Después de permanecer prófugo durante exactamente dos meses este miércoles se entregó Fabián “El Gordo” Di Julio, a quien la Justicia Federal lo considera el organizador principal de una banda que en Mar del Plata contrabandeaba teléfonos de alta gama con ayuda de un empleado de la Aduana, que tenía montado casinos ilegales on line y que luego lavaba impactantes sumas de dinero mediante operaciones con criptomonedas.

Una vez que se presentó, acompañado de sus abogadas Patricia Perelló y Carolina Ciordia, Di Julio fue puesto a disposición del juez Santiago Inchausti, que ordenó su traslado al penal federal de Ezeiza.

Se espera que en la jornada del jueves y por videollamada se lleve a cabo la audiencia de declaración indagatoria en la que, según trascendió, Di Julio aspira a explicar el funcionamiento de todas las sociedades, las habilitaciones que tenía para la importación de telefonía celular y también todas sus operatorias con criptoactivos.

Di Julio fue el último prófugo de la causa en entregarse, ya que días atrás lo había hecho su hijo Gianluca. En tanto Franco, el otro hijo, había sido detenido a principios de mayo. La restante integrante de su familia, su esposa, Verónica Scrosoppi, fue citada a indagatoria, también por entender el juez Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri que tiene algún grado de responsabilidad penal en todas las maniobras.

Fabián Di Julio tenía sus oficinas en Independencia 3122 (frente a donde tiene su despacho la fiscal Mazzaferri) y estaba prófugo desde el 7 de mayo después de que se lo acusara de liderar una banda para lavar dinero proveniente del juego on line clandestino y el contrabando de teléfonos celulares.

Franco, Fabián y Gianluca Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina son los procesados con embargos que superan los 20 mil millones de pesos. También aparecieron notificados sin procesamiento aún Scrosoppi, Jonathan Ali y el despachante de aduana Facundo Santiago.

Para la Justicia Federal, el dinero que manejaba esta organización era impactante.

La causa

La investigación que reveló la existencia controversial de esta asociación ilícita fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°1, que encabeza Laura Mazzaferri, y se inició en septiembre de 2023.

Sin embargo, el caso salió a la luz hace un mes, cuando fueron detenidas cinco personas acusadas de conformar una la banda formada para cometer diversos delitos, tales como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Las detenciones se llevaron adelante durante 22 allanamientos realizados a comienzos de mayo, que derivaron además en que otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación fueran llamadas a declaración indagatoria en ese entonces.

La pesquisa había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Con el impulso de la Fiscalía Federal N°1 se lograron identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba. Muchas de esas medidas estuvieron destinadas a desentramar la arista patrimonial de los sucesos. Con el avance de la pesquisa y por impulso fiscal, se ordenaron múltiples medidas cautelares, con el objetivo de preservar los activos en poder o relacionados con las personas físicas y jurídicas investigadas.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó posteriormente ante el Juzgado.