En una decisión que marca un hito en la defensa del derecho a la salud en el ámbito local, el Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, ha establecido, mediante la Resolución 4/2024, el programa denominado “Defensoría de la Salud”. Este nuevo proyecto tiene como propósito central crear una vía alternativa para la resolución de conflictos entre los usuarios del sistema de salud y los distintos actores del sector sanitario, evitando la judicialización innecesaria de estos casos.

El programa insta a hospitales públicos y privados, obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales, y organismos como PAMI e IOMA a participar de una instancia de diálogo y resolución ante la Defensoría cuando sean objeto de reclamos.

Según explicó Lacedonia, el objetivo es encontrar soluciones oportunas y consensuadas que respondan a las necesidades de los ciudadanos, particularmente en casos de demoras o negativas en la prestación de servicios, suministro de medicamentos o acceso a tratamientos.

Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo.

“Los motivos que dieron lugar a esta iniciativa están vinculados con la urgencia de garantizar el acceso oportuno a la asistencia sanitaria, un derecho que, lamentablemente, en muchas ocasiones se ve restringido o negado”, señaló el titular de la Defensoría. Además, destacó que “un gran porcentaje de conflictos surge por falta de comunicación, lo que muchas veces podría evitarse mediante una mediación efectiva”.

Un polo sanitario estratégico

General Pueyrredon, y en particular Mar del Plata, es reconocida como un polo sanitario de referencia regional. La ciudad no solo cuenta con dos hospitales regionales y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (I.NA.RE.P.S.), sino que también posee un sólido desarrollo del sector sanitario privado. Esto convierte a la ciudad en un centro de atracción para pacientes de otras localidades que buscan realizar tratamientos, internaciones o procedimientos médicos especializados.

Sin embargo, este panorama también enfrenta desafíos. La prestación inadecuada de servicios, las negativas de cobertura o la falta de respuesta por parte de financiadores y efectores generan una creciente judicialización de los conflictos de salud.

“La judicialización de la salud no solo afecta a los pacientes, sino que también impacta negativamente en la sustentabilidad del sistema sanitario”, advirtió Lacedonia. Entre las consecuencias mencionó el desvío de recursos económicos que deberían destinarse a prestaciones médicas y que terminan siendo utilizados para pagar honorarios, costos y costas judiciales.

Por esta razón, el nuevo programa de la Defensoría se presenta como una alternativa más ágil, gratuita y accesible, con un enfoque en la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud.

El procedimiento que regirá las mediaciones del programa “Defensoría de la Salud” estará basado en los principios de informalidad, inmediatez, celeridad y confidencialidad. Esto garantiza que los usuarios y las partes involucradas puedan resolver sus diferencias de manera eficiente y segura.