El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata presentó ayer una acción de amparo contra la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de solicitar que se autorice tanto a la institución como a los profesionales del área a retomar sus tareas durante la pandemia de coronavirus, considerando esencial a su actividad.

La presentación fue ingresada en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 y advierte que tanto el Municipio como la Provincia “omitieron la incorporación a las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio al servicio que prestamos las y los abogados, así como la atención del Colegio profesional del distrito de General Pueyrredon”.

Los abogados vienen advirtiendo que su actividad debió haber sido considerada esencial desde el inicio de la cuarentena. En el amparo plantearon que haber omitido al sector implica un acto “arbitrario, discriminatorio y por lo tanto ilegal” que “viola el derecho a trabajar y el derecho a la igualdad y no discriminación”, contenidos en la Constitución Nacional.

Además, “afecta gravemente el derecho a una tulela judicial efectiva mediante la restricción de acceso a la justicia a los habitantes del distrito o de quienes sin serlo deban acceder a los órganos oficiales del Departamento Judicial de Mar del Plata para la defensa de sus derechos”, plantearon.

Constan en esta presentación las cartas enviadas al intendente Guillermo Montenegro en las que se detallan uno a uno los puntos que constituyen al protocolo elaborado para permitir el retorno de la actividad en condiciones seguras y con las medidas preventivas del caso en los estudios y dependencias judiciales.

En este sentido, a través de la acción de amparo, el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, solicitó que se dicte una medida cautelar que implique el retorno de la actividad de los profesionales del sector para resguardar el trabajo, frente a las consecuencias que la suspensión de tareas genera tanto en el funcionamiento del Poder Judicial como en lo que hace a la economía familiar de cada profesional.