El interbloque oficialista del Concejo Deliberante prevé acelerar en los próximos días con la flexibilización normativa para la radicación de supermercados.

La novedad, adelantada a LA CAPITAL por fuentes del municipio y el cuerpo deliberativo, se conoce al mismo tiempo que el informe que envió a la comisión de Industria el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda, Mauro Martinelli, favorable a la desregulación impulsada por el concejal Guido García (Coalición Cívica).

El proyecto busca derogar los artículos 3 y 4 y modificar el 8 y el 9 de la ordenanza 18.788, que regula la instalación de grandes superficies comerciales en el distrito.

El artículo 3 de la norma vigente dice que la cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución en el Partido de General Pueyrredon no podrá ser en ningún caso superior a tres. El cuarto define las zonas en que pueden instalarse de acuerdo con su tamaño.

En su informe, Martinelli señaló que “no existe duda alguna de que resulta de vital importancia para el crecimiento comercial de la ciudad que sean desreguladas todas las cuestiones que condicionan y restringen nuevas inversiones”.

Mencionó que “los tópicos vinculados a esta materia incluidos en la ley 12.573 de la Provincia de Buenos
Aires han generado críticas y controversias desde su implementación; de allí que se haya propuesto la derogación y modificaciones”.

Destacó que el Senado bonaerense analiza un proyecto para “correr el eje decisorio para la radicación de grandes
superficies, entendiendo que el gobierno local es el que más conoce de las particularidades del territorio”, por lo que deberían ser el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante los que decidan sobre la radicación o no de determinados complejos comerciales.

Según Martinelli, la norma provincial “implica una restricción a la libertad empresarial, dado que establece requisitos y regulaciones por demás estrictas para la instalación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, lo que puede limitar el desarrollo económico en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”. Por eso “debería derogarse o bien modificarse”.

En línea con el discurso del intendente Guillermo Montenegro y del secretario de Desarrollo Local e Inversiones, Fernando Muro, el secretario legal y técnico escribió que “la instalación de comercios de grandes superficies o cadenas de distribución son generadores de un gran número de empleos registrados en la ciudad, ofreciendo mayor nivel de competitividad y opciones a los consumidores locales”.

Además, “su instalación potencia distintas zonas de la ciudad, generando polos desarrolladores y renovación urbana para el entorno, revalorizando los barrios aledaños”.

En ese marco, entendió que la ordenanza vigente “se tornó obsoleta” y “corresponde su modificación”. No observó razones “de índole legal” que impidan derogar los artículos que establecen el número máximo de eslabones ni el que establece la zonificación según su tamaño.

También respaldó las modificaciones de los artículos 8 y 9. El 8 es para priorizar la contratación de residentes del Partido de General Pueyrredon e incorporar materias primas y artículos de producción local y regional a la oferta que
efectúen los supermercados, sin el piso del 10% que establece la ordenanza vigente.

El 9 es para acelerar el inicio de las actividades. El vigente sostiene que “las tramitaciones para la factibilidad provincial y la habilitación municipal no constituye derecho adquirido, por lo que los establecimientos comprendidos podrán iniciar sus actividades una vez obtenida la habilitación con carácter definitivo, quedando prohibido el
otorgamiento de permisos o habilitaciones provisorias”.

Para Martinelli, la exigencia de la factibilidad provincial previa a la habilitación municipal “implica un avasallamiento de facultades que son propias de la reglamentación local, además de retrasar y demorar innecesariamente los tiempos de otorgamiento de permisos y habilitaciones y de esa manera perjudicar las inversiones y emprendimientos” en la ciudad.

El secretario consideró “razonable” agilizar los trámites de habilitación a la espera del certificado provincial, por lo que avaló la intención de incorporar habilitaciones provisorias y sugirió una redacción en ese sentido. “El inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial y la habilitación municipal no constituye derecho adquirido. No obstante, el inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial permitirá el otorgamiento de permisos o habilitaciones provisorias. Durante el mencionado período de habilitación provisoria, el establecimiento deberá cumplir con los requisitos para obtener la habilitación definitiva”, señala la propuesta destinada a corregir el proyecto de la Coalición Cívica.

La iniciativa de García fue presentada a fines de junio, tras la controversia con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) por la instalación de un eslabón de la Cooperativa Obrera en el barrio El Progreso. Está en la comisión de Industria y también tiene giros a las de Obras y Legislación.