La Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata avanza en la investigación en relación a la causa de las cocheras de Playa Grande. No se descarta la posibilidad de que sea llamado a prestar declaración al ex intendente Carlos Arroyo. Los denunciantes consideran que habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. La denuncia contra el ex intendente fue presentada por el concesionario de Playa Grande, Sergio Goransky, luego de que Arroyo firmara un acta transaccional en la que autorizaba a Playa Azul SA -concesionaria del estacionamiento-, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche. Incluso firmó un decreto -el último día de su gestión- y a la noche, el cual fue derogado por el intendente Guillermo Montenegro ni bien asumió.

………………..

La causa es escandalosa y contiene “bochornosos incumplimientos”. La prueba documental, afirman, “es determinante” y configuraría en forma explícita la comisión de al menos seis delitos de corrupción (el pedido de ampliación apunta a investigar un séptimo delito) que involucran a Arroyo y sus entonces funcionarios. Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno y Gustavo Gil de Muro, ex de Legal y Técnica, fueron los últimos en declarar antes de que el proceso judicial que tiene en la mira a Arroyo por el extraño proceso para habilitar un boliche en Playa Grande quedara frenado por la pandemia de Covid-19.

Recientemente se solicitó ampliar la causa, retomar la ronda de audiencias pendientes y citar a declarar al ex intendente, quien quedó todavía más incriminado tras las declaraciones de dos de sus ex funcionarios más leales. Según pudo saberse, acaban de fijarse audiencias para recibirle declaración testimonial a Mónica Rábano y Gabriela Magnoler (ex funcionarias del Emtur) para el 7 de septiembre a las 9 y 11.30 respectivamente. En tanto, tres días después prestará declaración testimonial ampliatoria el concesionario Sergio Goransky. Asimismo, las autoridades judiciales reiteraron al Centro de Monitoreo del municipio que deberá mantener a resguardo las videofilmaciones oportunamente solicitadas. Concretamente, se trata de las grabaciones sobre el movimiento en la privada del intendente y en la cochera del palacio municipal durante esa noche.

En una reciente presentación judicial, a la cual tuvo acceso LA CAPITAL, se solicitó concretar las audiencias que quedaron suspendidas (Magnoler y Rábano) -respetando las medidas para el resguardo de la salud o bien haciéndolo virtualmente-, conocer la declaración de Arroyo y Distéfano y profundizar la pesquisa en orden al delito de negociaciones incompatible. “Se recabó la información suficiente que nos permite tener por acreditados los hechos delictivos que fueron objeto de la denuncia”, indicó el abogado César Sivo.

……………………

Los testimonios de Vicente y Gil de Muro “fueron clave” para “profundizar aquello que hace a los delitos que se imputan”. Dos de los hombres más leales al ex jefe comunal, terminaron incriminándolo en mayor medida. El ex secretario de Gobierno declaró que el tema del boliche en Playa Grande era “de gran interés para el intendente” y que “en muchas ocasiones encomendaba tareas relativas a las UTF a funcionarios de la secretaría privada”. Por su lado, Gil de Muro ratificó aquello y sumó que el área de Legal y Técnica había recomendado al intendente devolverle las actuaciones al Emtur antes de la firma del acta transaccional, pero estas quedaron en la Secretaría Privada. El propio Vicente reconoció que en todos sus años en cargos públicos, únicamente en dos oportunidades se hicieron acuerdos transaccionales: ambos en el gobierno de Arroyo y con una mínima distancia temporal. Ambos mencionaron un nombre clave: Ricardo Gutiérrez, el funcionario que se reunía en la Secretaría Privada con los representantes de Playa Azul S.A, y por quien se enteraron del acuerdo transaccional. César Sivo pidió sumar a este actor a la investigación.

Hasta ahora, la investigación de lo ocurrido en torno a la cochera de Playa Grande involucra a Arroyo y otros ex funcionarios en la comisión de varios delitos de corrupción. En primer lugar, se sostiene que se abocó arbitrariamente al conocimiento sobre una cuestión sobre la cual el intendente era incompetente, en violación del artículo 94 de la Ordenanza General 267/80 y los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Segundo, se modificó el objeto de un contrato que surge de una licitación pública, arrogándose el intendente facultades del Concejo Deliberante, violando los artículos 52 y 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Tercero, se violó el procedimiento administrativo en cuanto a la sustanciación de las actuaciones, que carecieron de dictamen técnico, contable y legal al respecto, y del refrendo obligatorio de los secretarios/auxiliares de las áreas competentes, en violación a los artículos 57 de la Ordenanza 267/80 y 181 de la Ley provincial 6769/58.

…………………

En cuarto lugar, se pactaron obras a modo de compensación adicional, que en relación a los montos y a la modalidad referida, configuraría una contratación irregular en violación a las formalidades requeridas para la ejecución de obras públicas sobre bienes del patrimonio municipal dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Quinto, la prorrogación por el término de un año la vigencia de la Ordenanza N° 24.039 configuraría el delito de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal). Sexto, horas antes del cese de sus funciones, Arroyo y Distéfano suscribieron el decreto municipal Nº 3256 a través del cual se aprobó el Legajo Técnico que habilitaba el comienzo de ejecución de obras del boliche en la UTF Estacionamiento de Playa Grande -luego anulado por Guillermo Montenegro-, lo que los haría incurrir también en abuso de autoridad (artículo 248 del código penal). No obstante, en el último tiempo se sumaron pruebas que permitirían ampliar la causa a investigar la comisión de un séptimo delito, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

……………………

Mientras tanto, pidieron elevar a juicio oral y publico a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país. El fiscal Carlos Stornelli firmó el requerimiento para finalizar la instrucción del caso. El fiscal acusó a 26 personas de participar en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz, quien fue acusado de recibir las coimas que pagaban los empresarios de la obra pública.

De la lectura de la causa, además, surgen numerosas actividades supuestamente registradas en Mar del Plata, con la participación de escribanos, martilleros y abogados. Dos marplatenses, precisamente Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy -ambos declararon como arrepentidos- fueron actores principales en muchas de las maniobras. Sergio Todisco, en representación de la empresa Saldaria SA, cuyo titular oculto era Daniel Muñoz -señala la acusación- adquirieron oportunamente en la compra por 5.000.000 de dólares, compuestos por tres millones en efectivo más propiedades en compensación, y posterior recompra por 1,5 millón de dólares más 500 mil de comisión, de un terreno de una manzana en Mar del Plata. En esa transacción, Muñoz y su esposa Pochetti, se habrían desprendido además de unas cabañas turísticas ubicadas en la localidad de Lago Puelo, Chubut, y de unos departamentos que poseían en Bariloche.

…………….

El 1 de marzo de 2011, en una escribanía marplatense, se concretó la venta de esa manzana -Juan B. Justo, Valentini, Bestoso y Solís- y la compra del paquete accionario de la firma Saldaria SA. Otra parte de la operación se instrumentó en el contrato del 4 de agosto de 2011, que tuvo por objeto la compraventa de las acciones de Saldaria SA, cuyo único activo era la manzana citada, por parte de Rubén Francisco Silva, tío de Elizabeth Ortiz Municoy, quien intervino en nombre de North Saldaria LLC del Estado de Florida, Estados Unidos. El objeto de la operación era la totalidad del paquete accionario de Saldaria SA, fijándose un precio total de 500 mil dólares. La tercera y última etapa del negocio fue fornalizada por escritura N° 294 de compraventa en Centenario, provincia de Chubut, el mismo 5 de agosto de 2011, cuando Patagon Experiencia SRL vendió a Fidias SA, representada por su apoderado, el abogado marplatense Diego Julián Vespa -que actuó por poder especial que le fuera conferido mediante escritura N°32 folio número 985 de fecha 2 de agosto de 2011 en escribanía local- los inmuebles de Lago Puelo.

Aproximadamente dos años después, frente a la imposibilidad de concretar el proyecto de construcción de un centro comercial -se consigna en el pedido del fiscal- Muñoz ordenó al marplatense Sergio Todisco que vendiera el terreno, concretándose esa operación por sólo un millón y medio de dólares (contra los cinco abonados oportunamente). Por asamblea del 18 de febrero de 2015, Fidias SA aceptó la renuncia de sus directores y designó a profesionales marplatenses en sus principales cargos. En la acusación fiscal se hace referencia a otras operaciones de compra y venta de inmuebles en Mar del Plata. Muchos de los nombres que se mencionan en la causa de los cuadernos también aparecen en otras sociedades e investigaciones colaterales del accionar de La Liga de este distrito.

………

Primero iban a ser arrepentidos pero se arrepintieron. No es un juego de palabras sino una situación en torno a algunos imputados en la causa de La Liga. Al parecer asesores legales que habían propuesto esa salida para buscar beneficios creen que no es necesario el riesgo después de pegarle una lectura de sobrevuelo al expediente. Entonces, la estructura de La Liga, bastante golpeada ya por la investigación, por ahora no se resquebrajó desde la boca de algunos de los acusados de ser parte de la Mafia de las Subastas. Ese pacto de silencio que, por conveniencia, temor o sentido común, era una de sus características, todavía está vigente.

Hasta ahora sólo dos personas -de las 35 imputadas- decidieron declarar. Una de ellas es la ex nuera de Adolfo Salminci, el hombre acusado de liderar una asociación ilícita que articuló con La Liga para comprar inmuebles. Salminci también es conocido por sus métodos violentos en el edificio Semar XI de Arenales al 2300. La mujer (que trabaja en un juzgado civil) no dijo demasiado, sólo que estaba alejada de la familia Salminci desde hacía ya algunos años.

…………………….

Aunque parezca que no está pasando nada con la causa de La Liga, subyace un murmullo en toda la ciudad que refleja la preocupación de mucha gente. Por fuera de los imputados hay preocupación, en particular de aquellas personas que integran sociedades mencionadas en la causa. “Se acercaron a la fiscalía abogados en representación de esas sociedades”, dijo una fuente. Esta semana terminan las audiencias presenciales y la próxima se realizarán algunas teleconferencias para cerrar la etapa de declaraciones. Seguramente, luego llegará el pedido de prisión preventiva para los 4 principales imputados: Luis Puga, Adolfo Salminci, Oscar Larluz y Héctor Monteros.

………………………

Lo que aseguran que es un tesoro probatorio es lo que se secuestró durante los allanamientos. Hay 60 computadoras a la espera de ser peritadas, casi 40 armas, telefonía celular y mucha documentación. En la casa de algunos de los imputados había boletos de compra y venta de más propiedades, y hasta había comprobantes de cobro de alquiler de campos. Ahora deberá establecerse si esas propiedades fueron obtenidas por medio de subastas, aunque todo se orienta hacia ese escenario.

………………

También el abogado de “La Liga”, José Luis Gallo, declaró y negó ante el fiscal todos los hechos. Gallo se transformó en el único hombre de peso dentro de la causa que hasta el momento prestó declaración ante el fiscal Alejandro Pellegrinelli. La causa de “La Liga” tiene a 35 personas acusadas de formar parte de dos asociaciones ilícitas, las cuales estaban lideradas por Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros, y la otra por Salmini. Esas organizaciones se dedicaban a dominar las subastas judiciales mediante la implementación de métodos violentos, lo que le permitió manejar un caudal de dinero actualizado, al día de hoy, cercano a los mil millones de pesos.  Lo que está “hablando” más que cualquier testigo o imputado es la documentación hallada en los allanamientos. Los instructores judiciales la califican de “impresionante” y “voluminosa”. Se mencionan operaciones con vehículos de alta gama a los que dejaban señados en las concesionarias casi por el valor total, aparecen campos y cobro de millonarios alquileres, también manzanas enteras en barrios “paquetos” de la ciudad  y hasta la propiedad de uno de los restaurantes más bien valorados en Mar del Plata.