Por Ramiro Melucci

Por sí o por no. Mientras los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales definen la suerte de la primera oferta salarial que no es rechazada de plano por la cúpula sindical en tres meses y medio, emerge una primera conclusión: las autoridades municipales y la dirigencia gremial retomaron la semana pasada la senda del diálogo maduro. Un intento de empezar a ponerle fin al estado de conflicto permanente.

La convocatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense surtió el efecto que no había logrado en ocasiones anteriores. Las partes, esta vez, asistieron con la premisa de consensuar una salida. La invitación del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, a evaluar las posibilidades de un aumento salarial con los números de las cuentas municipales en la mano, y la aceptación del secretario adjunto, Daniel Zacarías, fue el primer síntoma de que el fuego cruzado podía parar.

El aire cambió de una semana a la otra. El sindicato venía de una retención de tareas de seis días con “ruidazos” en las puertas de las dependencias. El gobierno de Guillermo Montenegro, de amenazar con descuentos y de denunciar a un grupo de municipales por “amedrentar” al personal de control.

Dos gestos posteriores exhiben la predisposición al diálogo. El municipio no efectivizó las sanciones que había prometido para cuando terminara la retención de tareas. A pesar de que planteó que el salario quedó “50 puntos por debajo de la inflación”, el sindicato no pulverizó de entrada la oferta del 13%. El novedoso método que estableció para la votación de la propuesta quizás obedezca a la intuición de que los trabajadores necesitan un aumento ya, aunque no sea el ideal. Habrá que esperar hasta mañana a la tarde, cuando termine la asamblea virtual, para determinar si es así.

Los municipales, el martes, afuera de la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se reunieron el gobierno y el STM.

Para Montenegro, hubo otros episodios que mejoraron la semana. El cambio de la gigantografía del “Dibu” Martínez en la Diagonal Alberdi en el inicio de las vacaciones de invierno y las búsquedas laborales de Coto y Starbucks para sus locales en Mar del Plata implicaron un guiño a la ciudad que quiere mostrar.

El intendente también sacó pecho cuando el Banco Nación invitó a los municipios a sumarse a iniciativas como la que él busca implementar en la ciudad para condonar la Tasa de Servicios Técnicos de la Construcción a quienes accedan a créditos hipotecarios de la banca pública. El pedido apareció en un comunicado que el Banco emitió para informar el lanzamiento de la nueva línea de créditos para desarrollos inmobiliarios.

Menos orgullo debería significarle la imagen que entregó el oficialismo al designar un funcionario como defensor del pueblo. Sin poner en duda las aptitudes que podrá tener Marcelo Lacedonia para ejercer el cargo, el proceso que lo impuso comenzó y terminó sin que la coalición gobernante hiciera nada para simular que debía ser uno propio el elegido para el puesto.

A fines de diciembre, después de lograr la mayoría propia en el Concejo Deliberante, propuso y aprobó en menos de una semana una ordenanza para que el defensor sea ungido por mayoría simple. Siete meses después, esa mayoría, sin ningún voto adicional que aportara un consenso mayor, tomó su decisión. La oposición en pleno se paró y se fue del recinto antes de la votación.

Antes y durante quedaron a la vista todos los pliegues del interbloque oficialista. El tiempo que transcurrió entre la aprobación de la ordenanza y la designación fue un indicativo de las dificultades internas, que se terminaron de reflejar en la sesión. Los concejales de la Coalición Cívica no asistieron. Los del PRO no hablaron. Todo quedó en manos de la UCR, el partido de donde proviene el bendecido.

El defensor “tendrá por objeto supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes dependientes del Departamento Ejecutivo, de los organismos descentralizados, de los Juzgados de Faltas en lo que hace a su actuación, de todo ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la administración municipal y de prestatarios públicos o privados de servicios públicos municipales, de manera tal de evitar la vulneración de derechos de toda persona física o jurídica dentro del Partido de General Pueyrredon”, señala la ordenanza que el oficialismo sancionó en diciembre, por lo que el argumento de que la Defensoría “no es un órgano de control” no parecería tan incontrastable.

Tiene razón el radicalismo cuando sostiene que tampoco el gobernador Axel Kicillof disimuló demasiado cuando propuso a Federico Thea, entonces secretario general de la gobernación, como presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Los que se dicen distintos igualan para abajo.

El proceso de elección del defensor comenzó y terminó sin que la coalición gobernante hiciera nada para simular que debía ser uno propio el elegido para el puesto.

Pasada la designación del defensor del pueblo, la ciudad comenzó a poner en discusión las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsadas por el presidente Javier Milei para permitir el ingreso de capitales privados al fútbol.

El diputado provincial Gustavo Pulti exhibió en Kimberley una postal de conjunto entre dirigentes de Acción Marplatense, Unión por la Patria y el Frente Renovador con clubes locales que resisten la iniciativa del Gobierno. Con guiño oficial, el concejal Guillermo Volponi (PRO) incorporó en el debate el uso gratuito que esos y otros clubes hacen del estadio José María Minella.

“Cada partido que se juega en el Minella, por una ordenanza de la época de Pulti, les cuesta a los vecinos marplatenses de sus impuestos $ 1.860.823,82 de costo operativo, dinero que deja de ir al arreglo de calles o a tu plaza o a mantener esos mismos escenarios deportivos”, lanzó, es justo apuntarlo, después de resignar el canon y el porcentaje de las entradas vendidas para un recital en el Polideportivo.

Volponi le apuntó a la ordenanza 21481, aprobada en octubre de 2013 por impulso del gobierno de Acción Marplatense. La norma creó el “Programa de Apoyo al Deporte” y, en su artículo quinto, exime del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos municipales a clubes que participen en competencias oficiales de la máxima categoría de cada deporte. Incluye a los partidos y entrenamientos oficiales de los que intervienen en Primera División, Primera Nacional, Argentino A y B y la Copa Argentina. El mismo beneficio concede a los clubes de básquetbol de la Liga Nacional.

Al margen de la discusión sobre las SAD y el uso de los escenarios, en la oposición quedó a la vista otro detalle. La extitular de la Anses, Fernanda Raverta, se sumó a la presión de Kicillof para que Montenegro baje el boleto tras el aumento de los subsidios provinciales. Su involucramiento en un asunto que bien podría haber quedado a cargo sólo de los concejales marca un cambio después de medio año en el que se limitó a participar de los actos del gobernador o de algún reclamo al Gobierno nacional. Acaso se trate de una primera señal rumbo a las legislativas del año próximo.