Por  Juan Manuel Fernández Daguerre (*)
Hacía falta un “sacudón” importante -casi un terremoto- para terminar con el lógico letargo que la edad y el retiro de la actividad provocan, cuando se toma conciencia que el tiempo de uno ha pasado y que hay que dejar la posta a una generación que debe hacerse cargo y que en el caso del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con funcionarios y empleados formados en un nivel de excelencia, con un alto compromiso con su función y con los justiciables.

El discurso del Presidente de la Nación en la apertura de sesiones en la Legislatura y luego el contenido -y principalmente el tono- de la intervención de la Vicepresidente ante el Tribunal que la juzga, constituyeron un verdadero “sismo” para las instituciones de la república en general y para el sistema judicial en particular. Claramente también para todos los que habiendo tenido una posición comprometida en la sociedad, seguimos con atención los temas que afectan a nuestro país.

En uno de los cines de mi Balcarce natal, cuando cursaba la escuela primaria, me topé con una película de vaqueros del lejano oeste norteamericano, que se conoció como “A LA HORA SEÑALADA” (Gary Cooper y Grace Kelly, – Dir. Fred Zinnemann – 1952) en la que un sheriff recibe la noticia de que en el tren del mediodía un convicto que había encarcelado tiempo atrás volvía al pueblo y su banda llegaría para recibir a su jefe, consumar su venganza –anunciada durante el juicio- y luego, desaparecido el representante de la ley, hacer lo que les viniera en gana.

La trama describía sus esfuerzos para que el pueblo asumiera la gravedad de la situación y se comprometiera a defender a esa comunidad de la violenta banda, pero uno a uno lo van dejando solo, intentando algunos (hasta su mujer) convencerlo de los riesgos de enfrentarlos y que la mejor alternativa era que dejara el pueblo antes de la llegada del tren.

A las 12 de ese domingo se colocó su chapa y salió solo con su revólver al centro de la calle principal a enfrentarse con ellos.

No sé si fue por el muy logrado suspenso de la película o por el insoslayable temor del personaje de Gary Cooper por tener que enfrentar solo el desigual reto, palpable en cada gesto o mirada –aunque no evitó que saliera a defender la vigencia de la ley-, pero su heroica decisión me marcó para siempre y ayudó a que se formara en mí una convicción que me ha acompañado toda la vida, respecto a que quien asume una responsabilidad o es convocado para un cargo relevante en la sociedad, tiene la obligación de hacer lo que se espera de él, lo que juró al asumir.

Cuando desde la cima del Poder Ejecutivo, en un accionar sin precedentes, se ataca a otro de los poderes del Estado con la virulencia que contienen ambos mensajes, con generalizaciones que no pueden tolerarse por los cargos que ambos ocupan, y menos aún cuando ejemplifican con un miembro de la Corte Suprema, o jueces y fiscales en actividad, la cuestión adquiere singular gravedad e importancia, porque es precisamente la justicia quien por mandato constitucional es la custodia de la ley -que dictan los poderes que los acusadores detentan- y de la propia Constitución Nacional.

Qué es lo que se espera de un juez?

Una aproximación simple nos diría que debe ser una persona que desde la imparcialidad propia del cargo (si hay alguna causa que afecte esa condición, debe inexorablemente excusarse de intervenir) decida una cuestión sometida a su jurisdicción por las partes, conforme las pretensiones y probanzas de la causa y aplicando las normas legales vigentes.

Esa decisión no es infalible, por lo que existen instancias de revisión de su sentencia, que debe plasmar (bajo sanción de nulidad) los fundamentos que lo llevaron a dictarla. Esa instancia superior analiza el razonamiento del juez para arribar a su fallo y si los mismos son congruentes con el resultado, pudiendo revocarla si no es así y no es raro que ante groseros errores del inferior, requiera que organismos de control analicen la conducta del magistrado y si se prueba el mal desempeño o la comisión de un ilícito en el ejercicio del cargo, se inicie un procedimiento para su destitución.

Antes que alguien se pregunte de qué país es la justicia de la que estoy hablando, debo aclarar que es una descripción neutra y que es la forma en que deben actuar los jueces en una república, pero también afirmo que en mis más de veinticinco años en la justicia de la Provincia de Buenos Aires, es también la forma en que la inmensa mayoría de los jueces honran la gran responsabilidad del cargo para el que se capacitaron y juraron desempeñar cabalmente.

Claro que hay otra justicia que es la que ocupa las primeras planas de los medios con indisimulados vínculos con el poder, que por acción u omisión parecería no encajar en estos parámetros, y la sociedad no diferencia unos de otros.

Eso es lo que me motivó a escribir esta carta, que se vincula a la pregunta anterior en cuanto a lo que puede esperarse cuando la situación a decidir tiene una inusual trascendencia o afecta los intereses del poder –político, económico o inclusive mediático- que si bien implican una presión adicional a la ya de por sí difícil tarea de tomar decisiones trascendentes –y muchas veces contramayoritarias- es parte de la función judicial y principal justificación de la protección constitucional de su independencia, que el juez no solo la soporte, sino que resuelva la cuestión aplicando la ley conforme su convicción basada en la prueba legalmente recogida en el proceso. Si no es capaz de hacerlo por falta de valor o por cualquier otro motivo no vinculado al caso, no sirve para el cargo y si cede a cualquier interés extraño, debería ser destituido solo por eso.

Si quienes han iniciado esta brutal ofensiva contra uno de los poderes del estado -no por casualidad el encargado de velar por la vigencia de la Constitución Nacional de la que es el último intérprete- tienen pruebas del mal desempeño de alguno de los magistrados que mencionaron, en vez de describir la cuestión de forma general como lo hicieron, presionando con modificar la composición de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura o el “control cruzado” del parlamento -que algún obsecuente transformó en un pedido de formación de una comisión bicameral –deben hacer lo que es obligación legal de todo funcionario público, hacer la denuncia y confiar en el funcionamiento del Estado de Derecho.

Cualquier otro camino pone en riesgo todo el orden institucional de la nación, y nuevamente habrá que volver a la pregunta retórica que subyace en este tema: Qué harán nuestros jueces A LA HORA SEÑALADA?

Si como espero, son fieles a su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes -que emanan de los otros dos poderes del estado-, no habrá que dejarlos solos como al Sheriff de la película que me marcó.
(*) ex camarista