No lo dudó un segundo. Después de que le informaran que su hijo había sido detenido junto a dos amigos por haber atacado a golpes a un joven en un boliche de La Normandina, Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, viajó de urgencia desde el country Los Álamos en Ibarlucea, Santa Fe, hacia Mar del Plata.

El hecho había ocurrido en la madrugada del martes 19 de enero de 2021 en Ananá, Playa Grande, y “Andresito”, como lo apodan al joven, era uno de los tres acusados. Según el entonces fiscal Paulo Cubas, junto a sus amigos Matías Belloso -futbolista e hijo del exjugador y ahora presidente de Central, Gonzalo Belloso-, y Gabriel Alejandro Galvano, habían sido los autores del ataque contra Matías Montín, un turista de Haedo que estaba internado en el Hospital Privado de Comunidad (HPC).

La víctima había sufrido una fractura de cráneo tras recibir un botellazo en medio de la pista del boliche bailable, reabierto en esos días bajo estrictos controles y protocolos, tras varios meses de confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Debido a la gravedad del hecho, que además ocurría a un año exacto del asesinato de Fernando Báez Sosa, la noticia del ataque conmovió al país y la prensa se apostó en las afueras del HPC y de la discoteca, sitios desde los cuales transmitió en vivo durante toda la jornada.

El líder de la barra brava de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, fue asesinado a balazos este sábado a la noche en Rosario.

Pero la noticia tomó aún más repercusión cuando, gracias al rápido accionar judicial y policial, los acusados que se habían dado a la fuga por la autovía 2 fueron detenidos en horas de la tarde en un importante operativo. Dos de ellos cayeron en la ruta 9, cuando se dirigían a Rosario, y el tercero fue identificado y avisó a los investigadores que se presentaría al otro día ante el fiscal Cubas.

Al tomar conocimiento de que dos de los sospechosos eran Bracamonte -hijo del barrabrava- y Belloso -futbolista de la Primera División de Arsenal e hijo del exjugador y entonces directivo de la Conmebol-, el caso causó mayor indignación en la sociedad.

En horas de la noche de ese mismo martes, el abogado local Sergio Fernández fue contactado telefónicamente por el padre de Galvano, un empresario rosarino, quien buscaba contar con sus servicios. El miércoles 20 a la mañana, se reunieron en el bar Themis, ubicado en la esquina de Almirante Brown y Tucumán, justo frente a Tribunales. Al encuentro se sumó “Pillín” Bracamonte, quien también decidió contratarlo para defender a “Andresito”. Ambos jóvenes y amigos habían sido detenidos en el automóvil, cuando junto a la novia de uno de ellos volvían a Rosario. Por su parte, Belloso se había ido a Buenos Aires y retornó voluntariamente para entregarse ante la Justicia.

“Nos reunimos en el café y conmigo se portó como un señor. Hablamos, entendió la situación en la que estaba el hijo, pagó y se fue de nuevo a Rosario. Jamás dijo nada sobre la barrabrava de Central ni nada“, recuerda Fernández en diálogo con LA CAPITAL. Al mismo tiempo, se sorprende por la brutalidad del crimen, ocurrido este sábado a la noche en las inmediaciones del Gigante de Arroyito.

Matías Montín cuando permanecía internado en Mar del Plata.

Tres días después de ese episodio y de que los jóvenes declararan que la agresión contra Montín se había producido en el marco de una pelea, recuperaron la libertad. Por esas horas, la víctima se recuperó de las lesiones y también volvió a su hogar, en el conurbano bonaerense. “Volví a nacer”, le diría luego a este medio durante una entrevista realizada el verano siguiente.

En septiembre de 2022, Bracamonte fue sobreseído por la Justicia marplatense, aunque la rosarina continúa investigándolo por sus vínculos con la barra de Central, de la que formaba parte junto a su padre. Por su parte, Belloso también corrió la misma suerte en la causa que tramitó la Fiscalía Nº 4 y actualmente es delantero de Chacarita.

En tante, Galvano fue identificado como el joven que golpeó a Montín con una botella de champagne pero el titular del Juzgado Correccional N° 4, Pedro Federico Hooft, ordenó la suspensión del juicio a prueba por un plazo de dos años, en los que el acusado debió fijar un domicilio para someterse al control del Patronato de Liberados y tuvo un impedimento absoluto de mantener cualquier contacto con la víctima y su grupo familiar, quienes además rechazaron una suma de 15.000 dólares ofrecida para reparar los daños provocados e iniciaron una demanda en el fuero civil.