La reciente decisión de la gestión del intendente Carlos Arroyo de “auditar” las obras viales realizadas por el municipio entre los años 2011 y 2015 pondrá bajo la lupa la tarea realizada por varias empresas vinculadas con la obra pública local y de muchas otras regiones del país.

Durante el período que, según se estableció en un decreto firmado por el jefe comunal, será sujeto a revisión, la inversión estatal para mantener y construir el asfalto y los pavimentos de Mar del Plata y Batán fue fluctuante.

Las obras más significativas pertenecen al período 2011-2013, cuando el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) tenía capacidad para actuar en varios frentes de manera simultánea, construyendo pavimentos y cordón cuneta y podía además ocuparse de reconstruir calles y avenidas, como fueron los casos de Libertad y Colón.

De 2013 en adelante, con el surgimiento de restricciones en el presupuesto local el volumen de trabajos disminuyó.

En parte, el menor flujo de fondos provenientes de la Provincia y de la Nación fue decisivo para que a partir de ese año el organismo viera reducida su actividad.

El último plan de obras perteneciente a este período fue anunciado en marzo de 2015 y preveía intervenciones en 40 barrios, con una inversión de 230 millones de pesos.
De este proyecto, que sería financiado por el gobierno nacional, sólo llegó a ponerse en marcha una mínima parte.

Lo cierto es que todas las intervenciones que ahora el intendente Arroyo ordenó auditar no tuvieron como autores a desconocidos.

En su mayoría fueron realizadas por las principales e históricas contratistas que el municipio siempre tuvo en este rubro: Coarco, Alpavial, Pasalto y Vialsa.

Salvo contadas excepciones, la mayor parte de los trabajos viales realizados en Mar del Plata entre 2011 y 2015 -así como durante años previos- fueron ejecutados por estas cuatro empresas, cuando no por el Ente Municipal de Vialidad, haciendo uso de sus propios equipos.

Hubo además casos en los que obras menores, como la construcción de cordón cuneta, les fueron encomendadas a cooperativas.

Según anunció hoy el Ejecutivo, la auditoría se realizará ante la sospecha de que algunas de estas obras no fueron ejecutadas de acuerdo a lo dispuesto en los pliegos.

Por eso el municipio invertirá en la contratación de especialistas para que “tomen muestras” y evalúen si Coarco, Alpavial, Plantel o Vialsa, cumplieron o no con las especificaciones previstas en los contratos.

Al hacer el anuncio a través de una gacetilla,  el funcionario al que se le encomendó el trabajo, Iván Geminiani, aseguró que los resultados de su tarea serán dados a conocer dentro de 60 días, es decir, a fines de septiembre.

Ninguno de los dos funcionarios consultados fue demasiado explícito sobre las hipótesis que el actual gobierno maneja al respecto.

Sin embargo Geminiani le atribuyó la autoría de la idea al jefe comunal.

Según dijo, Arroyo “con buen tino ha observado que hay destrucción y deterioro de materiales que han sido usados en licitaciones contratadas con anterioridad a nuestra gestión”.

El funcionario explicó que utilizará los próximos 60 días que le resten para, primero, leer el contenido de los pliegos de licitación. Después de esto, comentó, ordenará que algún “organismo independiente” se ocupe de tomar muestras para llegar a alguna conclusión.