Cinco miembros de una conocida familia dedicada desde hace décadas a los servicios fúnebres en Mar del Plata fueron procesados por lavado de activos y embargados por la Justicia Federal por un total de 5.000 millones de pesos.

Ricardo Oscar Marino, sus hijos Ricardo Alberto y Carolina, su nieto Gastón y su yerno, el expolicía Juan Marcelo Gutiérrez, resultaron procesados sin prisión preventiva al igual que los contadores Sebastián Muniagurry y Yamil Senger, al entender el juez Santiago Inchausti que todos formaban parte de una banda que tenía por fin blanquear importantes sumas de dinero de procedencia ilícita.

La familia Marino fue la propietaria de la funeraria Dilo, desaparecida en los últimos años y reconvertida en la casa de Sepelios Memorial, de Alvarado y La Pampa, y también eran propietarios de una carpintería que fabricaba sus propios ataúdes. Luego de la crisis de comienzo de siglo esa carpintería, ubicada en Estación Camet, comenzó a explorar otros productos como las puertas para viviendas.

Este expediente judicial que lleva el número 32006126 se inició en el año 2013 cuando, precisamente, una denuncia anónima indicó que en ese predio de calle 15 entre 6 y 8 de Estación Camet, se realizaban grandes reuniones, llegaba mucha gente en autos de alta gama y camiones procedentes del Paraguay.

La causa tuvo muchas dificultades para ser investigada porque, según el Ministerio Público Fiscal y el mismo Inchausti, había un alto grado de connivencia con el Destacamento Policial de Estación Camet que hacía imposible las tareas de campo. ¿Cuál era el vínculo? Gutiérrez era policía de esa dependencia.

De todos modos, la Justicia Federal pudo avanzar en la pesquisa y estableció lazos directos entre este grupo familiar y el clan liderado por Hugo “Coco” Esteban, recientemente condenado por narcotráfico en la causa “Marea Verde” y a quien le espera un juicio también por lavado de dinero en el proceso conocido como “Lavado Total”. Vale recordar que, como gran parte de la sociedad marplatense conoce, la empresa funeraria Dilo solía prestar sus servicios fúnebres a la comunidad gitana en Mar del Plata, comunidad a la que pertenece Esteban.

Dichos avances se vieron también sobre la situación patrimonial de los miembros de la familia Marino que, según la hipótesis acusatoria, era excesiva a partir de viajes al exterior, adquisiciones de nuevos bienes (en su mayoría rodados de alta gama), obras efectuadas fuera de Mar del Plata y emprendimientos en distintas localidades. De hecho, el matrimonio Marino se había mudado a la ciudad de Goya, en Corrientes, donde había adquirido una funeraria y también trasladado la fábrica de puertas.

Para todas esas transacciones y movimientos de dinero, dice la Justicia Federal, contaban con el asesoramiento contable de Muniagurry.

Complejo en Esquina, Corrientes.

Cajones de exportación

Entre los puntos más llamativos de toda la investigación asoma un intento de “desembarco” de la familia Marino en España para vender ataúdes. La idea estaba tan encaminada que hasta se creó la sociedad Horizonte Azul SA en Rosario y hasta se armó un container. “No tuvo éxito porque allá los cajones son de fibro fácil” se excusó Ricardo Marino en su declaración indagatoria.A propósito de sociedades, en este grupo había otras dos Eterno Descanso SA y Piqui Mar SA. Esta última firma tenía como domicilio de facturación la casa de Hugo “Coco” Esteban, en lo que en apariencia sería una prueba más del vínculo con personas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

La Justicia Federal en este procesamiento estableció que existían pruebas para sostener que la organización había adquirido el predio de Estación Camet, un casa en el barrio Los Zorzales, el comercio de la calle San Juan donde funcionó la Funeraria Dilo, una “granja” en Mitre al 2000, una propiedad en la ciudad de Goya donde se montó la Funeraria Vidal luego renombrada como Funeraria Luna, otro inmueble en la misma ciudad, un complejo en la localidad correntina de Esquina que brindaba servicio de alquiler de cabañas y de pesca, y el inmueble de La Pampa y San Juan donde funciona la funeraria Memorial.Además, también se localizaron gran cantidad de vehículos, muchos de ellos de alta gama, que ahora quedaron secuestrados y en poder de la Justicia.

“Usina de facturas apócrifas” así definió el juez Inchausti el sistema pergeñado como parte de todo el proceder de esta organización y allí destacó la labor de los dos contadores. Es más, a partir de lo descubierto, se formó una nueva causa penal. Todos los imputados hicieron sus descargos y dijeron que no formaban parte de ninguna organización criminal y que todas las acciones realizadas tienen su justificación que, por el momento, la Justicia rechazó.

Mientras tanto ordenó que cada uno de los siete acusados (los cinco miembros de la familia, más los dos contadores) sean embargados por 1.000 millones de pesos. También se mantuvo el secuestro con fines de decomiso de cuatro vehículos y una lancha, a los que ahora se les agregaron otros seis automóviles. En tanto quedaron disponibles para su decomiso el predio de Estación Camet, una propiedad en Goya y el lujoso complejo de pesca y cabañas de Esquina.