Acompañantes terapéuticas reclaman a IOMA por las constantes deudas
Hay profesionales que llevan trabajando varios meses y aún continúan sin cobrar. Además, las aprobaciones de los tratamientos llegan a demorar hasta 6 meses, complicando la planificación y la atención a pacientes. "La situación es insostenible", argumentaron.
MIRAMAR (Corresponsal).- Las demoras y las falencias en la prestación de determinados servicios brindados por IOMA son moneda corriente y hasta generaron denuncias por parte de los damnificados, que son presos de la burocracia, esa que, en cuestiones prioritarias como la salud, debería tener una respuesta con mayor celeridad.
En ese contexto, quienes viven una problemática constante son las Acompañantes Terapéuticas y -ante la falta de respuestas de la obra social- desarrollaron una movilización frente a la sede de la obra social situada en el edificio de calle 17 entre 32 y 35 de Miramar, donde también funcionan otras dependencias provinciales.
A través de un comunicado otorgado a LA CAPITAL, las profesionales expresaron: “Nos enfrentamos en la actualidad con diversos inconvenientes para brindar el servicio de acompañamiento terapéutico con la obra social IOMA, institución perteneciente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, la que mayor número de afiliados presenta en nuestra ciudad, puesto que al ser una entidad pública, sus afiliados pertenecen al ámbito público, así como también, es la que el Estado otorga a toda persona con Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) para cubrir todos los tratamientos que necesita”.
Esta situación genera una constante desconcierto en toda planificación por lo que el Colectivo de Acompañantes Terapéuticas reclamó que “en primera instancia, la autorización de los tratamientos presenta una demora de hasta 6 meses, siendo este un período de incertidumbre para los profesionales, afiliados y familiares, quienes aún no tienen conocimiento si el tratamiento podrá o no realizarse”.
“Es necesario tener en cuenta, que, desde el inicio de la solicitud del tratamiento, los profesionales estamos en la obligación de cumplir ciertos requisitos tales como estar inscripto en AFIP, ARBA, tener contador, poseer seguro contra accidentes personales, entre otros, lo cual genera un gasto económico que deben afrontar los A.T”, agregaron.
En otro de los párrafos del escrito se deja en claro que la situación por la falta de pagos es insostenible. “Están por debajo de cualquier prestación que establece el nomenclador nacional y presentan una demora en la acreditación de los mismos que ronda entre los 6 y 12 meses”.
“Como profesionales, nos vemos en la disyuntiva del cese de nuestra actividad, o en la negativa de brindar servicios para esta obra social, lo cual impacta directa y negativamente en la continuidad de los tratamientos de nuestros pacientes, vulnerando de este modo, su derecho de recibir una atención acorde a su singularidad, amparado por la Ley de Salud Mental N° 26657”, se explayaron.
Sin respuesta
Al agotar todas las vías de reclamo que ofrece esta entidad, las A.T realizaron una movilización y presentaron una nota ante la delegación local exponiendo los inconvenientes y solicitando una pronta respuesta.
Allí estuvieron presentes también usuarios y familiares, quienes apoyan este reclamo, puesto que, bajo esta situación, peligra la continuidad de las prestaciones
“Hasta el día de la fecha ningún representante de la entidad se ha comunicado con los profesionales. Asimismo, queremos desmentir las declaraciones del Director Regional de General Pueyrredón, Santiago González, quien expuso que esta situación solo se da en algún caso puntual, puesto que IOMA no tiene dificultades en la región con los A.T, lo cual es totalmente falso”, expresaron a través del escrito.
En paralelo, se dio a conocer que una familia damnificada pudo comunicarse con el presidente de la institución, Homero Giles, aunque por el momento no hubo novedades.
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se solidarizó con el reclamo y puso a disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C) como vía de reclamo. De igual manera, la delegación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad también se hizo eco del conflicto ofreciendo sus servicios.
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