Representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentaron este martes en la Fiscalía N° 1 para tener acceso a la causa contra el jefe de Sanidad de la cárcel Batán detenido por abuso sexual de presos, bajo la figura de particular damnificado institucional.

La encargado de litigios de la CPM, Margarita Jarque, se reunión con la fiscal Florencia Salas en el marco de la causa contra Juan Carlos Salas, quien se encuentra detenido en una comisaría de Balcarce tras haber sido detenido el pasado jueves.

“Se trata de un tema de gravedad absoluta y no descartamos que hayan habido torturas“, declaró Jarque ante la consulta de LA CAPITAL y destacó la labor hasta el momento de la fiscal Salas en la investigación.

Como particular damnificado institucional, desde la CPM han solicitado a la fiscal Salas que se profundice la investigación, ya que consideran que además de abuso sexual puede tratarse de casos de tortura, por el daño físico y psicológico que pudieron sufrir las víctimas. “Para esto restan pericias, que deben ser profundas por la gravedad del hecho y ver si coexisten otras responsabilidades, que ahora con el acceso definitivo de la causa vamos a poder analizar y denunciar en la fiscalía”, expresó Jarque.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público que ha sido creado por ley hace 25 años y que desde sus inicios se ha dedicado al monitoreo de los lugares de encierro. Ha raíz de esa experiencia, es que ha sido nombrado “mecanismo local de prevención de la tortura”. Tiene también el mandato legal de cumplir como contralor y monitorear estas situaciones donde se vulneran derechos humanos en los lugares de encierro.

“Recordemos que cuando ocurren estas vulneraciones las cometen desde un lugar en representación del Estado”, explicó Jarque. En este caso puntual, Juan Carlos Salas era el jefe de Sanidad del complejo penitenciario de Batán, cargo que ocupaba desde hace unos 20 años.

“Esta persona no era médico, administraba medicamentos, lo que ya de por sí es una práctica ilegal, más allá de que encima se aprovechaba de la vulnerabilidad de una persona en cierra, de sus propias necesidades”, expresó la encargada de litigios de la CPM, quien recientemente llevó a juicio a personal policial de la comisaría de la mujer de La Matanza por delitos sexuales contra mujeres.

“Creemos que tiene que haber condenas ejemplares para hechos así, que no pueden tolerarse bajo ninguna circunstancia”, expresó Jarque y agregó: “No hay que perder de vista cuál es el objetivo del encierro”.

Una de las víctimas en la causa estaba a punto de recuperar la libertad, mientras que el otro de los presos todavía tiene más años para purgar de pena por un delito gravísimo. “Entendemos que por lo que han padecido tienen que recibir un tratamiento diferente en cuanto a su condición de detenidos y ver en lo inmediato cómo pueden mejorarse sus condiciones, si puede haber alguna forma alternativa que no sea estar en el penal”, planteó Jarque.

La representante de la CPM adelantó que hay pericias que se deben haber, como las psicológicas, para evaluar el daño psíquico que pudieron sufrir.

Finalmente, Jarque planteó, como problema de fondo, que la salud penitenciaria no debería ser monitoreada y administrada por el propio Servicio Penitenciario. “Tiene que ser otra área del Estado que pueda velar por la salud en las cárceles, como puede ser el Ministerio de Salud, esto generaría mayor control sobre estas cuestiones”.

El caso

El jefe de Sanidad de la cárcel de Batán acusado de entregar medicamentos a presos a cambio de favores sexuales se encuentra detenido en una comisaría de Balcarce y ya se ha negado a declarar en la causa que lo tiene como imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

El radiólogo fue denunciado por dos  internos de haberles provisto su medicación bajo la condición de tener relaciones sexuales, a quienes les habría suministrado drogas o pastillas a cambio de favores sexuales, con un claro consentimiento viciado ante la vulnerabilidad de la víctima por la situación de poder al ser jefe de sanidad sumado a la dependencia de pastillas que generaba.

Los hechos atribuidos al radiólogo Salas fueron denunciados inicialmente por la Comisión Provincial de la Memoria, aunque también tomó conocimiento el juez de ejecución, Ricardo Perdichizzi durante una audiencia, lo que llevó a que hiciera una presentación en la Fiscalía N°1.

El radiólogo fue detenido el jueves pasado, interceptado en Falucho y Santiago del Estero, mientras que otra comisión de la DDI junto con personal de la fiscalía requisaron su gabinete en la cárcel. Allí se logró el secuestro de evidencia que permite probar los hechos (preservativos usados en el sector de ex sala de rayos a las que tenía acceso) mucho gel intimo en diferentes sectores (su oficina por ejemplo) y documentación que ahora la fiscal debe analizar.