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La Ciudad 23 de septiembre de 2024

Abad: “El veto es una medida injustificada en términos fiscales e insensible en lo social”

En una entrevista, el senador nacional y presidente de la UCR bonaerense cuestionó la decisión del presidente Milei de vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria y defendió la Ley de Financiamiento Universitario. Además, habló de la inseguridad y la urgencia de reformar el sistema electoral, entre otros temas.

El senador nacional y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, expuso en una entrevista su visión sobre algunos de los principales temas de coyuntura en la política argentina. Desde el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos como medida contra la inseguridad, hasta la crítica situación del financiamiento universitario y la necesidad de una boleta única para modernizar el sistema electoral, el legislador marplatense argumenta que estas cuestiones son esenciales para construir un futuro más seguro y justo para todos los ciudadanos.

-¿Por qué es importante el Registro Nacional de Datos Genéticos creado en el 2013, en esa ocasión sólo para agresores sexuales y ahora será para todos los delitos?

-En el Senado, avanzamos en un proyecto de ley que vincula demandas ciudadanas: La lucha contra el crimen y la inseguridad. Ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos permite resolver delitos. Es fundamental para mejorar la investigación criminal en el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva.

Sin duda la inseguridad es uno de los grandes problemas que la sociedad nos está pidiendo a gritos que resolvamos y este proyecto va en este sentido, así que quiero expresar mi apoyo. Es importante destacar que este proyecto no solo es muy útil en la resolución de delitos, también va a ser de gran ayuda para poder encontrar a las personas desaparecidas o extraviadas. Este tipo de registros están probados en el mundo y destacó países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay . En Mendoza, gracias a este registro creado en 2016 se resolvieron más de 4000 causas y La Pampa también cuenta con esta herramienta. El proyecto logró dos tercios en la Cámara de Diputados, un consenso poco común.

-¿Qué opinión le merece la aprobación del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria?

-Estamos hablando de una ley que fue aprobada por una mayoría abrumadora de ambas cámaras, a partir de un proyecto que elaboró la Unión Cívica Radical, que garantiza dos aspectos sustanciales para jubilados y pensionados. Recupera la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses y enlaza el pago de los haberes a un índice claro e inobjetable como el IPC. Fue la propuesta más racional, responsable y justa de todas las que se presentaron en el Parlamento.

No está comprometido el superávit fiscal; simplemente hace falta voluntad política para reasignar las partidas necesarias. Por ello, creo que el veto es una medida injustificada en términos fiscales e insensible en lo social. Argentina necesita ordenar el funcionamiento del Estado y de la economía, pero no a costa de los que menos tienen y más sufren las consecuencias del ajuste.

Comparto datos escalofriantes, que dan cuenta de la realidad que atraviesan millones de adultos mayores. En el último año, el número de jubilados bajo la línea de pobreza se duplicó: de 17,9% a 35,7%. Y los indigentes, es decir que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, aumentó más de tres veces, de 1,8% a 6,6%. Acá, como en cualquier país desarrollado y democrático del mundo, debería primar un criterio de equidad y de protección a los sectores más vulnerables.

-¿En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, cuál es el camino a seguir?

-Es importante la ley de financiamiento universitario. Las movilizaciones del mes de abril fueron contundentes y exhibieron que la demanda por un presupuesto acorde y de salarios dignos para el sistema universitario no es solo un reclamo sectorial, no involucra solo a docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes de las universidades sino que es una demanda de la sociedad en su conjunto. Pienso que la sociedad argentina, de manera mayoritaria, asume que no hay posibilidad alguna de desarrollo para un país sin una inversión fuerte y sostenida en la educación. Comparto un dato que es contundente: más del 85 % de los salarios docentes y más del 60% de los salarios de los no docentes están por debajo de la línea de la pobreza. La Ley de Financiamiento Universitario permite anular esta “condena al fracaso” que pesa sobre la sociedad y garantiza un funcionamiento adecuado de las casas de estudio. Y este financiamiento – quiero ser enfático en este punto – se puede hacer sin alterar el equilibrio fiscal. Con el reordenamiento de las partidas, con prioridades claras, se puede asegurar un financiamiento adecuado a la educación universitaria.

A su vez, es clave que se trabaje en el mejoramiento de las condiciones de ingreso al sistema universitario, prestigiar el ejercicio de la docencia, racionalizar y ordenar el funcionamiento de las universidades, elevar las tasa de egreso y multiplicar la vinculación de la oferta académica con el mundo del trabajo y con la situación social. Necesitamos ecosistemas de educación superior entrelazados con el mundo productivo, con la sociedad civil y con las políticas públicas para poder impulsar el crecimiento y la modernización, tal como lo hicieron los países desarrollados y democráticos en todo el mundo.

-¿Cuál es su posición con respecto a la boleta única de papel?

-Me gustaría contextualizar lo que se pone de relieve cuando hablamos de los sistemas de votación. Todos sabemos que en un sistema democrático es clave relacionar del “qué se elige con el “cómo se elige”. Lo grafico: si tenemos libertad de elegir a nuestros representantes pero lo hacemos en un contexto de amenazas, presiones, persecuciones y distorsiones, esa libertad de elección está limitada. Por suerte, no estamos en esa situación.

Pero sí es cierto que el actual sistema electoral quedó desfasado, que en la Provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, nos condena a una experiencia de votación ridícula con aulas atiborradas de boletas que solo confunden al electorado, que demandan un costo importante al Estado y que permiten que se mantengan manipulaciones como el denominado voto cadena.

Con la boleta única de papel, podemos avanzar en un sistema de elección que mejora, ordena y racionaliza las elecciones de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque iguala la participación de todas las fuerzas políticas y eso democratiza el voto, porque significa un ahorro significativo para las arcas públicas, porque contribuye – con la reducción de impresiones – al cuidado ambiental y porque evita las maniobras de manipulación de los votantes. Dos datos que respaldan estas ventajas comparativas: el 80 % de los países democráticos, ya utilizan el sistema de boleta única y en las tres provincias donde funciona de manera plena ( Mendoza, Santa Fe y Córdoba), cuenta con un respaldo contundente de la ciudadanía.

El senador marplatense Maximiliano Abad.

El senador marplatense Maximiliano Abad.

-Un aspecto controversial: los gastos de la SIDE: ¿cuál es su opinión?

-El tema del DNU presidencial que aumenta, de manera discrecional y desproporcionada, los gastos en el área de inteligencia, y que por primera vez es rechazado un DNU por ambas Cámaras, es una demostración más de la falta de apego al diálogo que predomina por estos días.

En vez de trabajar en un acuerdo estratégico para la seguridad nacional, el gobierno elige el mecanismo de la política de facto, de enviar un decreto que implica el aumento de los gastos reservados y eludir la necesidad de establecer acuerdos básicos en materia de seguridad.

El Gobierno demoró nueve meses en conformar la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, ámbito propicio para explicar lo que pretende hacer en la materia, nombro a un primer director sin mandar el pliego al Congreso como exigía la ley, haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Nombra un segundo director y tampoco envía su pliego al Congreso y, posteriormente, con un DNU modifica toda la estructura de inteligencia del país sin dar ninguna explicación al Congreso.

No es el control parlamentario ni la limitación de los gastos reservados causas de vulnerabilidades. Es el propio gobierno con sus acciones el que se convierte en una amenaza a sí mismo, y al resto de los argentinos.

-¿Cómo evalúa la política exterior del Gobierno?

-Errática e impredecible. Al día de hoy no se ven los frutos de los numerosos viajes del Presidente, pero sí hemos sufrido las consecuencias de las declaraciones fuera de lugar, que han suscitado conflictos diplomáticos con países hermanos. El rechazo a firmar el Pacto del Futuro, que suscribieron este domingo 143 países en la ONU, es una muestra más del infantilismo ideológico del Gobierno. Miramos de afuera cómo el mundo se pone de acuerdo para luchar contra el cambio climático, garantizar la seguridad, erradicar la pobreza, proteger los derechos humanos y regular la inteligencia artificial.

Para que se concreten las inversiones que necesita la Argentina no alcanza con ordenar la macroeconomía; hay que proyectar una imagen de seriedad y coherencia en el escenario mundial, comprometerse con los desafíos regionales y afianzar vínculos estratégicos con los países centrales.