La Ley de la Restauración de la Naturaleza, la primera norma de la historia de la Unión Europea que obligará a sus países a restaurar la naturaleza y no sólo a protegerla, entrará en vigor este domingo tras haber estado cerca de descarrilar en su tramitación.

La legislación se enfrentó a obstáculos tanto en la Eurocámara, por la oposición del Partido Popular Europeo, como en el Consejo -institución en la que están representados los gobiernos de los Veintisiete-, por un súbito cambio de posición de Hungría.

La entrada en vigor de la norma supone un “nuevo avance en el esfuerzo por revertir el deterioro de la naturaleza, lograr la neutralidad climática y reforzar la preparación y la resiliencia de Europa frente a los efectos del cambio climático”, indicó en un comunicado la Comisión Europea.

La meta de la legislación, originalmente propuesta en junio de 2022, es restaurar al menos el 20 % de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para mitad de siglo, incluidas las tierras de cultivo.

Entre otros puntos, el reglamento establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE.

El objetivo de la ley es acompasar la legislación comunitaria con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas, pero el texto se convirtió durante su tramitación en un símbolo de la batalla ideológica en torno a la agenda verde.

Los primeros desacuerdos en torno a su contenido nacieron en el Parlamento Europeo, donde los negociadores del Partido Popular Europeo se levantaron de la mesa de conversaciones en la que eurodiputados de todos los partidos trataban de ponerse de acuerdo en una posición común para negociar con los Estados miembros, representados por el Consejo.

Acabó superando por la mínima todas las votaciones que enfrentó, tanto a nivel de comisión parlamentaria como en el pleno, donde un puñado de eurodiputados populares se rebelaron contra la posición de su partido y votaron a favor de continuar su tramitación junto a socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Superada una compleja negociación entre Parlamento y Consejo que diluyó la ambición de algunos de los objetivos, fue el gobierno de Hungría el que súbitamente cambió de postura hacia el ‘no’ y dejó el apoyo a la norma por debajo de la mayoría cualificada necesaria para aprobarla: un 55 % de los Estados miembros que representen a un 65 % de la población.

Finalmente, en la víspera de la votación final Austria pasó al bando del “sí”, permitiendo así que los países que la apoyan representaran a un 66,07 % de la población de la UE.

El cambio de postura de la ministra austríaca de Medioambiente, la ecologista Leonore Gewessler, generó una fractura en el Ejecutivo de su país, que celebra elecciones legislativas en septiembre, por el rechazo frontal de su socio de gobierno, el Partido Popular (ÖVP), que considera que no respetó la legislación federal.

El Gobierno de Austria, que lidera el conservador Karl Nehammer, anunció que presentaría un recurso de anulación de la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El reglamento se adoptó finalmente con los votos a favor de Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Portugal, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia; el voto en contra de Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Suecia, y la abstención de Bélgica.