El paquete presupuestario del gobierno de Guillermo Montenegro dio este martes un paso clave: las comisiones le dieron dictamen y lo dejaron en condiciones de ser considerado en sesión.

La comisión de Hacienda avaló por mayoría el presupuesto de la administración central y los entes descentralizados (Emsur, Emvial, Emder y Emturyc), así como las ordenanzas fiscal e impositiva, con el voto favorable del interbloque oficialista, integrado por los bloques de Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica. La Libertad Avanza se abstuvo y Unión por la Patria y Acción Marplatense votaron en contra.

El presidente de la bancada más alineada con el intendente, Agustín Neme, aseguró que es un presupuesto que “continúa una lógica y una política” implementada por el jefe comunal desde 2019. Marcó que tiene “una fuerte impronta en cuestiones como seguridad, desarrollo productivo, empleo y generación de nuevas inversiones”.

Destacó, a su vez, la presencia de herramientas para “lograr un municipio cada vez más ágil, eficiente y cercano a los vecinos” que “continúa con la política de eliminación de tasas y disminución de la planta municipal y del gasto público”.

Virginia Sívori, de Unión por la Patria, rechazó el discurso de que haya menos presión impositiva. Dijo que el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva tienen “la misma estructura desde hace años”, por lo que la mitad de los recursos los aportan los contribuyentes: $44 mil millones mediante la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y $73 mil millones por la de Seguridad e Higiene (TISH).

La opositora afirmó que el proyecto “no refleja ni las prioridades ni las necesidades del partido de General Pueyrredon”.

Con otras palabras lo dijo Eva Ayala, de Acción Marplatense. “Aquí no están las preocupaciones de los marplatenses”, lanzó, y sostuvo que se trata de “una cáscara vacía sin ningún tipo de respuesta” para los vecinos que implica “un abandono de los barrios”.

También consideró que “no hay estrategia en materia de seguridad para Mar del Plata”.

OSSE

El presupuesto de Obras Sanitarias y el Reglamento General del Servicio Sanitario lograron un dictamen unánime de las comisiones de Ambiente y Hacienda.

Lo votó a favor el interbloque oficialista y se abstuvieron los opositores. Florencia Ranellucci (Vamos Juntos) destacó los objetivos de la empresa municipal para 2025, sobre todo la posibilidad de que los contribuyentes financien las obras de ampliación de redes de agua y cloacas. “Ante nuevos escenarios, la empresa busca alternativas y la manera de adaptarse”, argumentó.

Pero Ayala consideró que este plan, consecuencia de la falta de financiamiento del Estado nacional, dejará sin obras a los vecinos que no puedan pagarlas. “Si cruzáramos mapas entre los que pueden pagarlas y los que necesitan estas redes domiciliarias, seguramente donde hace falta la extensión de obra estén aquellos que tienen mayores dificultades para afrontar esta contribución”, interpretó. Y apuntó: “Lo que nos plantearon como una alternativa de equidad profundiza la desigualdad”.

El radical Daniel Núñez recordó que OSSE venía de “una situación muy difícil en 2023” que el último mes de ese año la llevó a un déficit. Sin embargo, “al ritmo de que la inflación empezó a bajar, la macroeconomía se empezó a ordenar y la gestión de OSSE, esas cuentas se ordenaron sin bajar la capacidad del servicio”, subrayó.

Además, consideró que en aquellos barrios en que los vecinos no puedan pagar las obras se buscará llevarlas adelante mediante otros mecanismos, como proyectos del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu).

Cómo sigue

Tras los dictámenes de comisión, este jueves se realizará la sesión preparatoria para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva, en tanto que el 5 de febrero habrá una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para aprobar de forma definitiva esas normas y una sesión para convalidar los presupuestos.