Con la presencia de los principales líderes sindicales y de representantes del sector empresario, la comisión bicameral del Congreso encargada del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, se pronunciará el miércoles sobre el instrumento que utilizó la administración del presidente Mauricio Macri para establecer modificaciones al régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART).

En el marco del endurecimiento de la postura del sector sindical con el Gobierno, expresado la última semana por la CGT, y de la presentación de un amparo contra la aplicación del DNU presidencial, el oficialismo parlamentario parece ya resignado a que de esa reunión no salga un resultado que le resulte positivo.

La mayoría del arco opositor cuestiona la aplicación de un DNU sobre un tema que había obtenido media sanción del Senado en noviembre y que ya se encontraba para su análisis en la Cámara baja.

Con matices, los opositores sostienen que el dictado del mismo es “inconstitucional” y que “no existía ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el Congreso no funciona”, porque, eventualmente, “podrían haber llamado a sesiones extraordinarias”.

El problema para el gobierno es que detrás de esta postura, con mayor o menor énfasis, se encolumnan los ocho legisladores del FPV-PJ, el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el massista Raúl Pérez: mientras que Cambiemos cuenta con sólo seis de los 16 integrantes de la comisión.

Además, desde este año la presidencia quedó en manos de la oposición, en la persona del camporista Marcos Cleri, dispuesto siempre a desempatar en favor del FPV-PJ.

En los primeros días posteriores a la firma del DNU, en el oficialismo confiaban en el buen resultado de las negociaciones con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, o con el jefe de bloque FPV-PJ del Senado, Miguel Pichetto, para intentar acercar votos en la bicameral.

Pero tanto Pérez -que responde al tigrense-, como Juan Mario País, -del PJ del Senado-, ya anticiparon su rechazo al DNU, no sólo por las formas, sino también por el fondo de la cuestión.

Pais recordó que fue él quien en el Senado trabajó e impulsó la media sanción “que plantea todo lo contrario al decreto, que es la posibilidad de que el trabajador tenga como recurso a la justicia para reclamar por sus derechos”.

“Más allá de no coincidir en el contenido, el DNU es inconstitucional porque avanza sobre potestades legislativas y se trata de un retroceso, ya que se piensa en las empresas y no en los obreros”, expresó.

Desde el Frente Renovador, el propio Pérez adelantó a Télam que rechazará el DNU como instrumento; en tanto que fuentes cercanas a Massa aclararon que la posición del Frente Renovador es “discutir el tema porque no puede salir por DNU”.

Además insistieron con que “el Poder Ejecutivo tiene que disponer la apertura del Congreso en febrero para poder tratar el tema”.

Más allá de que la posibilidad del dictamen en contra del DNU aparece como la más firme, las principales espadas parlamentarias de Cambiemos prefieren quitarle dramatismo al tema.

Es que, en definitiva, el dictamen en contra de un DNU no tiene efecto anulatorio hasta que no sea ratificado por las dos Cámaras del Congreso, instancia a la que desde el oficialismo del Congreso confían en que no se llegará.

Según la ley que regulan los DNU, los mismos tienen vigencia mientras no sean anulados por el Congreso, y para que eso suceda es necesario el rechazo de ambas cámaras.
En cambio, para que tengan validez plena solo se exige la aprobación de una de las dos Cámaras, lo que puede suceder más allá de que se llegue al recinto con un dictamen de mayoría que exprese lo contrario.

Esa fue otra de las cartas a las que apostaron en Cambiemos apenas dictado el DNU: que el Senado, a partir de acuerdos políticos ratifique el texto al que ya le había dado media sanción.

Pero esa hipótesis se esfumó en las últimos días, sobre todo luego de que la CGT se expresara en contra del proyecto y endureciera su postura en contra del Gobierno.

De hecho, los líderes sindicales serán los principales invitados de la reunión del próximo miércoles a las 16, a la que también asistirán referentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y empresarios de la Unión Industrial Argentina.

Otros invitados serán los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Facundo Moyano (Frente Renovador), Alberto Roberti (Justicialista) Héctor Recalde (Frente para la Victoria-PJ) y Abel Furlán, del mismo espacio.