LA PLATA (Corresponsalía).- El camino para evitar que la policía bonaerense eche mano a las pruebas de las investigaciones judiciales más delicadas parece infinito. El Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) debería estar funcionando desde mediados de 2013 pero la puesta en marcha está cada vez más empantanada.
La jueza Fabiana Maricel Coradi, dio lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de aspirantes que concursaron para dirigir la Policía Judicial donde denunciaron que el sistema de calificaciones estaba digitado para beneficiar a determinadas personas con apoyo político.
La magistrada, subrogante del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de La Plata, solicitó a la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falbo, que aclare algunos aspectos relacionados con el concurso, como el sistema de puntuación y la valoración de los diferentes exámenes y los antecedentes laborales.
Los concursantes que perdieron están sorprendidos por la gran diferencia de puntaje obtenido entre ellos y el resto de los participantes que fueron elegidos por el Jurado y la Procuración. Según contaron, pretendieron acceder a los antecedentes y a los exámenes escritos y orales para comparar el contenido pero les fue denegado. Además aseguraron que después de rendir hubo cambios fuera de reglamento.
Pero lo más notorio fue la conexión entre los aspirantes beneficiados con otros funcionarios judiciales, ex funcionarios y hasta miembros del propio jurado. La denuncia llegó directamente a la cabeza del jurado, justamente a quien revistió de prestigio al organismo evaluador: León Carlos Arslanian.
Según contó el abogado y comisario mayor retirado, Andrés Pajón, que rindió para el cargo máximo de la Policía Judicial, en la denuncia se apunta que el postulante que sacó el puntaje más alto de todo el concurso es conocido de Arslanian. Alejandro Batista fue director provincial de Ejecución Penal durante la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad bonaerense. “Lejos de excusarse para calificarlo o emitir un juicio de valor, obtuvo el mayor puntaje por sobre el resto, pero en una forma evidentemente desproporcionada”, dijeron en la presentación judicial.
Cabe mencionar que Batista concursó para la Secretaría de Formación y Capacitación y ese cargo quedó vacante “por desistimiento del concursante propuesto”.
La denuncia también apuntó al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien según los denunciantes “participó activamente en las instancias del armado del concurso, circunstancia que se puede acreditar en las actas de conformación”. Resulta que, tal como informó LA CAPITAL en su edición del 16 de septiembre del 2015, el abogado Federico Nicolás Aliende trabaja en el Ministerio Publico Fiscal de Mar del Plata que encabeza Fernández Garello. “Sin experiencia alguna ni antecedentes obtiene el mayor puntaje, a pesar de tener escasos cinco años de recibido”, señalaron los denunciantes.
El cargo máximo no quedó exento de polémica. “Sugestivamente obtuvo un puntaje descollante en su exposición oral, superando ampliamente a jueces, fiscales, ex policías y expertos en la temática, una novel abogada con escasa experiencia en el área de investigación de delitos, con exiguos antecedentes y que el único mérito evidente es su apellido Di Rocco, coincidentemente el mismo que Eduardo Di Rocco, quien fuera ministro de Justicia, cuando Arslanian era ministro de Seguridad, en la gestión de Felipe Sola. La amplia diferencia en su puntuación, dio lugar a acciones de impugnación por el resto de los concursantes, que no obtuvieron resultado ni respuesta”, denunciaron.
El 24 de mayo de 2006, Lorena Paola Di Rocco fue designada subsecretaria de Investigaciones en Función Judicial, a partir del 1 de enero de 2006 en el grado de subteniente del Agrupamiento Profesional del Personal de Apoyo a las Policías de la Provincia de Buenos Aires. También durante la gestión de Arslanian al frente de la cartera de Seguridad bonaerense.
A pesar de que la jueza dio lugar al recurso de amparo que deberá ser respondido en los próximos días, la Procuración General de Justicia avanzó con el concurso. María del Carmen Falbo publicó su decisión en base a las nóminas enviadas por el jurado evaluador.
Para el cargo máximo propuso a Di Rocco, como subdirector a Sergio Legorburu, como subsecretario descentralizado para el Departamento Judicial de Junín a Martín Laius y como subsecretario descentralizado para el Departamento Judicial de Mar del Plata a Aliende.
En la Secretaría Técnico-Científico, Falbo designó a Cristina Raverta quien además de no figurar en la denuncia no sería familiar de Fernanda Raverta. La diputada nacional de La Cámpora dijo a este diario que no la conoce ni tiene vínculo alguno.
Además de la Secretaría de Formación y Capacitación, quedó vacante la Secretaría de Investigación, un área clave para el armado del Cuerpo de Investigadores Judiciales, en este caso por decisión unánime del jurado evaluador.