El bloque de Acción Marplatense del Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia social tarifaria en el partido.

La propuesta, firmada por Eva Ayala, surgió “en virtud de la inviabilidad comercial, industrial y de la economía familiar que implican los aumentos en los costos de los servicios de energía eléctrica y de gas de acuerdo al nuevo cuadro tarifario fijado por el Gobierno nacional”.

La intención es que la Defensoría del Pueblo “arbitre todos los medios necesarios a efectos de instrumentar las acciones administrativas y judiciales que resulten pertinentes a fin de ejercer la defensa de todos los usuarios de luz y gas en función del carácter público de primera necesidad del servicio y de su imprescindible continuidad”.

En un proyecto de resolución que acompaña al de ordenanza, Ayala pide que el Concejo exprese su rechazo a los aumentos y requiera a la Secretaría de Energía de la Nación y a los entes reguladores (Enre y Enargas) que “revean las disposiciones hasta hacer compatibles los costos con las posibilidades reales de la comunidad de afrontarlos de manera sostenible”.

Como disparador de sus proyectos, Ayala mencionó “el aumento en porcentuales que oscilan entre un 100, 200 y hasta 300% de las tarifas que hoy deben abonar tanto los consumidores residenciales como aquellos que desarrollan actividades productivas en el Partido de General Pueyrredon”.

Aseveró que “es notable cómo la incidencia de esos aumentos en las tarifas de los servicios domiciliarios de gas y electricidad impactan sobre los ingresos de los grupos familiares, en particular aquellos más vulnerables, que se enfrentan al grave riesgo de no poder asumir el costo de la prestación siquiera en su mínima expresión”.

Citó un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires, según el cual la canasta de servicios públicos de un hogar promedio ya insumía, en junio, más del 15% del salario promedio de los trabajadores registrados. “La proporción fue en constante ascenso en los últimos meses, tanto por los aumentos de tarifas que dispuso el Ministerio de Economía como por el deterioro de los salarios reales”, señaló.

La comparación arrojó que la canasta de servicios públicos significaba el 6,2% del salario promedio en diciembre del año pasado y fue creciendo de manera paulatina hasta abarcar el 15,3% en junio, más del doble que a fines de 2023.

Para Ayala, “es de absoluta evidencia que las medidas tarifarias implementadas se llevan puesto el derecho humano fundamental”. “Se limitan los ingresos familiares, se encarecen los servicios y se abandona a las familias a su suerte”, advirtió.

Según indicó, “debe ponerse en evidencia el grave riesgo que la medida, tal como se está aplicando, produce en las familias”.