El Ejecutivo municipal presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a la ley provincial 14920, que hacía lo propio con la nacional 27328, la que en el gobierno de Mauricio Macri estableció el Programa de Participación Público Privada (PPP).

Se trata de un sistema de contratación con el que el macrismo pensaba aumentar un 60% las obras de infraestructura, a la vez que lo anunciaba como “el más transparente de la historia”, mientras que el gobierno de Alberto Fernández lo consideró “un fracaso”.

La normativa a la que el municipio adherirá establecía el marco legal con el objetivo de desarrollar proyectos en diversas áreas como infraestructura, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica y servicios conexos.

“Prevé que el inversor privado, en asociación con el Estado, construya y obtenga la financiación para llevar adelante un proyecto definido y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra con una utilidad razonable en el largo plazo”, explicó el municipio entre los fundamentos del proyecto que tratará el Concejo Deliberante.

Se trata de un esquema diferente al de los contratos y concesión de obra pública tradicionales. “Consiste en que quienes tengan las mejores capacidades técnicas lleven adelante las obras asegurando la debida transparencia en los procesos de adjudicación, control y asegurando el cumplimiento de los plazos previstos”, afirmó el municipio.

La Ley Provincial N°14920 exime del impuesto de sellos previsto en la Ley N°10397 a los contratos PPP, incluidos los de constitución de las sociedades que actuarán como contratistas PPP y los que estas sociedades celebren con terceros.

La estructura legal de este tipo de contratos prevé expresamente la promoción y protección del cuidado ambiental y que las erogaciones y compromisos sean consistentes con la programación financiera del Estado.

Además, establece “procedimientos que aseguran la transparencia del sistema”, como “llamados a licitación pública o concurso público nacional o internacional”, Además, “se contempla la amplia facultad de control e inspección por parte del Estado durante todo el proceso de ejecución de la obra”.

De ser necesario convocar a licitación por los montos de la obra, el privado que propuso y llevó adelante el proyecto junto al Estado tendrá una preferencia sobre el resto de los oferentes.

En la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, que será la autoridad de aplicación, mencionaron que trabajan desde hace tiempo en la normativa. “La intención es tener disponible una herramienta más para atraer inversiones”, dijo a LA CAPITAL Franco Luchina, director de Proyectos Estratégicos e Integración Público – Privada.

“En un momento en que la obra pública está casi paralizada, es una alternativa para que los privados sigan eligiendo a Mar del Plata”, agregó.
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