Por Ramiro Melucci

El contundente triunfo en las PASO, ratificado la semana pasada en el escrutinio definitivo, y la crisis política que se desató de inmediato en el Gobierno nacional parecían prefigurar un vuelo sin demasiadas turbulencias para Guillermo Montenegro hacia el 14 de noviembre. Aquella sensación inicial se ha revelado equivocada. Una sucesión de hechos y circunstancias pusieron al intendente en alerta máxima. Con el crimen del DJ en el primer escalón.

Por su repercusión social, el asesinato de Leandro “Lele” Gatti desacomodó a la política en la antesala de la nueva campaña. Pero el buen vínculo entre las autoridades locales y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se reflejó incluso en las malas: ninguna de las dos partes insinuó un reparto de responsabilidades por lo ocurrido. 

El Frente de Todos local observó los días críticos en silencio. Suele adjudicarle al municipio falta de planificación, pero esta vez no lo hizo. Tiene su lógica: los recursos policiales están a cargo de la Provincia. Una crítica destemplada podía generar un efecto búmeran.

“Cuando la política habla en medio de la conmoción es jaque mate”, interpretó un hombre de Montenegro, con lo que justificó los dos días que se tomó el jefe comunal para hacer las primeras declaraciones públicas después del homicidio. El ex jefe de la Policía Local y candidato de Acción Marplatense, Fernando Telpuk, no entró en esa lógica. Reclamó un liderazgo estratégico del municipio para una coordinación efectiva de la prevención con Nación y Provincia. “Nadie se puede hacer el distraído”, lanzó.

El intendente insistió con el pedido de fuerzas federales. Tuvo desde el primer momento un guiño del director del Correo, Rodolfo Manino Iriart. Recién el viernes, en la comisión de Hacienda, el Concejo retomó la agenda de la seguridad. En un clima más armónico del que había antes del crimen. Por primera vez en un mes de tratamiento, el oficialismo aceptó sin objeciones el avance de la declaración de emergencia propuesta por la bancada opositora. Las cláusulas que una semana antes parecían inflexibles se volvieron, en su gran mayoría, negociables.

El bloque del intendente buscaba que la declaración incorporara la palabra “administrativa”. No lo logró, pero no puso demasiados reparos. Pidió la eliminación del consejo asesor que contempla la iniciativa, pero solo consiguió promesas de cambios en su composición. Lo que sí logró fue anexar un artículo para ratificar ante el Ministerio de Seguridad de la Nación el reclamo de las fuerzas federales. “Eso era lo realmente importante para nosotros”, evaluaron cerca del intendente.

Con esa incorporación y otras menores, el oficialismo firmó el dictamen en la comisión de Hacienda. El Frente de Todos también puso su parte en el acuerdo. De rechazar todos los cambios propuestos una semana antes pasó a incluir algunos. Y Acción Marplatense, que había dado señales de que no avalaría el proyecto, también viró: “Han pasado hechos que son de público conocimiento que ameritan un cambio de timón”, reflexionó Horacio Taccone antes de abstenerse y presentar un proyecto de minoría que no modifica el espíritu de la emergencia sino la integración del consejo asesor.

El consenso político para aprobar esa iniciativa, que terminará de plasmarse en la próxima sesión –prevista para el jueves 14– fue la señal con la que la política vernácula buscó exhibir su reacción ante el homicidio de Playa Grande.

Por primera vez en un mes de tratamiento, el oficialismo aceptó sin objeciones el avance de la declaración de emergencia en seguridad. Las cláusulas que una semana antes parecían inflexibles se volvieron, en su gran mayoría, negociables.

Por otro andarivel corrieron las nuevas controversias vinculadas al Fondo de Promoción Turística. El intendente aseguró que la intención del Frente de Todos de restituir completamente esa partida a su fin original era moverle el arco en un año complejo. La frase hirió susceptibilidades en la oposición. Sobre todo porque la iniciativa que llegó a la sesión (y volvió a la comisión de Hacienda) ya no decía que los fondos se destinarían por completo a la promoción desde este año, sino a partir de enero de 2022. También porque la oposición ofreció por lo bajo que la mitad se restituyera en 2022 y la otra mitad en 2023. Pero el gobierno no aceptó.

Por lo pronto, el bloque de Montenegro ratificó el compromiso de dar una solución. Sería a través de un esquema progresivo. La comisión de Hacienda le pidió al secretario del área, Germán Blanco, que lo mande. Y que lo haga rápido. 

El gobierno pretende que no le manejen los tiempos. Ha insistido con la necesidad de que se discuta en el marco del debate de las ordenanzas fiscal e impositiva. “Si quieren discutir lo que destinamos a promocionar la ciudad, vamos discutir”, desafían en el municipio. Y empiezan a remarcar que el concepto de promoción turística que tiene la oposición no es el mismo que entiende Montenegro. En esta controversia cada uno lleva su diccionario.

El presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, expuso el jueves en la comisión de Ambiente del Concejo.

Aparecen otros dos asuntos en ciernes. Las obras en el predio de disposición final de residuos y los subsidios del transporte. El presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, reconoció en la comisión de Ambiente que una de las obras que debía completar Ceamse para ampliar el relleno sanitario está detenida. La compañía ya no opera el lugar, pero, según contó el funcionario, firmó una adenda para llevar adelante ese trabajo. Ahora se desconoce si lo va a hacer o si el municipio deberá contratar a otra empresa.

D’Andrea mencionó ante los concejales pormenores de la salida de la concesionaria que llegó para apagar el fuego de la gestión de Arroyo. Renovarle el contrato hubiera significado un incremento mucho mayor a la inflación. “¿Quién puso esa cláusula?”, le preguntó Sol de la Torre, del Frente de Todos. No hubo respuesta.

Cuando se fue Ceamse, el Emsur retomó la gestión del predio y contrató a tres empresas en forma provisoria, por un monto menor. Los contratos regirán hasta que aflore la nueva licitación, cuyo pliego todavía no ingresó al Concejo. D’Andrea no puso fecha de envío: solo repitió que esta etapa le sirve al ente para ajustar el anteproyecto.

El intendente aseguró que la intención del Frente de Todos de restituir completamente el Fondo de Promoción Turística a su fin original era moverle el arco en un año complejo. La frase hirió susceptibilidades en la oposición.

El segundo aumento de boleto del año llegó acompañado de otra novedad: el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, admitió que en el presupuesto 2022 no hay cambios respecto a los subsidios del interior. “Es cierto que están presupuestados $ 27 mil millones. Esto se debe en principio a que se hace una copia en espejo de lo que va a ser la ejecución de este año”, dijo. Y sostuvo que el cupo se estableció porque la reactivación hará crecer el corte de boleto.

En el propio oficialismo nacional hay diferencias. El diputado Marcelo Casaretto, del Frente de Todos de Entre Ríos, presentó un proyecto para incrementar al monto a $ 35 mil millones. El propio Guerrera reveló que enviará al Congreso una iniciativa de su ministerio “muy parecida a la presentada por el diputado”.

En el gobierno de Montenegro sonaron las alarmas. El jefe del bloque en el Concejo, Agustín Neme, fue el encargado de encenderlas públicamente con un nuevo reclamo de mayor equidad entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires. “Es un tema urgente”, definió.