En el habitual balance de fin de año, en 2022 el artículo publicado por este medio cerraba de la siguiente manera: “La Mar del Plata de estadísticas bajas convive con la de la preocupante y ascendente violencia vinculada al consumo y venta de estupefacientes”. Lejos de la escala que conmociona a Rosario o a algunos lugares del conurbano bonaerense, el partido de General Pueyrredon ya vislumbraba que la problemática estaba en ascenso y que no debían distraerse las políticas criminales para la prevención.

El 2 de marzo de 2020 se publicaba “violencia en la periferia marplatense: baleados, acuchillados y quemados” y en la nota se hablaba del “telón de fondo del narcomenudeo”.

En 2023, LA CAPITAL hacía referencia a que un tercio de los asesinatos del año tenían como móvil o contexto la venta de drogas. Entre esos crímenes estuvo el del 27 de agosto cuando Franco David Rodríguez y Carlos Lucas Leones fueron asesinados frente a un point en el barrio Las Heras. Uno de los detenidos por ese hecho fue el padre de Erik Lazarte, un joven que en 2014 había matado a Enzo Rosa Verón, en contextos similares. Diez años atrás.

Además de los asesinatos, en innumerables ocasiones se dieron a conocer últimamente heridos de bala, golpeados y apuñalados por disputas hermanadas con el narcomenudeo y en las últimas horas ha quedado documentada la problemática de una manera manifiesta y, en algún punto, desesperanzadora.

El miércoles por la tarde comenzaron los tiroteos en el barrio Parque Independencia que no dejaron personas lastimadas. Sin embargo, cobraron trascendencia por la viralización en las redes sociales de algunos videos. Eso derivó en la intervención de la UTOI y del fiscal Leandro Arévalo.

“La UTOI, que es un cuerpo de la policía casi autónomo y que no responde a comisarías, ni al 911, fue desplegado para enfríar el barrio”, dijo una fuente.

Al mismo tiempo que el barrio Parque Independencia se “enfríaba”, en la otra punta de la ciudad un grupo de jóvenes armados (entre ellos un par de menores) entraba en una casa y acribillaba a Fabián Vallina Ortíz (33). Sitios opuetos de un mismo anillo periférico con la misma problemática. Algo así como la manta corta de la seguridad.

Como afirmó más de un jefe policial de Mar del Plata “nunca vamos a decir que nos faltan recursos, que no tenemos personal suficiente, ni patrulleros en condiciones. Pero nos falta todo”.

Esa frase alejada de los micrófonos, repetida a lo largo de los años, es el fiel reflejo, también, de lo que pasa por estos días en Mar del Plata y que algunos ya describen como una parte importante del problema. Mientras tanto, en marzo de este año el gobierno de Axel Kicillof envió 80 patrulleros a Rosario, que por los datos que cualquiera maneja no parece ser una ciudad de la provincia de Buenos Aires.

En otras provincias sucede algo normal y muy diferente a lo de Buenos Aires: en las ciudades los problemas de seguridad se los atribuyen a los gobernadores, y en menor medida a a los intendentes. Acá es lo contrario. La culpa siempre la tienen los municipios, cuando en verdad los recursos para atacar la (in) seguridad son provinciales.

Frente a la imposibilidad de que en el corto plazo se modifiquen niveles culturales y educativos, la solución es paliativa o preventiva. Y para eso hace falta que la Provincia escuche a la Ciudad. Si el diálogo tiene interferencias por cuestiones de signos políticos, el obstáculo ya es de otro nivel.

Hay miles y miles de jóvenes caídos del sistema en la periferia de Mar del Plata. Y caídos significa que no tienen educación porque desertan tempranamente de la escuela, que se drogan y no hay asistencia, que acceden con facilidad escalofriante a las armas, que delinquen y que forjan una cultura de desapego a la ley y a la autoridad que completa el explosivo combo.

Entre el comienzo y el final de la escritura de este artículo se conoció que otro joven ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con una herida de arma de fuego. No provenía ni del norte, ni del sur, sino de la periferia oeste.