General Pueyrredon, N°16 del ranking de concejos deliberantes más costosos
La Fundación Libertad elaboró un relevamiento nacional. San Miguel de Tucumán, con $668,3 millones por año por concejal, tiene el Cuerpo más costoso del país. En Mar del Plata, el presupuesto anual por edil ronda los $169 millones y se gasta $6.076 por habitante para financiar al órgano compuesto por 24 concejales.
La Fundación Libertad elaboró un ranking nacional para determinar cuáles son los concejos deliberantes más costosos de Argentina. El relevamiento contempla el importe total de las 55 ciudades seleccionadas que presentaron presupuesto en 2024 destinado a las legislaturas municipales para el año en curso, y asciende a $123.289 mil millones.
Esta fundación, que viene de medir el costo de las Legislaturas provinciales, determinó que el concejo deliberante más costoso de la Argentina lo tiene San Miguel de Tucumán (curiosamente, Tucumán es la provincia que más gasta por legislador provincial), con $668,3 millones por año.
Le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564 millones. Las ciudades de Rosario y Córdoba gastan casi lo mismo por concejal, siendo el costo anual de los mismos $285,6 y $285,1 millones por año. Más de 2,2 veces del promedio.
Si bien por la cantidad de habitantes y la superficie del distrito, podría intuirse que General Pueyrredon reúne las condiciones para integrar el top 10 de este ranking, el Concejo Deliberante local no está entre los más costosos y aparece bastante más abajo en la tabla.
En cuanto a General Puyerredon, el distrito tiene un Concejo Deliberante integrado por 24 concejales, y según este relevamiento, el presupuesto anual por edil es 168.883.316 pesos, lo que ubica al Cuerpo local en el puesto N°16 de este ranking nacional elaborado por la Fundación Libertad.
Asimismo, en detalle, siempre según este estudio, se gastan en promedio $6.076 por habitante al año para financiar al Concejo Deliberante, cifra que -por cierto- se ubica debajo del promedio nacional ($6.344) y que se obtiene de cruzar datos entre el presupuesto 2024, el número de concejales y la cantidad de habitantes según el Censo 2022 (667.082).
Por poca diferencia, General Pueyrredon quedó justo detrás de Bariloche, Comodoro Rivadavia y Trelew. En el puesto 17° y en orden descendente por el nivel de gasto se ubica San Juan, y luego Tigre, General San Martín y San Isidro.
En tanto, vale señalar que Junín, Merlo y San Nicolás tienen los concejos deliberantes menos costosos de este ranking.
Aproximadamente, se gastan en promedio $6.344 por habitante al año para financiar los Concejos Deliberantes. Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia gastan $39 mil, $33 mil y $29 mil al año por habitante,
respectivamente. Córdoba y Rosario se encuentran en guarismos similares, $5.872… pic.twitter.com/tifpdZtolh— Fundación Libertad (@FundLibertadRos) December 10, 2024
En general, el gasto destinado a los Concejos Deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,3% del total de sus presupuestos. Los que mayor porción del presupuesto gastan son Formosa (13,7%), Posadas (11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).
La mayor parte del gasto de los Concejos Deliberantes se destina a personal. La participación promedio del gasto en personal en el total del gasto del concejo es del 87,4%. En el caso de Rosario, la cifra asciende al 68,52%, lo que la ubica como la cuarta que menos gasta en personal en términos relativos de todas aquellas para las que disponemos de información.
En promedio, hay 17 trabajadores por legislador. La jurisdicción con mayor cantidad de empleados es Posadas, posee 122 empleados por cada concejal. La ciudad de Córdoba tiene empleadas a 8 personas por concejal.
Aproximadamente, se gastan en promedio $6.344 por habitante al año para financiar los Concejos Deliberantes. Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia gastan $39 mil, $33 mil y $29 mil al año por habitante, respectivamente.
Córdoba y Rosario se encuentran en guarismos similares, $5.872 y $5.930. Los números expuestos, según este informe, evidencian la necesidad de “reformar y racionalizar estas instituciones, eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad”.
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