El fuerte ajuste que impulsa el presidente Javier Milei en dependencias del Estado nacional vuelve a generar preocupación en Mar del Plata por el futuro laboral de 750 trabajadores contratados.

En la primera tanda de desvinculaciones, ocurrida en marzo, cerca de 150 empleados públicos fueron despedidos en diversas áreas. Otros contratos fueron renovados, pero sólo por 3 meses; es decir, vencen al término de junio.

“La preocupación es incluso mayor a la que había en marzo, porque tenemos prácticamente la certeza de que habrá despidos”, aseguró a LA CAPITAL Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) autónoma de Mar del Plata y secretario adjunto de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a nivel local.

Navarro explicó que, de acuerdo al relevamiento realizado por los sindicatos, a fin de 2023 había “900 trabajadores” contratados en dependencias del Estado nacional con sede en la ciudad. De ese número, aproximadamente 150 fueron echados en marzo, con “algunas pocas reincorporaciones”.

“Estamos hablando de un número no menor de 750 trabajadores que ahora se les vence el contrato y tienen la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su fuente laboral”, planteó el dirigente gremial.

Y añadió: “Hay una angustia real. En las oficinas estatales se está trabajando muy mal en estas condiciones, incluso hubo casos de algunos empleados de planta que fueron echados. Con estas medidas, el Gobierno está abandonando todas las políticas públicas”.

Más allá del vencimiento de los contratos, en la ciudad se prendieron las alarmas incluso más luego de que Milei anunciara a inicios de junio que va a despedir a otros 50.000 empleados públicos más en todo el país. En marzo fueron 25.000 las desvinculaciones en el territorio nacional.

En Mar del Plata ya hubo despidos de estatales en áreas como el Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), la delegación local de la Secretaría de Trabajo, la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y el Centro de Referencia del Ex Ministerio de Desarrollo Social.

El listado también incluye a Economía Social, la Base Naval, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), los hoteles Antártida y Tierra del Fuego -que pertenecen a la Armada Argentina- y la Unidad Turística de Chapadmalal.

Por otro lado, el Gobierno anunció el martes pasado el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) distribuidos en todo el país. En Mar del Plata hay cuatro trabajadores en esta dependencia que aguardan el telegrama de despido.

Si bien hasta ahora no hubo confirmaciones sobre nuevos empleados cesanteados, hay versiones sobre posibles recortes en otras áreas de cara a fin de mes. Sobre todo en lo que respecta a los sectores vinculados a la salud, como en el Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur), así como en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

En relación a posibles medidas de fuerza en los próximos días, Navarro se mostró cauto.

“Por ahora seguimos en contacto permanente con todos los compañeros, haciendo asambleas. Hasta que no suceda algún despido, preventivamente no podemos hacer nada. En particular, nos preocupan los sectores que en marzo no tuvieron recortes, creemos que por ahí el ajuste viene por ese lado”, concluyó.