Todavía sin acuerdo salarial con el Gobierno Nacional, los docentes universitarios anunciaron una profundización del plan de lucha tras la decisión de no dictar clases durante la última semana.

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) realizó una asamblea extraordinaria en la que se acordó hacer dos jornadas de clases públicas, paro de actividades y una nueva marcha federal, además de otras medidas de protesta en coordinación con los no docentes y los estudiantes durante las semanas del 19 y el 26 de agosto.

“En la asamblea coincidimos en la necesidad de continuar con el plan de lucha en defensa del salario y de la universidad pública. Por su parte, tomamos la decisión de construir el camino hacia una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre”, anticipó ADUM.  

En lo que respecta a la semana del 19 de agosto, el gremio detalló que el martes 20 y miércoles 21 habrá dictado de clases en modalidad pública, “saliendo de los edificios a espacios de la universidad o espacios públicos”.

A su vez, habrá pasadas por las distintas aulas para visibilizar el reclamo, con la difusión de cartelería al respecto y material con preguntas disparadoras para explicar el conflicto.

En las dos jornadas de lucha se reducirá a la mitad el tiempo de clases. La parte restante se utilizará para explicar “que es una acción simbólica en función del poder adquisitivo perdido y el estado del conflicto universitario”.

En tanto, la semana del 26 de agosto habrá un paro con movilización de la comunidad universitaria, con fecha a definir aún. 

Se buscará sostener el diálogo con el movimiento estudiantil, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), y APU (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata) para organizar con estos sectores “un festival en defensa de la universidad pública”.

También se brindará apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo de las universidades nacionales, que cuenta con media sanción, y “exigiendo que funcionen las paritarias”.

A su vez, ADUM repudió el proyecto que busca “restringir el derecho de huelga” docente mediante la declaración de la educación como servicio esencial. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora debe tratarse en el Senado.

“Decimos: la educación y la huelga son derechos amparados por la Constitución”, remarcó el gremio.

Por último, se resolvió otorgar al cuerpo de delegados la potestad de convocar a medidas de fuerza en acuerdo con las definidas por el Frente Sindical Universitario, que se reúne el 23 de agosto.