El Superior Tribunal Superior Justicia de Chubut declaró hoy responsable de la masacre de cientos de pingüinos ocurrida en Punta Tombo al productor ganadero Ricardo La Regina.

Ahora, el cuerpo máximo judicial de la provincia deberá dictar el monto de la sentencia, tras determinar que el productor es penalmente responsable de tres hechos de daño agravado y de uno de crueldad animal.

“Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de Crueldad Animal”, dictaminaron los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, en el marco de un fallo considerado histórico para la preservación del medio ambiente.

A La Regina lo responsabilizan por los daños provocados durante los hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de agosto, el 10 y el 14 de septiembre y el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021.

No obstante, sólo en el último caso fue hallado culpable de crueldad animal, mientras que en los otros dos hechos fue absuelto de ese delito.

La sentencia estuvo conforme a la propuesta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y las querellas, integradas por Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

“Ricardo Adolfo La Regina, sin autorización administrativa previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) procedió al desmonte completo de vegetación nativa y remoción de suelo provocando daños irreversibles a la fauna y flora autóctonas del lugar, dañando el hábitat reproductivo del Pingüino de Magallanes y en el último de los hechos también, arrollando un alto número de pingüinos vivos de diferentes edades, matándolos, lastimándolos y causándoles sufrimiento como así también arrollando huevos en etapa de incubación”, expresa el fallo.

De acuerdo con la investigación realizada, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos”.

En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”.

Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.

Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado“.

Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.

“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.