse con prudencia. Más allá de las obligaciones que le caben al municipio, es la policía de la provincia el actor principal del combate contra el delito. Los mismos vecinalistas lo deslizaron en la comisión. De allí que no todos los críticos de Montenegro ven acertado votar la emergencia. Los oficialistas, menos.

El interbloque que componen el PRO, la UCR y la Coalición Cívica tampoco parece dispuesto a levantar la mano para aprobar la emergencia alimentaria impulsada por la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias. A pesar de que esa entidad tiene el fomento de la Iglesia, el gobierno municipal no impartió ninguna orden en favor de ese expediente. “El día que Provincia mande alimentos como a los otros municipios podremos ver si hay emergencia o no”, respondió ante la consulta de LA CAPITAL un hombre del intendente.

En cambio, en el kirchnerismo razonan que no debería resultar tan sencillo decirle no a un reclamo de la Iglesia. Hasta el gobierno de Milei, tan cuestionado por los recortes, ha aumentado los fondos para planes sociales.

El oficialismo deberá atravesar esos debates que no promueve al mismo tiempo que comenzará el análisis del pliego de licitación del Minella y el Polideportivo. También el de la convalidación del decreto para pagar la deuda por el Complejo Punta Mogotes. Dos de las tres premisas de la última conferencia de prensa de Montenegro, la del ya lejano (por la sucesión previa) 22 de agosto. La otra era la licitación para incrementar el porcentaje de cuentas que pagan las tasas, que no pasará por el Concejo.

Más allá de las obligaciones que le caben al municipio, es la policía de la Provincia de Buenos Aires el actor principal del combate contra el delito. Por eso no todos los críticos de Montenegro ven acertado votar la emergencia en seguridad. 

Con el debate por Mogotes avanzado por el intercambio epistolar y mediático con los funcionarios bonaerenses, el centro de atención estará puesto en las cláusulas para concesionar por 30 años (con opción de otros 10) los dos principales escenarios deportivos de la Municipalidad y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes.

La vía licitatoria, en la que tendrá preferencia el oferente que firme un contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), es la alternativa que halló Montenegro luego de que no prosperara la conversión directa del estadio en la casa de las selecciones nacionales. La respuesta del gobierno municipal a la falta de fondos para mantener el estadio. Su opción para poner fin a largas décadas de deterioro.

Dicen en la administración local que todo estaba preparado para que el pliego fuera enviado en la semana que se inicia. Pero se adelantó unos días para aprovechar el viento a favor que generó el secretario de Prensa de la Presidencia de la Nación, Eduardo Serenellini, cuando dijo en Mar del Plata que la iniciativa “va en línea con lo que está haciendo Milei”.

El intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Prensa de Presidencia, Eduardo Serenellini. el martes en Mar del Plata.

A simple vista no parece un debate sencillo para la oposición. Decir que no de entrada, de manera dogmática, la ubicaría por decantación en el lugar que la quiere Montenegro. ¿Cuál sería la propuesta alternativa? ¿De dónde saldrían los fondos para convertir al Minella en un escenario de primer nivel? ¿Hasta qué punto resistiría el argumento de que Montenegro profundizó el abandono para que la salida sea por la vía privada, cuando parece evidente que el municipio no está en condiciones de mantenerlo y mucho menos de mejorarlo? Son preguntas que, en la antesala del debate, probablemente se hagan los que acostumbran leer las propuestas oficiales con ojos críticos.

El oficialismo tiene sus propios interrogantes. Generados sobre todo por los sacudones de la política nacional. “Educación pública siempre. Auditorias y orden también. Marchar con el kirchnerismo nunca”, postuló el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, mientras sus aliados radicales participaban, como los concejales kirchneristas, de la marcha en reclamo de financiamiento para las universidades.

Las redes sociales fueron el miércoles un muestrario de las claras discrepancias ideológicas entre integrantes del PRO y la UCR. El intendente y sus hombres de máxima confianza permanecieron callados, acaso conocedores de la postura ambigua del PRO en el plano nacional.

 ¿Hasta qué punto resistiría el argumento de que Montenegro profundizó el abandono para que la salida sea por la vía privada, cuando parece evidente que el municipio no está en condiciones de mantener el Minella?

Ese mismo día el Concejo también tomó la decisión de convocar para el próximo jueves a una jornada de trabajo sobre la situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata que había sido impulsada por el Frente Renovador y votada por unanimidad. Fue en una reunión de labor parlamentaria a la que no asistieron ni Neme ni Cecilia Martínez, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (enviaron reemplazantes). Los que marcharon juntos por la universidad no encontraron resistencias al momento de estampar la fecha.

El momento es muy oportuno. El recinto de sesiones se transformará en la caja de resonancia del reclamo universitario un día después de la sesión de la Cámara de Diputados en la que puede rechazarse el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Los más cómodos en la jornada serán los radicales y los opositores que acompañan el reclamo. Se advertirán otra vez las diferencias con el PRO y La Libertad Avanza.

Ya en la sesión anterior habían quedado expuestas. Sucedió cuando se puso en votación un proyecto para que se respete la voluntad del Congreso respecto de la movilidad jubilatoria. El perimido Juntos por el Cambio mostró todas sus fisuras en una votación dividida en tres: la UCR se pronunció a favor, el PRO en contra (igual que La Libertad Avanza) y la Coalición Cívica se abstuvo.

En el gobierno de Montenegro admiten que todas las tensiones que vienen de arriba son una presión para el interbloque. Pero ante las evidentes diferencias ideológicas se aferran a la práctica. Al pacto de gestión con Maximiliano Abad y a las manos alzadas para los proyectos oficiales en el recinto. Incluso para los más polémicos. Les gusta que empiece a decirse que ya no son 13, sino 15. Como si en lugar de una ruptura con los radicales esperaran que las incipientes coincidencias con los libertarios pudieran ser el germen de un frente electoral común contra Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Todo puede pasar.