Una externación temprana tras una operación cerebral, una deficiente internación domiciliaria, el incumplimiento de los deberes profesionales, el conocimiento del grave estado de salud del paciente, las 12 horas de agonía previas a su muerte y la convicción de que ese final pudo evitarse, son los seis puntos “clave” que llevaron a imputar a los siete acusados de la muerte de Diego Maradona, de la cual se cumplen hoy seis meses.

La muerte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos a días de cumplir 60 años ocurrió el mediodía del 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, adonde se alojó tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en el cráneo.

Pasaron casi seis meses entre ese día y la imputación formulada por el equipo de fiscales de San Isidro conformado para investigar lo ocurrido, que derivó en el llamado a indagatoria de siete profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano y la psiquiatra que asistían a Maradona, por el delitos de “homicidio simple con dolo eventual”, por el que podrían permanecer presos hasta 25 años.

Si bien la autopsia determinó que el “10” murió a raíz de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”, fueron sumándose a la causa elementos que llevaron a los pesquisas a pensar que ese desenlace pudo haberse evitado si el equipo médico hubiese actuado de manera eficiente.

A esa convicción llegó el equipo conducido por el fiscal General de San Isidro, John Broyad, en integrado por los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, tras analizar los resultados de la Junta Médica conformada a tal fin.

Uno de los seis de los puntos “clave” en la pesquisa rondó en torno al externación temprana que recibió Maradona -firmada por el neurocirujano Leopoldo Luque (39) y la psiquiatra Agustina Cosachov (35), ahora imputados- de la Clínica Olivos el 11 de noviembre último, tras ser operado de un hematoma sudural el 4 de ese mismo mes.

A ello le siguió la internación domiciliaria en la casa del barrio San Andrés, la que los fiscales consideraron “deficitaria”.

Para los pesquisas, Maradona tuvo una “atención deficitaria en una internación domiciliaria que no era la apropiada, modalidad ésta elegida y avalada por el equipo médico tratante; ello, para evitar la internación del paciente en un Centro de Salud idóneo y/o bajo el cuidado de su familia”.

Así lo hicieron constar días atrás al citar a indagatoria y pedir que se les prohiba salir del país a los siete acusados, en un escrito en el que remarcaron “particularmente” los roles de Luque y Cosachov, quienes asumieron ante los familiares de Maradona ser parte del “equipo médico tratante y responsables de la salud”.

Otro punto que los investigadores resaltaron fue que los integrantes de ese equipo médico, en el que además de los dos antes mencionados estaban el psicólogo Carlos “Charly” Díaz (29), el enfermero Ricardo Almirón (37), de la enfermera Dahiana Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y de la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52), infringieron los deberes” que tenían a su cargo”.

“Habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era perfectamente conocido al menos por todos los profesionales de la salud antes nombrados, ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función agravando el cuadro”, indicaron los acusadores.

En este marco, enfatizaron que Maradona permaneció “en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, toda vez que se verificó un período de agonía de al menos 12 horas que, entre otras inconductas llevadas a cabo por las personas encargadas de su salud, provocaron el deceso”.

Todo esto, llevó a los fiscales a la convicción de que se trató de un “fatal desenlace” que “hubiese podido evitarse”, más teniendo en cuenta que el día del hecho, donde se produjo la muerte, no se contaba con “los elementos necesarios que la internación requería”, lo que imposibilitó “dar una respuesta mínima e inmediata” por parte de los médicos que finalmente concurrieron al lugar.

Tras las conclusiones de la Junta Médica integrada por 22 peritos y a partir de las imputaciones formuladas por la fiscalía, desde el 31 de mayo próximo comenzarán a desfilar por los tribunales de San Isidro los siete acusados, quienes ahora deberán responder por cargos muchos mas graves de los que inicialmente se les adjudicaron.