Greenpeace presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver un fondo fiduciario para la protección de los bosques nativos en el país, confirmaron a EFE fuentes de la organización ambientalista.

Mediante un decreto firmado el pasado martes, el presidente argentino, Javier Milei, disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), encargado de administrar los recursos de la Ley de Bosques, aprobada en 2007.

Greenpeace alega que esa decisión abre las puertas para que el Estado maneje tales fondos en forma arbitraria.

Según Greenpeace, esto pone en riesgo el control que hacen los gobiernos provinciales de los desmontes ilegales y los incendios forestales, ya que el 30 % de los fondos del FOBOSQUE se destina a apoyo institucional para esa función.

El otro 70 % se usa para promover actividades sustentables en los bosques.

“El fondo era para este año de unos 15.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares / 13,4 millones de euros) que no se distribuyeron. Al eliminar el fondo fiduciario, el Gobierno no está obligado a repartirlo”, explicó a EFE Hernán Giardini, coordinador de Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

De cara al próximo año, el proyecto de Presupuesto 2025 establece recursos por casi 10.000 millones de pesos para la protección de bosques, cifra que, según Greenpeace, es apenas el 2,5 % de lo que debiera destinarse si la Ley de Bosques se cumpliera correctamente.

“Si se aprueba el Presupuesto, los fondos están. Pero, al eliminarse el fideicomiso, el Gobierno puede echarle mano para otro destino o no distribuirlos”, advirtió Giardini.

Greenpeace hizo la presentación ante la Corte Suprema dentro de la causa judicial que la organización mantiene desde hace cinco años contra las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa y el Estado nacional argentino por violar la Ley de Bosques y poner en riesgo a los últimos 20 yaguaretés que quedan en la región del Gran Chaco Argentino.

La organización sostiene que la falta de financiación de la Ley de Bosques atenta con la protección de los bosques en los que habita el yaguareté y, por ende, contra su supervivencia.

De acuerdo a lo establecido por la ley de 2007, el FOBOSQUE debía nutrirse con recursos provenientes del 2 % del total del cobro de los derechos a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal.

El decreto que disuelve el FOBOSQUE y que lleva la firma de Milei argumenta “deficiencias en los registros” que “dificultan el seguimiento” de los recursos previstos en el fondo y un “déficit de capacidad institucional y logística” de las provincias “para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”.

El Gobierno de Milei mantiene un severo plan de ajuste fiscal, con fuertes recortes de gastos en toda la Administración pública.