El juicio por jurados por el abuso sexual en el camping de Miramar suma un nuevo capítulo y a horas de que empezara el debate en el Teatro Auditorium, las defensas de los imputados denunciaron al fiscal Guillermo Nicora por “extorsión” y solicitaron que fuera recusado de la causa, con la lógica demora del inicio del juicio.

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, Fabián Riquert, rechazó finalmente el planteo de las defensas y dispuso que un veedor del Colegio de Abogados presencie cada una de las audiencias para asegurar el libre ejercicio de las defensas, con el límite impuesto por la Justicia de no poder hablar ni realizar preguntas que tiendan a ahondar en la vida privada de la víctima.

Esta situación generó demoras en el inicio de esta primera jornada, en la que las partes deberán seleccionar a los doce jurados y seis suplentes, quienes serán los encargados de determinar si Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba son culpables o inocentes del abuso sexual de una nena de 14 años durante los festejos de Año Nuevo de 2019 en el camping El Durazno de Miramar.

Se espera que en el transcurso de la mañana la selección de jurados se pueda finalizar para que este mismo martes pueda iniciar el debate, que tendrá cuatro audiencias -en ninguna podrá ingresar la prensa por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3- y que finalizará con la sentencia el viernes 17 de septiembre.

Advertencia tomada por amenaza

El fiscal Guillermo Nicora había presentado un documento al juez Riquert en el que manifestaba su “preocupación” en cuanto a si los abogados defensores respetarían lo acordado en una audiencia previa, en no debatir nada a lo referente a la vida privada de la víctima.

“Hemos comprobado la preocupación de alguna de las defensas por asegurarse la disponibilidad de documentos cuya única finalidad es ventilar episodios de la vida privada de la menor. Esto nos debe llevar a la presunción de que las defensas no han abandonado la idea de desacreditar a la menor y a sus padres por sus historias vitales, como forma de exacerbar los prejuicios y estereotipos, que inevitablemente entrarán al recinto de deliberación del jurado por más minucioso y afortunado sea el trabajo de las partes acusadoras”, expresó el fiscal en el escrito y agregó: “No compete a los fiscales opinar sobre las estrategias de la defensa, pero sí tenemos el deber de proteger no solo los derechos de la víctima y su familia, sino el interés de la sociedad de que este juicio se desarrolle en forma regular y no termine anulado”.

De esta manera, el fiscal Nicora solicitó al juez Riquert que ordenara que se “omita toda pregunta, alegato o comentario que pueda llevar al jurado al conocimiento de hechos de la vida privada de la víctima más allá de lo sucedido” em el caso y, además “instruir a quienes asistan a los letrados durante el juicio, a las partes que defienden, patrocinan o representan, y a cada una de las personas que citen a declarar al juicio, para que omitan toda referencia a tales hechos”.

Para el fiscal Nicora, esta orden directa le facilitaría al Ministerio Público -a quien él representa- la persecución penal de quien resulte responsable por el delito de “desobediencia”. “Es una medida que consideramos imprescindible teniendo en cuenta la limitada entidad que un eventual proceso disciplinario pudiera tener para inhibir conductas de este tipo, dado la obsolescencia y vaguedad que afectan a las normas de ética profesional de la abogacía”, remarcó el fiscal.

Para los abogados defensores -Marcelo Giménez, Martín Bernat y Noelia Agüero- esa advertencia de que puedan ser imputados es una “amenaza” y por tal motivo fue que solicitaron la recusación del fiscal Nicora.

“El Agente Fiscal, más allá de estar realizando presunciones imaginarias sobre la estrategia de defensa de los
letrados que intervenimos en la presente causa en nuestro digno ministerio, ha incurrido en advertir que utilizará el organismo estatal de persecución penal que él mismo representa, es decir su propia fuerza persecutoria, contra sus propios colegas por el solo hecho de ejercer nuestra actividad laboral, con el claro fin de amedrentar, limitar y restringir indebidamente la defensa de los encausados”, expresó en una presentación al juez Riquert el abogado defensor Bernat.