La causa por supuestos abusos sexuales dentro de la cárcel de Batán de quien era el jefe de Sanidad, que desnudó situaciones aberrantes de crueldad y fragilidad institucional, inicia una semana clave, en la que la fiscal deberá cerrar una primera etapa de la investigación y solicitar la prisión preventiva del principal imputado, el radiólogo detenido Juan Carlos Salas.

Salas, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, se encuentra detenido en una comisaría de Balcarce y este viernes la fiscal Florencia Salas debe argumentar ante la Justicia de Garantías el pedido de prisión preventiva, en el que expondrá todas las pruebas que tiene en contra de quien era el jefe de Sanidad de la cárcel de Batán y fue acusado por presos de haberles dado drogas a cambio de “favores sexuales”.

“La causa es aberrante”, expresó una fuente cercana a la investigación consultada por LA CAPITAL, que reparó en la vulnerabilidad de las personas privadas sus libertad que habrían sido abusadas sexualmente por Juan Carlos Salas a cambio de drogas.

Además de tener que pedir la prisión preventiva, la fiscal Salas solicitó que el detenido sea sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas, las que podrían concretarse en los próximos días.

Por otra parte, cabe recordar que a raíz de la causa por supuestos abusos sexuales dentro del penal, fueron imputados otros dos jefes por encubrir a Juan Carlos Salas.

Se trata de José Augusto Pedroche y Daniel Eduardo Medina, que al momento de los hechos analizados eran jefe de Asistencia y Tratamiento, y subdirector de Vigilancia y Tratamiento, respectivamente, de la Unidad Penal N° 15, habían recibido información por el accionar de Juan Carlos Salas. En ese marco, conforme las pruebas examinadas, decidieron no avanzar en la investigación ni hacer la denuncia penal, y por eso ahora serán procesados.

Para la Justicia ambas autoridades del complejo carcelario habrían incurrido en el delito de “encubrimiento doblemente agravado”, al estar al tanto de denuncias anteriores contra el médico que no informaron a pesar de tener la obligación de hacerlo por ser funcionarios públicos.

La resolución de la fiscal Salas a la que tuvo acceso LA CAPITAL indica que “aún cuando los nombrados no presten en la actualidad servicio en esas Unidades, se brinde colaboración para la notificación de ambos”. La instructora judicial también pidió que se notifique lo actuado a la Auditoría de Asuntos Internos y tras esta situación, ambos fueron desafectados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Si bien Pedroche y Medina están imputados, aún no fueron citados a declarar, ya que la fiscal Salas sigue recabando prueba para evaluar si los alcance de la imputación son para alguien más o para ellos solos. Además, también evalúa si “despega” esta causa de la principal, que es por el grave delito de abuso sexual.

Denuncias de abusos sexuales en la cárcel de Batán

Vale recordar que al médico Juan Carlos Salas lo detuvieron el 23 de mayo, acusado de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual con acceso carnal” por haber sometido a dos convictos a cambio del suministro de medicamentos o droga. Esta es la hipótesis de la fiscalía a partir de las denuncias efectuadas por la Comisión Provincial de la Memoria, que canalizó el relato efectuado por uno de los reclusos, y el juez de ejecución Ricardo Perdichizzi. El magistrado tomó conocimiento de otro caso en medio de una audiencia, cuando el preso al que entrevistaba lo contó.

Si bien en un comienzo se negó a declarar, el imputado aceptó hacerlo días después de su detención, pero no respondió preguntas de la fiscal. Tampoco aportó ningún tipo de dato más allá de los personales, en una audiencia que duró unos pocos minutos.

Asistido por el abogado platense Martín Castro y luego de que haber sido trasladado desde Balcarce, donde está detenido, Salas negó los cargos y apenas señaló que las acusaciones de los dos reclusos obedecían a situaciones de “enemistad”, en especial con uno de ellos, con quien había tenido diferencias.

La CPM, damnificado institucional

Esta causa contra Salas se formó a raíz de denuncias presentadas por Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se presentó como particular damnificado institucional.

“Se trata de un tema de gravedad absoluta y no descartamos que hayan habido torturas“, declaró a LA CAPITAL la encargado de litigios de la CPM, Margarita Jarque.

Como particular damnificado institucional, desde la CPM han solicitado a la fiscal Salas que se profundice la investigación, ya que consideran que además de abuso sexual puede tratarse de casos de tortura, por el daño físico y psicológico que pudieron sufrir las víctimas.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público que ha sido creado por ley hace 25 años y que desde sus inicios se ha dedicado al monitoreo de los lugares de encierro. Ha raíz de esa experiencia, es que ha sido nombrado “mecanismo local de prevención de la tortura”. Tiene también el mandato legal de cumplir como contralor y monitorear estas situaciones donde se vulneran derechos humanos en los lugares de encierro.

“Esta persona no era médico, administraba medicamentos, lo que ya de por sí es una práctica ilegal, más allá de que encima se aprovechaba de la vulnerabilidad de una persona en cierra, de sus propias necesidades”, expresó la encargada de litigios de la CPM.

Además, remarcó que una de las víctimas en la causa estaba a punto de recuperar la libertad, mientras que el otro de los presos todavía tiene más años para purgar de pena por un delito gravísimo.