Tras haberse descubierto meses atrás que el principal imputado en la causa de contrabando de teléfonos y casinos ilegales Fabián Di Julio había depositado más de medio millón de pesos en la cuenta del empleado de la Aduana, Gabriel Beain, la Justicia Federal amplió los procesamientos de ambos por el delito de cohecho.

Di Julio está acusado de liderar y organizar una asociación ilícita desarticulada en mayo pasado que, según la imputación, se dedicaba a la comercialización de celulares de alta gama y otros artículos electrónicos ingresados de contrabando; a la administración, operación y captación de juegos de azar en línea sin la debida autorización; y a la puesta en circulación del dinero y otros activos provenientes de las actividades ilícitas. Para ello se valía de la complicidad de personal de la Aduana en Mar del Plata.

La decisión del juez Santiago Inchausti va en línea con lo dictaminado por la fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de la mencionada ciudad, Laura Mazzaferri, cuando oportunamente pidió ampliar por ese delito las indagatorias de ambos acusados, quienes además se encuentran con prisión preventiva. La causa tiene a otros ocho coimputados ya procesados desde junio pasado.

En el caso de Di Julio, comerciante de 53 años marplatense que en su momento estuvo prófugo con pedido de captura nacional y internacional pero se presentó ante el juzgado el 3 de julio pasado, el juez Inchausti le amplió el procesamiento como autor del delito de cohecho activo. Esa figura concurre de manera real con los delitos por los cuales ya había sido procesado, es decir, asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con el de administración y explotación de juegos de azar sin la debida autorización en calidad de coautor; en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad.

Beain es un empleado de la Dirección General de Aduanas (DGA) de Mar del Plata de 49 años -con prisión preventiva domiciliaria- a quien el magistrado le amplió el procesamiento también por cohecho pero en su modalidad pasiva, que concurre de manera real también por el delito por el que ya había sido procesado hace cinco meses, que es el de asociación ilícita, también en calidad de jefe u organizador.

El hecho nuevo que se les atribuyó y por el que ahora fueron nuevamente procesados, es que, según la investigación, el comerciante le pagó y el empleado de Aduana recibió, la suma de 594.000 pesos a través de un depósito en efectivo realizado por un empleado del primero, el 3 de diciembre de 2021, en una sucursal del banco BBVA Francés de la ciudad balnearia “con el fin de poder llevar a cabo las maniobras investigadas”.

Según se desprende de la resolución, al momento de los hechos, ese monto en pesos equivalía a la suma de 5.871,88 dólares (al tipo de cambio del Banco Central de la República Argentina) y a 19,09 salarios mínimos vitales y móviles. Además, superaba de manera amplia los 375.596,27 pesos del salario que en ese entonces tenía el imputado en la DGA.

Un ticket del depósito, secuestrado en un allanamiento

La prueba clave a partir de la cual ambos acusado ahora también quedaron procesados por cohecho es un ticket de un depósito bancario hallado en una carpeta repleta de otra documentación similar, que fue secuestrada en uno de los allanamientos realizados el pasado 6 de mayo en una oficina vinculada al comerciante sindicado como el jefe de la asociación ilícita.

El depósito fue realizado en la sucursal 90 del mencionado banco por un empleado de una sociedad anónima controlada por primero de los acusados y su esposa, y para ser acreditado en la caja de ahorros del empleado de Aduana.

El juez Inchausti sostuvo en la resolución que entendía que el pago de los 594.000 pesos realizado por el comerciante al empleado de Aduanas, “responde sin dudas a su intervención como funcionario público aduanero ya sea para intervenir en sus operaciones, no efectuar los controles físicos de la mercadería que debía realizar en función de su cargo, o simplemente agilizar los despachos de importación de los imputados con tiempos más acotados en muchas de esas importaciones […]. No existe otra explicación posible”.

Un descargo “inverosímil”

Al presentar un descargo por escrito a través de su defensa, el comerciante imputado de pagar la presunta coima adujo que le había hecho el depósito al controlador de la Aduana pero para restituirle una suma que le había entregado previamente para pagarle tres teléfonos que no le había podido conseguir.

“Lo expresado por los imputados en sus descargos por escrito con relación a este pago resulta inverosímil y los elementos probatorios reunidos rebaten sus declaraciones, máxime cuando tres días después de recibir el depósito en efectivo indicado, el imputado (empleado de Aduana) pagó su tarjeta de crédito”, consideró el juez federal.

Al resumir los elementos que evaluó para adoptar la medida, Inchausti mencionó que “durante los años 2020 y 2022, (el funcionario de Aduana) intervino en múltiples operaciones de importación vinculadas al principal líder de la organización -quien además es quien efectuó el pago en cuestión a través de su empleado- como así también vinculadas a otros presuntos miembros de la asociación ilícita”.

“Más precisamente se han detallado y constatado hasta el momento, 17 operaciones conforme lo detallado, en las cuales en todas ellas se contragiró la verificación y al menos en 8 de esas 17 operaciones, transcurrieron segundos o escasos minutos entre el ingreso/contragiro y la verificación propiamente dicha”, detalló el magistrado.

También recordó que el empleado de la DGA marplatense “efectuó dos viajes al exterior con miembros de la asociación ilícita a Miami, EE.UU., donde poseen sede las sociedades exportadoras conformadas por los mismos imputados”.

Prisión preventiva y embargos millonarios

Tras evaluar que el principal acusado estuvo dos meses prófugo, que la organización tuvo información previa y pudo deshacerse de evidencias antes de algunos allanamientos y los viajes al exterior que solían hacer, el juez federal decidió, al ampliarles los procesamientos, mantener a los dos imputados en prisión preventiva -el exfuncionario de Aduana con arresto domiciliario- al considerar que “en caso de recuperar la libertad podrían darse a la fuga o continuar entorpeciendo el curso de la investigación”.

En cuanto al funcionario aduanero, había sido la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata la que había decidido morigerar la prisión preventiva oportunamente impuesta por el juez de instrucción, al hacer lugar al recurso de apelación de su abogado defensor contra el rechazo del pedido de aplicación del instituto de prisión domiciliaria que había decretado el juez, en sintonía con la postura de la Fiscalía Federal N°1.

A través de esta nueva resolución, el juez también decidió sostener los embargos ya fijados con anterioridad sobre los bienes y/o dinero de los imputados, que en el caso del comerciante es de 10 mil millones de pesos y, en el del aduanero, de 300 millones de pesos.

Apuestas ilegales y criptomonedas

Según la hipótesis acusatoria de la fiscal Mazzaferri, desde octubre del año pasado Di Julio administraba una web de apuestas de juegos de azar online denominada teambplay.com, pero sin la debida autorización, como así también los perfiles de Facebook teambplay y de Instagram teambplay.

Siempre según la hipótesis acusatoria, el dinero que obtenían de estas operaciones ilegales era lavado a través de operaciones con criptomonedas en transacciones millonarias.

En la cuenta de unos de los imputados, entre junio de 2021 y abril de este año, se detectaron depósitos por la suma total 6.759.166,89 USDT en 309 operaciones, siendo la mayor de 380.000 USDT. Desde su cuenta, se efectuaron retiros y transferencias por 5.363.659,13 USDT en 347 operaciones.

En la cuenta de Binance de otro de los imputados, desde marzo de 2021 a mayo de 2024 se realizaron 171 operaciones por una suma total de 679.165,52 USDT.

Finalmente, en la cuenta de Binance uno de los hijos de Di Julio se han registrado 166 operaciones por
1.059.462,02 USDT, siendo la mayor de 225.070,70 USDT.

El caso salió a la luz a mitad de año, cuando fueron detenidas cinco personas acusadas de conformar la banda formada para cometer diversos delitos, tales como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

La pesquisa había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

Tal es la suma de dinero que la Justicia sospecha que los integrantes de esta banda movían, que se el juez Inchausti les trabó embargos de 20 mil millones de pesos.

Cabe destacar que esta ha sido la primera causa en la Argentina en la que la Justicia ha decomisado criptomonedas: cuando ordenaron decomisar los 28.589, 26 USDT de la cuenta de Binance a nombre de Di Julio para garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito.