Entre el lunes y el miércoles de la semana próxima la Justicia de Garantías deberá resolver si mantiene en prisión preventiva a Claudio Pontoriero, el exjefe de Drogas Ilícitas Mar del Plata detenido por el robo de Horas Cores y de dinero en un allanamiento.

El fiscal de la causa, Marcos Pagella, solicitó que Pontoriero no recupere su libertad y para justificarlo presentó un informe con pruebas contundentes, en algún caso increíbles, que revelan la metodología empleada para recaudar el 50% de las horas Cores (podrían entenderse como horas extras) a las que se veían obligados a acceder sus subalternos.

También en el escrito, Pagella narró cómo los policías de Drogas Ilícitas durante un allanamiento y con conocimiento de Pontoriero, sustrajeron una importante suma de dinero.

La detención de Pontoriero el 12 de julio sacudió a la estructura institucional de la Policía Bonaerense ya que se produjo dos meses después de que también cayera detenido el entonces jefe departamental, José Luis Segovia.
Vale recordar que Pagella imputó a Pontoriero de integrar una asociación ilícita conformada por distintos agentes policiales, algunos no individualizados y otros que con el avance de la investigación serán convocados al proceso. También por incumplimiento de los deberes de funcionario público y hurto agravado por la calidad del autor.

La estafa con las horas

Comisario mayor Claudio Damián Pontoriero, exjefe de Drogas Ilícitas.

Durante el allanamiento del 12 de julio a la sede de Drogas Ilícitas, cuando fue detenido Pontoriero, el personal judicial secuestró 626.500 pesos. El dinero estaba en una dependencia de uso privado de Pontoriero, oculto en un bolsillo interno de un bolso, y se constituyó, según el fiscal Pagella, en un elemento probatorio clave sobre la recaudación ilegal de horas cores.

Aunque en su declaración Pontoriero había dicho ijo que era dinero reservado para el pago del arreglo de la calefacción de su auto, el CATI (Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica) descubrió una anomalía contable y una contundente coincidencia. Es que el exjefe de Drogas Ilícitas reconoció que ganaba cerca de 1.800.000 pesos y que ese era su único ingreso. Entonces el CATI analizó su cuenta bancaria y estableció que desde el 1° de enero hasta días antes del allanamento había hecho diez extracciones de 40 mil pesos, es decir, 226 mil menos de lo que había en el bolso. En el informe, se contempló la posibilidad de que esa plata fuera prexistente a las extracciones, sin embargo con un saldo de casi 9 millones de pesos en la cuenta, se dedujo que esa capacidad de ahorro con el contexto inflacionario era algo, al menos llamativo.

Pero lo que terminó por convencer a Pagella y su equipo de que el dinero en el bolso probablemente provenía del cobro ilegal de horas cores fue que representaba exactamente el 50% de las horas facturas por los efectivos en todo el mes de mayo, mes en el que Pontoriero asumió en Drogas Ilícitas Mar del Plata. El Estado pagó 1.248.000 pesos en horas cores asignadas a esa dependencia y una cifra similar a la mitad de ese monto estaba en poder de Pontoriero.

Otra prueba de relevancia que explica el “retorno” por horas cores son unos audios entre personal de la repartición:

-El lunes tengo q juntar lo de las cores.. 13

-Hola leo… Te transfiero ahora si querés… sino paso y la dejo en la oficina.

-Sí, yo saco y lo llevo o me das el martes, no hay drama.

Ese “13” referencia la cantidad de horas cores que “Leo” exige en los mensajes a un efectivo que ese mes había trabajado 26. Es decir, exactamente la mitad era el “retorno”. Horas Cores es el acrónimo de “Compensación por Recargo de Servicio” aunque parece que el recargo se transformaba en retorno.
Otra gran cantidad de comunicaciones y planillas contables fueron agregadas a la causa y presentadas por Pagella para consolidar la prueba contra Pontoriero, quien en su versión exculpatoria dijo que él hacía poco que había llegado a la dependencia y que él ni siquiera tuvo tiempo de repasar esa situación. Sin embargo, Pagella consideró que “estaba perfectamente al tanto de la cantidad y distribución de tales horas, lo que se erige como un indicio de mendacidad respecto de sus dichos”.

El dinero faltante

El 6 de junio a las 19.30 una comisión de Drogas Ilícitas allanó un departamento de San Luis al 2300. Allí vivían algunas mujeres trans que se dedicaban a vender estupefacientes en la plaza Rocha. El operativo fue un éxito porque se secuestró droga y también otros elementos de interés. Además había dinero, algo que suele haber en casa de “dealers” y que se convierte en una “tentación” para muchos policías.

En base a distintos audios que formaron parte de la denuncia anónima inicial los investigadores establecieron que “solamente” los policías intervinientes habían podido sustraer 200 mil pesos y dejar como total secuestrado algo más de 1.650.000.

En uno de esos audios un policía dice: “Así que en definitiva lo que podríamos haber repartido entre cuatro, tuvimos que repartir para el jefe, el bati, un poco para Durán, que a Durán le tiraron unas chirolas nomás y nosotros cuatro. Así que recaliente porque en definitiva cuando algo sale bien y nos podemos llevar una moneda, no, nos cagan la vida porque nos ponen gente que no es nuestra y ahí es donde las cosas salen mal”.

Ese audio es una cabal muestra del descaro y la impunidad con la que se manejaban, de la distorsión absoluta de lo que son las funciones de la policía, ya que, para estos funcionarios policiales, que un operativo “salga bien” era poder robar y llevarse “una moneda”.

Es necesario recalcar que Pontoriero no solo asistió al allanamiento, estuvo dentro del departamento, sino que autorizó a contar el dinero hallado en la sede policial, algo extraño ya que no existía ningún impedimento para hacerlo ahí, frente a testigos.

Para el fiscal Pagella, la Justicia de Garantías debe mantener preso a Pontoriero porque existe peligro de fuga
por la gravedad de los “delitos que se le enrostra” y por el tenor y magnitud de los sucesos imputados, la extensión en el tiempo y la posibilidad cierta de más imputaciones. Pero además por “la innumerable cantidad de diligencias que se encuentran pendientes de producción y la posibilidad de que, en caso de recuperar la libertad, el imputado interfiera en la realización de las mismas, procure suprimir prueba relevante o influenciar a testigos o víctimas directas”.