La comisión de Salud del Concejo Deliberante solicitó este miércoles información sobre la distribución de alimentos en el distrito a la Secretaría de Desarrollo Social municipal, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional.

El pedido fue consensuado en el marco del tratamiento de la emergencia alimentaria impulsada por la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, integrada por organizaciones sociales y el Obispado.

El objetivo de reunir toda la información antes de tomar una decisión surgió a partir de la respuesta que dio la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda del municipio sobre el expediente.

“Sin que la presente implique una manifestación en relación al tema, con el objeto de poder determinar el alcance de
las medidas a adoptar y con el único fin de brindar respuestas lo más adecuadas posibles, resulta imprescindible contar con información oficial de quiénes están recibiendo algún tipo de ayuda desde el Gobierno nacional o bien de la Provincia de Buenos Aires, identificando qué es lo que reciben, con qué periodicidad y por qué medio lo hacen”, señaló el secretario del área, Mauro Martinelli, en la respuesta.

Daniel Núñez, de la UCR, señaló que la emergencia “implica desburocratizar ciertas licitaciones o compras” para acelerarlas, y consideró “trascendente” la información solicitada por el secretario “para saber cuál es la situación” respecto a la asistencia alimentaria de las otras jurisdicciones a Mar del Plata.

“Hay una responsabilidad tripartita” –comentó Miguel Guglielmotti, de Unión por la Patria–. Acá tenemos que enfocarnos en la solución alimentaria. Que los alimentos lleguen de los tres efectores: de la Nación, de la Provincia y del Municipio”. Por eso solicitó que, además de preguntarle qué, cómo y dónde reparten la Provincia y la Nación, se amplíe el pedido a la Secretaría de Desarrollo Social.

“La situación es extremadamente grave. Los tres gobiernos tienen que interactuar para intentar una solución a esta problemática que estamos atravesando”, agregó.

El debate parecía agotarse cuando el radical Daniel Núñez introdujo un argumento que lo encendió: dijo que desde 2019 la Municipalidad no recibió más información “de los efectores nacionales y provinciales” sobre la distribución de alimentos. Aseguró que se trató de una “decisión política” que atribuyó a la entonces ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, de “bajar a los territorios con las organizaciones”.

En esa línea, Cristian Beneito, de Vamos Juntos, aseguró que “la entrega venía directo de la Provincia a merenderos y comedores”, sin pasar por la Municipalidad.

Valeria Crespo, de Unión por la Patria, recordó que Raverta “estuvo seis meses en el cargo” pero el oficialismo local “la trae a colación cada vez que puede”, y sostuvo que “la primera responsabilidad” de tratar “las necesidades de sus vecinos y vecinas” es “del Municipio de General Pueyrredon”.

“Lo que tiene que plantear el Municipio es cuál es su política de alimentos, de qué manera la está implementando, cómo pretende coordinar con los otros ámbitos de gobierno”, complementó Eva Ayala, de Acción Marplatense.