Por Fernanda García Monticelli (*)
En la tarde del lunes 30 de septiembre, el edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata fue el escenario de la proyección del documental “Soporte para el Habitar”, que narra de manera sensible y aguda la experiencia de integración sociourbana en los barrios populares de Mar del Plata. En esta obra, la cineasta Ana Cacopardo nos invita, a través de las voces de sus protagonistas, a conocer la transformación vivida en los barrios El Caribe, Alto Camet y Villa Evita.

El documental relata el proceso que permitió esta transformación, resultado de la confluencia entre la economía popular organizada, un grupo de profesionales y estudiantes comprometidos con la comunidad, y una política pública eficiente y audaz liderada por Fernanda Miño, vecina y referente de uno de los barrios más humildes y antiguos del conurbano bonaerense, en el marco de su gestión en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

Las obras, financiadas por la SISU, se ejecutaron en tiempo récord, demostrando que la participación activa de vecinas y vecinos en la planificación y ejecución de los proyectos es un pilar fundamental para su sostenibilidad y éxito. Un ejemplo claro fue el caso de Villa Evita, un barrio históricamente relegado por promesas incumplidas de los gobiernos de turno. En solo 8 meses se logró que el 80% de las viviendas accediera a los tres servicios básicos: agua, cloacas y energía eléctrica segura.

Los testimonios ilustran los efectos de la sinergia entre el Estado Nacional, los movimientos populares y la Fundación Soporte, un colectivo de profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) e investigadores del CONICET. Es un ejemplo de lo que ocurrió silenciosamente en más de 1.300 barrios populares entre 2019 y 2023: una transformación impulsada y planificada por la acción colaborativa y conjunta de las fuerzas de la comunidad, coordinada a través de la Mesa Nacional de Barrios Populares, con organizaciones como Cáritas, Techo y las nucleadas en la UTEP. Esta planificación para la integración socio urbana, plasmada en el “Plan de Buen Gobierno” de 2019, fue la guía para las acciones que luego ejecutó la Secretaría de Integración Socio Urbana en todas las provincias del territorio argentino.

La vida en los barrios populares de Mar del Plata

Mar del Plata es una ciudad cargada de sentidos. Representa el viejo retrato de una ciudad costera donde tradicionalmente vacacionaban los sectores más privilegiados del país, con la opulencia de las casas residenciales del casco histórico y la búsqueda constante de la belleza paisajística del centro urbano. Sin embargo, también es el escenario de la llegada de los descamisados, quienes conquistaron las vacaciones pagas y los programas estatales de turismo para las familias trabajadoras.

“La Feliz”, refleja las desigualdades típicas de las grandes ciudades del país. En sus 64 barrios populares, que ocupan apenas el 1% de la superficie urbana, vive más del 10% de la población permanente, con más de 14.000 familias. Más del 80% de de estos barrios existe desde antes de la crisis de 2001, lo que significa un cuarto de siglo de precariedad.
La mayoría carece de acceso a la red formal de agua potable y cloacas, que solo alcanza al 15% de la población. Más del 50% no cuenta con conexiones formales de energía eléctrica y menos del 5% tiene acceso al servicio de gas de red, siendo las garrafas su principal fuente de abastecimiento.

Política pública inclusiva y perspectiva de género

Una clave distintiva de las políticas de integración urbana de la SISU y que se vio reflejada en este proyecto, fue el abordaje de las mismas desde una perspectiva de género. La promoción de la participación comunitaria y activa de los barrios estuvo acompañada también del fomento de la inclusión de mujeres en las cuadrillas de trabajo en los proyectos financiados. A través de esta experiencia, muchas mujeres del barrio lograron salir de sus hogares y acceder a un trabajo en la construcción.

La formación de cuadrillas se basó en capacitaciones en oficio como plomería, electricidad y colocación de termotanques solares, entre otros, lo que permitió que fueran las y los propios habitantes de los barrios quienes trabajaran en las obras, generando un sentido de pertenencia y dignidad. Esta política habilitó la conformación de una red de apoyo entre las mujeres del barrio, muchas de las cuales atraviesan diversas situaciones de violencia. Este trabajo comunitario y colectivo les permitió salir de sus hogares, independizarse económicamente y aprender oficios en el camino de transformar su realidad y la de su barrio.

En un contexto de ajuste social, es fundamental que las cooperativas y organizaciones de los barrios populares sigan marcando el camino hacia una ciudad más inclusiva y equitativa. Como dijo Ana Cacopardo durante la presentación del documental, necesitamos un Estado que “llegue cerquita y abrace” a quienes más lo necesitan. Este tipo de políticas públicas pone en el centro a los habitantes de los barrios populares, e invita a organismos como las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y el CONICET a trabajar al servicio de estos sectores sistemáticamente violentados.

Las historias de vida de las y los vecinos de estos barrios retratadas en “Soporte para el habitar”, permiten dar cuenta cómo este proyecto no sólo transformó su vivienda, sino que impactó significativamente en la calidad de vida de las familias.

Desfinanciamiento

La Ley 27.453, que impulsa la integración urbana de los barrios populares, representó un avance clave en la política argentina al abordar de manera estructural la situación de los barrios populares, donde millones de personas viven sin acceso a servicios básicos. Una realidad que hoy está en pausa debido a una decisión de desfinanciar estas políticas. Esta ley, impulsada por un consenso amplio entre actores políticos y sociales, estableció una política de integración socio urbana que no solo contempla la mejora de infraestructura, sino también el respeto a la identidad y cultura de los habitantes de estos barrios, quienes se reconocen como sujetos colectivos con derechos.

Sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado un preocupante desfinanciamiento. En febrero de 2024, el Decreto 193/2024 redujo los fondos del Impuesto País destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), pasando del 9% al 0,3%. Este retroceso compromete no solo los logros alcanzados, sino también el futuro de comunidades que dependen de la implementación efectiva de la ley. Como dijo Fernando Cacopardo en la presentación: “si caracterizamos que la situación es de emergencia humanitaria, desfinanciar estos programas es una práctica genocida”.

En este marco, tramita un proceso de amparo colectivo promovido por el CELS, vecinos y vecinas de Barrios Populares y un miembro del colectivo de Curas Villeros contra el Decreto 193/2024, que reasignó los fondos del Impuesto PAIS, afectando el financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), crucial para mejorar las condiciones en barrios populares. El reclamo ataca al decreto por inconstitucional, pues paraliza obras esenciales para el acceso a servicios básicos y vulnera derechos fundamentales. El caso destaca la regresividad del decreto, afectando desproporcionadamente a mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

La integración socio urbana, más allá de solucionar el déficit habitacional, enfrenta problemas profundos derivados de la desigualdad en el desarrollo de las ciudades. Busca asegurar el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación y vivienda, promoviendo un modelo de crecimiento más justo. El proceso iniciado en el 2016 que permitió la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNnaBbap), la sanción de la Ley 27.453 y la ejecución de fondos para resolver los graves problemas que viven los Barrios, ha demostrado que, a pesar de las diferencias políticas, es posible construir consensos para enfrentar estas problemáticas urgentes y garantizar un futuro más inclusivo para todos los sectores sociales.

A modo de cierre

Mientras el centro del poder político y financiero fomenta un individualismo voraz, en las periferias populares, donde la exclusión es la norma, surgen formas comunitarias de organización. En los barrios populares, la única manera de revertir las condiciones de marginalidad y abandono es a través de la persistente organización de la esperanza, forjada en la lucha por las tres T: Tierra, Techo y Trabajo. Como expresó el Papa Francisco en el simposio “Plantando bandera frente a la deshumanización” y a 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares: “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños.”

Es momento de que todos los sectores y actores políticos se unan para reclamar un compromiso real con la integración sociourbana, porque el derecho a una vida digna no puede ser un lujo reservado para unos pocos. La historia de Mar del Plata y de sus barrios populares nos demuestra que la acción colectiva y la participación activa son la clave para construir un futuro mejor

(*) Militante y referente del sector del Hábitat