La posibilidad de que las embajadas de Estados Unidos requieran las contraseñas de las redes sociales de las personas que soliciten visas para ingresar a ese país, como adelantó un funcionario del Gabinete de Donald Trump, son “una injerencia desproporcionada en aspectos esenciales del individuo” y muestran como Washington avanza “sobre los derechos de los ciudadanos del resto del mundo”, según especialistas.

En las declaraciones del secretario de Seguridad Interior, John Kelly, “vemos un avance más en todo una política contra la privacidad de las personas. Estados Unidos no solo avanza sobre los derechos de sus ciudadanos sino que lo hace también sobre los de los ciudadanos del resto del mundo“, afirmó la presidenta de la fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.

“Es como si hubiera ciudadanos de primera y como si los demás fuéramos ciudadanos de segunda. Ningún tipo de argumento justifica una política tan invasiva sobre la privacidad de las personas. Para nosotros es absolutamente inaceptable esta política”, resaltó en diálogo con Télam. De esta manera, la especialista en propiedad intelectual y derechos fundamentales se refirió a las declaraciones de Kelly, quien afirmó que las embajadas estadounidenses podrían exigir las contraseñas de redes sociales a las personas que soliciten visas para efectuar controles más estrictos.

“Queremos tener la posibilidad de consultar sus redes sociales con las contraseñas. ¿Qué hacés? ¿Qué decís?“, manifestó el funcionario el martes, durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

“Si no quieren cooperar, entonces no entran” continuó, según declaraciones reproducidas por la cadena NBC News.

Las redes sociales suelen contener tanto opiniones como detalles sobre el credo o las etnias de las personas, entre otra información, y de hecho, según diversos medios estadounidenses, es esperable que agentes gubernamentales ya revisen los muros de Facebook o Twitter de las personas que quieren ingresar.

Pero exigir las contraseñas de estas redes es ir un paso más allá, porque permitiría ver también cuestiones como los mensajes privados o los contactos de las personas.

En Estados Unidos “la protección constitucional a ciudadanos extranjeros se encuentra debatida judicialmente, lo cual vemos claramente reflejado en la reciente decisión de jueces que bloquearon el decreto de Trump que establecía una prohibición temporal del ingreso de ciertos ciudadanos de determinados países a Estados Unidos“, analizó Leandro Ucciferri, abogado e investigador en privacidad y libertad de expresión.

“Sin embargo, este tipo de medidas suponen un grave perjuicio a la intimidad y la privacidad de las personas, ya que implican una injerencia desproporcionada en aspectos esenciales del individuo, que tienen que ver con sus creencias religiosas, su sexualidad, sus interacciones, sus gustos, sus vínculos, su salud, en definitiva toda su personalidad e identidad; no solo respecto de sí mismo, sino de todos aquellos con quienes la persona se vincula (y que no han solicitado el trámite de visa)”, explicó a Télam el integrante de la Asociación por los Derechos Civiles.

Para Ucciferri, la medida anunciada por Kelly “puede resultar aún más gravosa en el caso de determinadas relaciones que se rigen por secreto profesional, como el caso de periodistas que deben resguardar a sus fuentes, o abogados a sus clientes, por nombrar algunos”.

“En términos de libertad de expresión, esto llevaría también a que las personas ejerzan algún tipo de auto-censura sobre sus actividades online“, afirmó.

En el mismo sentido, la ONG estadounidense FFTF (Fight For The Future, el término inglés de Lucha por el Futuro) cuestionó hoy en un comunicado que “el Gobierno utiliza cada vez más los poderes tecnológicos y de vigilancia para limitar las libertades individuales, sembrar la división y silenciar las voces opositoras o aquellas de un determinado país de origen, religión o raza”, y lanzó una campaña “para evitar que Internet sea transformada en una herramienta de opresión“.

Según la FFTF, el “estado de vigilancia digital” norteamericano es una construcción en la que demócratas y republicanos están “confabulados” desde hace años. “Cuando se hizo público que la NSA había mentido por años sobre la expansión del espionaje digital de millones de estadounidenses, el presidente Obama podría haber detenido (el programa) y protegido a los denunciantes que trajeron esto a la luz. Pero Obama no lo hizo”, recordó.

En esta línea, según Busaniche esta posible medida “no sorprende”: “Hay sobrada evidencia de que Estados Unidos es absolutamente abusivo y esto es un paso más en ese sentido. Si uno vio las revelaciones (del ex contratista de la NSA, Edward) Snowden, esto no sorprende, es un paso más en la violación de los derechos humanos“.