La Cámara Federal de Apelaciones concedió el arresto domiciliario a tres de los detenidos por la causa que investiga hechos de contrabando y la existencia de casinos ilegales, menos al supuesto líder de la banda, quien había estado prófugo casi un mes, y para el funcionario que habría oficiado de contacto en la Aduana.

Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar fuentes del caso, Franco Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco y Víctor Alejandro Verón recibieron  días atrás el beneficio mencionado, mientras Fabián “El Gordo” Di Julio, padre de Franco y presunto líder de la banda, permanece alojado en una cárcel federal del conurbano bonaerense, al igual que Gabriel Beain.

Vale recordar que los hechos investigados salieron a la luz en mayo último y a comienzos de junio la Justicia Federal dictó la prisión preventiva los hombres mencionados. “El Gordo” Di Julio, en tanto, se entregó en los primeros días de julio.

Ahora, tres meses después de que se conociera el caso, los imputados regresaron a sus domicilios, donde sus movimientos son monitoreados por miembros del Sistema Penitenciario Federal (SPF) y deben permanecer a disposición del magistrado Santiago Inchausti y la Fiscalía Federal N° 1, que encabeza Laura Mazzaferri.

No obstante, los hechos de contrabando y la existencia de casinos ilegales eran investigados desde septiembre de 2023, pero la pesquisa no se hizo pública hasta que fueron detenidas cinco personas acusadas de conformar la banda.

Entre los diversos delitos que se sospecha que cometió el grupo figuran la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Las detenciones de Franco Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana) y Víctor Alejandro Verón se llevaron adelante durante 22 allanamientos realizados a comienzos de mayo, que derivaron además en que otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación fueran llamadas a declaración indagatoria en ese entonces.

La pesquisa había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Con el impulso de la Fiscalía Federal N°1 se lograron identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba. Muchas de esas medidas estuvieron destinadas a desentramar la arista patrimonial de los sucesos. Con el avance de la pesquisa y por impulso fiscal, se ordenaron múltiples medidas cautelares, con el objetivo de preservar los activos en poder o relacionados con las personas físicas y jurídicas investigadas.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó posteriormente ante el Juzgado.

Entre ellas, el juez ordenó además trabar un embargo de 10 mil millones de pesos para Andrade y otro de igual monto en relación a Saraco.

Por último, sumó nuevas acusaciones formales en el marco del expediente: Verónica Scrosoppi, la mujer de Di Julio padre (el prófugo), el de otro hombre identificado como Jonathan Ali, y el del despachante de aduana Facundo Santiago, quienes fueron citados a declaración indagatoria, .

En relación a los dos primeros sospechosos, el magistrado ordenó la prohibición de la salida del país de ambos “hasta tanto se realicen dichas audiencias y/o se resuelva sus situaciones procesales, a los fines de neutralizar los riesgos procesales antes descriptos”.

En tanto, procesó sin prisión preventiva a Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina. Y ordenó también trabar embargos millonarios sobre ellos, así como el decomiso final de todo el dinero hallado en las cuentas de la billetera virtual Binance vinculadas a los sospechosos.