Pasaron diez meses desde que inició el juicio por la mega causa ANSES, en la que están acusados abogados, médicos, contadores, técnicos y peritos oficiales por estafar al Estado para cobrar montos millonarios por jubilaciones fraudulentas, y en estos días se generó una polémica en el Tribunal Federal, luego de que se conociera el retiro de uno de los jueces, que será reemplazado por una magistrada justo antes de las audiencias de los alegatos.

Según una resolución a la que tuvo acceso LA CAPITAL, el juez de Bahía Blanca, José Mario Tripputi, quien era parte del Tribunal Federal de Mar del Plata en este juicio, anunció su retiro y desde el próximo lunes 24 de junio, su lugar lo ocupará la jueza Karina Mabel Yabor.

El juicio por la mega causa ANSES estaba en su etapa final, y solo restaba que algunos de los imputados fuesen indagados en el debate para que comenzaran los alegatos.

Ante esta situación, el abogado que representa a uno de los imputados, Horacio Insanti, solicitó un pedido de aclaración y explicación en el que insta al Tribunal que diga si la jueza Yabor ha asistida -de manera virtual o presencial- en las audiencias del debate.

“El pedido indicado tiene por fin resguardar la validez de los actos del procesales y los derechos de impugnación de
esta parte, ya que podría estarse frente a una cuestión que al afectar la integración del Tribunal, dé lugar a una nulidad de orden general, absoluta y no saneable, a la vez que al vulnerar una garantía de orden constitucional
como es la del debido proceso”, expresó el abogado que representa al médico José Fati en el juicio.

Fuentes consultadas por LA CAPITAL que participan del juicio se mostraron preocupadas ante el cambio del juez, ya que cuestionan que la magistrada Yabor, al no haber estado presente en las audiencias de una causa tan compleja como esta, pueda votar con fundamentos.

Los delitos por los cuales se acusa a quienes llegaron a debate son asociación ilícita, 369 fraudes contra la administración pública, cohecho, tenencia de armas y de documentos de identidad ajenos, y falsificación de documentos. El perjuicio estimado al momento de iniciarse el caso, en 2016, era de 90 millones de pesos. Los acusados sobreseídos por vía de la reparación integral abonaron desde esa fecha a la actualidad un total aproximado de 18 millones de pesos a través de reconocimientos de deudas con el organismo.

El juicio se inició el pasado 29 de agosto de 2023 con la ratificación de acuerdos de juicio abreviado y la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal. En su representación actúa el fiscal Nicolás Czizik, de manera remota, quien además tuvo a cargo la instrucción parcial de esta causa cuando estaba al frente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, hasta abril de 2019.

La causa se centra en la actividad que realizó la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL”, cuyos titulares Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez fueron procesados en 2018 por el juez federal Santiago Inchausti, luego de que se descubriera que habían cometido múltiples hechos de defraudación, tentativa de defraudación y alteración dolosa de registros.

Según la investigación preliminar, todos ellos tuvieron su responsabilidad en la conformación e integración, con roles específicos, de una organización criminal que se dedicaba a llevar adelante diversas modalidades defraudatorias contra Anses, mediante la utilización de relaciones laborales apócrifas y la simulación de afecciones de salud con certificados médicos e historias clínicas falsos. Todo ello, con el fin de obtener prestaciones previsionales irregulares.

Además, otro grupo de imputado realizaron acuerdos de juicio abreviado, que serán analizados por el tribunal al final del juicio, se destacan siete médicos acusados por fraguar informes en trámites de retiros tempranos por invalidez, una persona acusada de intervenir en la falsificación de recibos de sueldos utilizados para simular relaciones laborales falsas, una persona encargada del armado de empresas fantasmas utilizadas para declarar falsas relaciones laborales, una contadora privada, un funcionario de la AFIP y un gestor. Todos ellos aceptaron la responsabilidad en los hechos atribuidos y acordaron una pena de 3 años en prisión en suspenso, a excepción del gestor, que acordó una pena de un 1 y 6 meses bajo la misma modalidad.

La causa

ANSES interviene como querellante en el juicio, señalaron las fuentes oficiales, “como parte de las acciones que lleva adelante el organismo en pos de una mejora continua de los estándares de transparencia pública, la defensa del patrimonio estatal, y la protección de las y los destinatarios de la Seguridad Social”. En este sentido, remarcaron que desde 2020 “Anses ha llevado adelante más de 600 investigaciones administrativas vinculadas con casos de defraudación, las que dieron lugar a más de 300 denuncias penales”.

Según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para realizar certificados por discapacidad a sus clientes que luego eran homologados con médicos, al servicio del estudio jurídico Organización Previsional SRL, que trabajaban en la Comisión Médica de Anses.