La dirigente de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide sostuvo que no se siente “obligada a perdonar” a ninguno “de los que tuvieron responsabilidades en los enfrentamientos de los años ’70”.

A 42 años del último golpe militar, la ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) opinó que la dictadura “nos dejó un resultado que (el ex presidente) Raúl Alfonsín quiso que con memoria y justicia se terminara saldando, pero no se logró”.

“Hoy por hoy ni del lado de los militares hubo un pedido de disculpas, ni un gesto de aportar datos que permitieran acercarse más a al verdad, saber qué fue de los desaparecidos, qué es de aquellos niños hoy adultos que cada tanto siguen apareciendo. Ni del lado de los sobrevivientes de las organizaciones armadas ha habido tampoco una crítica por lo que se hizo. Sí hubo gente que ha hecho críticas, muchos, tanto de izquierda como desde montoneros, pero no oficialmente”, señaló durante una entrevista con Diario Popular.

En este sentido, Fernández Meijide consideró que “hablar de reconciliación es casi inútil porque no hay ninguna vocación” y todavía están “en marcha juicios que se estiran al infinito”.

“La sociedad está cada vez más lejos en su mayoría de estos asuntos. Está más preocupada por los problemas que son urgentes y cotidianos. Preocupa a quienes estamos involucrados. En lo personalísimo, a mí nunca nadie me pidió perdón, por lo tanto no me siento obligada a perdonar”, explicó.

Por otra parte, la ex miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) evitó opinar sobre la liberación de represores al señalar que “son todos seres humanos”.

Puntualmente, la dirigente se refirió al caso de Alfredo Astiz, quien podría conseguir la prisión domiciliaria: “Me da lo mismo que el beneficio sea para él o para una embarazada o una madre de un menor de cinco años”, explicó.

Fernández Meijide resaltó que “la ley es bastante vaga en ese sentido” porque los jueces pueden “reunidas ciertas condiciones disponer la prisión domiciliaria de tal o cual condenado” y que cada magistrado “tiene entonces la posibilidad de decidir” al respecto.

“El delito de lesa humanidad tiene la condición de imprescriptible, fue cometido desde el Estado, esto no impide que una persona que está en condiciones de beneficiarse de la prisión domiciliaria lo sea. Ese es mi criterio personal”, cerró.