Dos de los delincuentes que estafaron por casi un millón de pesos al diputado nacional José Luis Espert en 2021 fueron condenados en Mar del Plata a la pena de dos años de prisión efectiva.

El Juzgado en lo Correccional N° 5 de sentenció a Ángel Agustín Galli Ferreyra y Víctor Manuel Jesús Mansilla, quienes en noviembre de 2021 engañaron al legislador y economista, y le hicieron transferir 900 mil pesos a una cuenta bancaria de la que luego extrajeron el dinero.

La maniobra telefónica consistió en que uno de ellos, Galli Ferreyra, se hiciera pasar por un empleado del Banco BBVA. Desde un teléfono, se contactó con Espert y ganó su confianza. Durante la llamada, el falso operador alegó movimientos sospechosos en la cuenta del diputado y lo persuadió para que transfiriera los fondos. Los diálogos extraídos en el marco de la investigación revelan la coordinación entre los implicados.

En un intercambio telefónico posterior, Mansilla, identificado como “Manu,” discutió con un cómplice no identificado (NN) detalles sobre la operación:

NN: Manu, ¡haceme llegar ese chip, compa! Reseteá todo.

Manu: Si…

NN: Le fue toda la gorra al “guachín” ese que me retiró la plata.

Manu: No me llamés más al chip este.

Estos fragmentos muestran cómo los imputados intentaban borrar evidencias mientras coordinaban la distribución del dinero. Además, la investigación confirmó que la maniobra se planeó desde la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde ambos condenados cumplían otras penas.

Galli Ferreyra y Mansilla utilizaron teléfonos celulares y contactos externos para ejecutar la estafa. Javier Sebastián Gómez, cómplice externo, retiró los fondos en una sucursal del Banco Nación en Mar del Plata inmediatamente después de la transferencia.

Después de que Espert descubriera que había sido víctima de una estafa, realizó la denuncia correspondiente y comenzó la investigación del caso a cargo del personal de la Sección Investigaciones Especiales de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes pudieron determinar que el llamado telefónico que había recibido el diputado provino de un celular desde la Unidad Penal Nº 15 de Batán.

Al tener involucrados en la jurisdicción de Mar del Plata, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Javier Pizzo y David Bruna. Así, se pudo determinar que la banda estaba compuesta por al menos cuatro personas: dos reclusos que actuarían como los líderes de la organización, encargados de la logística, la captación de víctimas y llamados y dos hombres en Buenos Aires.

Así, el Juzgado de Garantías Nº 3 libró las órdenes de allanamiento en dos domicilios, uno en la calle Ecuador Norte al 500 y el otro en Gascón al 8100, y en distintos pabellones de la cárcel.

Los elementos secuestrados.

En la primera vivienda visitada, los oficiales detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un disco rígido, cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, dos tarjetas SIM, cinco troqueles de tarjetas SIM, una memoria extraíble con adaptador, dos DNI y dos tarjetas de débito.

El segundo autor detenido, de 46 años, fue encontrado en el procedimiento realizado en el domicilio de Gascón al 8100. Allí, los efectivos también hallaron cinco teléfonos celulares y una computadora. Además, en la Unidad Carcelaria 15, fueron requisados pabellones y se notificó a tres internos con vinculación en la estafa, y se les secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones.

La sentencia

En el marco de un juicio abreviado, los acusados fueron condenados por el delito de “estafa”. Si bien se les impuso una pena de dos años de prisión efectiva, esta fue considerada cumplida por su detención previa desde 2019. Mansilla, además, fue declarado reincidente debido a que poseía antecedentes penales.

De hecho, Galli Ferreyra estaba preso al momento de lo ocurrido, por haber cometido un asalto a mano armada y en grupo en Espigas, partido de Azul. En 2022, fue condenado por ese robo a 6 años de prisión.

El caso Espert pone en evidencia los riesgos que corren las personas frente a fraudes telefónicos, incluso figuras públicas con experiencia en la gestión de información. Las autoridades instan a la población a desconfiar de llamadas que soliciten transferencias bancarias y a verificar directamente con las entidades financieras cualquier situación sospechosa.