Por Eduardo Javier Niella

El colapso de la dictadura cívico – militar precipitado por la derrota en la guerra de Malvinas obligó al gobierno dictatorial a iniciar el camino hacia la institucionalización del país.

Desde la llegada al poder del general de división Reynaldo Benito Bignone el 1° julio de 1982, la apertura democrática fue regulada por el régimen en un contexto signado por grandes tensiones generadas por los cotidianos rumores de golpes y autogolpes, las crisis internas de los militares que tenían especial interés en apartarse del gobierno lo más airosamente posible – sobre todo en lo referido a su acción represiva ilegal -, la crisis económica y las presiones de la sociedad civil y los partidos políticos hacia un gobierno estigmatizado por su carácter represivo.

Sin tener un marco preciso de sus facultades al respecto, el gobierno en retirada abordó unilateralmente el retorno del gobierno civil, para lo cual estableció un estatuto de partidos políticos, fijó un cronograma electoral y sancionó una ley electoral.

En ese contexto, los partidos prepararon su reorganización. Fue un proceso intenso y controvertido, signado por la celeridad con que se llevó a cabo. Difícil tarea.

Las fuerzas políticas, su actividad y funcionamiento habían sido suspendidos al día siguiente del golpe de estado de 1976. Tenían prohibido realizar comicios internos para elegir autoridades partidarias, razón por la cual los mandatos de los dirigentes políticos fueron prorrogados para cumplir sólo funciones administrativas.

Al comienzo, el gobierno militar rechazaba conversar con las fuerzas mayoritarias – en especial con el Partido Justicialista (PJ) – y abogaba por la renovación completa de los elencos políticos. Pero el desgaste acumulado llevó al régimen a reconocer que si pretendía que la futura salida electoral incluyera a las fuerzas armadas era necesario contar aún con el peronismo, que concentraba la mayoría de las adhesiones.

El gobierno de facto comenzó a convocar a personalidades de los partidos políticos que formaron parte de la Multipartidaria (integrada por cinco partidos: la Unión Cívica Radical UCR, el Partido Justicialista PJ, el Partido Intransigente PI, el Movimiento de Integración y Desarrollo MID y la Federación Democrática Cristiana DC), desde su creación y, dentro de ella, sus dirigentes se dividieron entre quienes proponían incluir a las fuerzas armadas en el nuevo gobierno y quienes rechazaban esa posibilidad.

Cuando el último gobierno militar emprendió la tarea de “abrir los cauces políticos para el libre juego de las instituciones” y levantó la veda política, los partidos, avanzaron en su reorganización con miras a la salida electoral.
Con este escrito queremos recordar que hace 40 años en 1982 se dio comienzo de la transición democrática, los partidos eran carentes de una vida interna permanente y orgánica, con un congelamiento político de seis años.

De esta manera, intentamos contribuir a rescatar un momento que aún no ha sido abordado exhaustivamente por la bibliografía histórica: el de la reorganización interna de los partidos nacionales, durante la transición democrática temprana, íntimamente ligado al proceso previo a la fecha que conmemoraremos el año próximo cuando se cumplan cuatro décadas de las elecciones del 30 de octubre de 1983 y de la asunción del primer gobierno democrático el 10 de diciembre de ese mismo año.

El proceso de transición fue dirigido unilateralmente por el régimen en retirada. Fue éste el que estableció el marco legal de la reorganización partidaria a través de tres documentos.

El primero fue el estatuto de los partidos políticos aprobado a fines de agosto de 1982 y modificado en febrero del año siguiente.

Establecía las condiciones de las agrupaciones para ser reconocidas como tales, estipulaba cuestiones referentes a principios y doctrinas, plazos para solicitud de reconocimiento y regulaba cuestiones de organización interna.

Además, establecía mecanismos de afiliación que preveían la renovación completa de los padrones partidarios y posibilitaba la agrupación de fuerzas políticas, dando así lugar a la presentación de los partidos minoritarios con posibilidades de éxito.

El segundo fue el cronograma electoral. Establecía el 30 de marzo como fecha de cierre de las afiliaciones para que los partidos pudieran solicitar su reconocimiento –aunque, por cierto, no impedía continuar las afiliaciones–.

A partir de ese momento se elaboraría el padrón partidario y una vez aprobado se convocaría a elecciones internas para la renovación de autoridades conforme a la carta orgánica de cada partido. El cierre de los registros electorales se produciría el 30 de mayo.

Se preveía que los partidos estuvieran reorganizados entre mayo y julio. El 10 de septiembre fue fijado como fecha de oficialización de listas de candidatos. El 30 del mismo mes debían entregarse los padrones impresos y las boletas para los comicios.

Se estableció que las elecciones generales se llevarían a cabo en un solo día, el 30 de octubre. El cronograma culminaba el 30 de enero con la entrega del gobierno a las nuevas autoridades. Esta última fecha fue acortada con posterioridad al 10 de diciembre, lo cual echó por tierra la ilusión del gobierno militar que pretendía negociar su situación.

La ley electoral fue el tercer documento que completó las reglas de traspaso del poder: estableció el sistema de representación proporcional, en su versión D’Hont.  Dado que se requería un umbral del 3% de los votos, esta modalidad favorecía la representación de los partidos menores.

Tras este breve y rápido racconto, queremos proponer una invitación a que coincidiendo por estos días con la sanción el 26/08/1982 del Decreto – Ley nº 22627 “Estatuto de los partidos políticos” y su publicación en el Boletín Oficial el 30/08/1982, retomemos el espíritu de aquellos dirigentes y militantes de las fuerzas políticas que hace 40 años hicieron posible la recuperación democrática reconstituyendo las instituciones políticas, recordando desde aquí y hasta el 30 de octubre de 2023 los acontecimientos de aquellos días de 1982 – 1983, retomando su espíritu para fortalecer las distintas fuerzas políticas inspirados en la dinámica, la participación y activismo de entonces, rindiendo así un merecido homenaje a aquellos hombres y mujeres que lo hicieron posible para que tengamos una democracia consolidada para siempre en la Argentina.