Por José Luis Stella

Lo que sucede con las empresas de medicina privada es un ejemplo de lo que no hay que hacer para que el sistema de salud funcione razonablemente. El gobierno anterior cometió horrores y el actual según Juan Carlos de Pablo: “no dejó macanas sin hacer”.

En el informe “Integración sistema de salud: una construcción federal” del Consejo Federal de Salud con datos de julio de 2021, publicado en mayo/2022 en la página Argentina.gob.ar se da cuenta de una población total de 45.808.747, donde 14.926.874 están afiliados a las 288 Obras Sociales Nacionales; 7.214.498 a las 24 Obras Sociales Provinciales; 1.135.00 a Obras Sociales de Regímenes Especiales y 5.062.914 al PAMI, mientras que a las 651 empresas de medicina prepagas inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud están adheridas 6.427.993 de personas que representan el 14% del total de la población.  Tres años después el sistema ha cambiado levemente, en su integración, se habla hoy de 680 empresas de medicina prepaga.

Hagamos algunas consideraciones para comprender integralmente el problema: por exceso de CONTROLES, en los últimos veinticinco años los precios de los bienes, tanto productos como servicios se desalinearon. La cuota de las prepagas se atrasó con respecto al promedio de precios del IPC medido por el INDEC. Las razones son fáciles de entender, las empresas solicitaban autorización para sus aumentos (que pidan autorización es discutible), se les demoraba la respuesta o se les  concedía porcentajes menores a la inflación. Con fines electoralistas en septiembre 2023 se congelaron las cuotas por 90 días,  aumentó la burocracia ya que los afiliados debían llenar un formulario creado por la Superintendencia de Servicios de Salud como declaración jurada. Compensando el congelamiento de cuotas que afecta a las empresas, el decreto 478/2023 eximíó a los establecimiento de salud al pago de las contribuciones patronales, decreto vigente desde el 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024. El nuevo gobierno no renovó la vigencia del decreto.

Los mercados libres orientan y en competencia asignan eficientemente los recursos, si una lata de tomates tiene precios diferentes en dos comercios compramos en el que la vende más barato, si vamos a almorzar a un restaurante y nos atienden mal, o al lugar le falta higiene no volvemos más, SI LA PREPAGA NOS ATIENDE MAL ¿DÓNDE VAMOS?, la posibilidad  de no comprar la manzana y que se pudra en la góndola porque es cara, no funciona para el sistema de salud. Esta lógica se ve seriamente afectada por diversas falencias: información asimétrica, pacientes vulnerables que no se encuentran en condiciones de tomar decisiones racionales sobre su atención médica, de lo que se desprende que el mercado de la salud no asigna los recursos eficientemente cuando funciona libremente, toda la literatura económica, excepto Murray Rothbard del cual Milei es devoto, habla de una evidente FALLA DE MERCADO.

Profundicemos sobre “la falla” y cómo se resuelve razonablemente. Se conoce como Óptimo de Pareto la situación ideal para los intercambios. Cuando la interacción de la demanda y la oferta nos alejan del óptimo aparece la falla de mercado. Debe surgir un elemento nuevo, externo a pacientes y médicos que con reglas claras ayude a morigerar la ineficiencia, ahí emerge EL GOBIERNO. Esto ocurre no solamente en el caso de los seguros de salud, hay otros ejemplos que justifican la presencia del gobierno como: la regulación de monopolios y oligopolios,  el suministro de bienes públicos, el uso de recursos comunes, las externalidades, problemas de contaminación ambiental entre otras que reconoce la teoría económica.  El funcionario que interviene, en representación del gobierno debe interiorizarse y conocer no solo a todos los actores, sino también los vericuetos del sistema para tomar decisiones acertadas.

Para Milei hablar de falla de Mercado es un oxímoron. Por DNU en diciembre de 2023 el cometió EL PRIMER ERROR dejando totalmente libres los precios.

Las empresas privadas de salud “aprovecharon la oportunidad” y quisieron recuperar en pocos meses lo que perdieron de ganar durante años y se llegó a ver entre noviembre 2023 y abril 2024 aumentos en las cuotas de hasta cuatrocientos por ciento.  ¡SE FUERON DE MAMBO!. El poder adquisitivo de los afiliados, clientes de clase media, no soportó tamaño aumento y también se complicó al sistema público por pase de pacientes. Los hospitales públicos no son capaces de soportar una demanda creciente que supere  su capacidad. La calidad de la atención se ve resentida, con escasez de insumos, medicamentos y personal médico capacitado. Más personas mayores comenzaron a ser atendidas en el PAMI.

Un ejemplo de cómo actúa irresponsablemente la política. El COVID 19 fue un hecho disruptivo, inesperado, si estábamos afiliados a una prepaga ante una internación ¿me tenían que atender?.  Los legisladores cuando aparece algo nuevo, SIN AUMENTAR LA CUOTA responden demagógicamente que SÍ, NOS TIENEN QUE ATENDER.

La medicina en Argentina todavía es excelente,  ejemplo de ello es la distinción que recibiera días pasados Alejandro Benetti “un cirujano argentino que fue elegido como uno de los Siete Sabios de la década de oro de la Cirugía Cardiovascular en el Siglo XX por su sabiduría y sus aportes científicos en el mundo”, es  preventiva, con estudios que requieren equipos cada vez más sofisticados, generalmente importados que generan costos crecientes SIN AUMENTAR LA CUOTA. Hoy muchas patologías se diagnostican y monitorean con ecografías que hace cincuenta años no existían.

Por ende la cuota tiene que reflejar los costos crecientes de la medicina.

En nuestra ciudad, Axel Kicillof  al participar del Congreso Provincial de Salud que se realizó en el NH Gran Hotel Provincial afirmó: el gobierno nacional llegó “con un programa que pone en jaque el sistema de salud y los planes que tenemos”. Defendió el rol del estado, explicó los avances y desafíos en materia  sanitaria y lanzó fuertes críticas al gobierno nacional, “aunque quieran destruir el sistema y lo desfinancien, lo vamos a defender no van a poder destruir lo que hemos hecho”. (La Capital 03/05/2024)

Le faltó explicar ¿quien arruinó IOMA?, “la salud no es un mercado ni una mercancía”, completó el gobernador aludiendo a la FALLA DE MERCADO.

Una digresión que viene al caso Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía dijo en un reportaje en la revista The Economist “La libertad no es algo que pueda maximizarse fácilmente, como desearían los libertarios. Implica compromisos: la libertad de una persona de llevar un arma limita la libertad de muchos niños de ir a la escuela; la libertad de una compañía farmacéutica de cobrar lo que quiera entra en conflicto con la libertad de los enfermos de vivir.”

Otra vez la política, como el diablo, mete la cola. Hace tiempo que hay una disputa entre los que defienden el sistema privado ahora liderados por Milei “la derecha” y quienes defienden el sistema público encabezados por Kicillof “la izquierda”. UNA DISCUSIÓN BIZANTINA. Lo esperado sería que cada uno apuntale lo que defiende y ambos sistemas convivan armoniosamente ya que la salud no tiene izquierda o derecha. Sin embargo lo observable es que la izquierda intenta destruir el sistema privado y la derecha el sistema público, recordando que los pacientes estamos en medio.

El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, aceptó una cautelar de  la Superintendencia de Servicios de Salud y dejó sin efecto los aumentos desde el 1/12/2023 en adelante. La Secretaría de Industria y Comercio dictó una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC) que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados a reajustar por el plazo de 6 meses a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud médico asistencial al mes de diciembre de 2023 ajustado por IPC.

La medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la mencionada medida cautelar son las empresas de medicina prepaga Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud ( UAS), y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical S.A. y de la UAS.

La decisión del Gobierno de retrotraer a diciembre el precio de las cuotas de las empresas de medicina privada,  se convierte en el SEGUNDO ERROR. Inmediatamente las prepagas avisaron a sus prestadores que quedan anulados los aumentos pautados, y días pasados judicialmente se dictaminó que las empresas tienen un año para devolver lo que cobraron en exceso a lo que indica la fórmula de retrotraer los valores indexados por el IPC.

Todos se quejan: las cámaras de prestadores, advierten una situación crítica de varias clínicas  y empresas que al anular los aumentos están en riesgo de quiebra, mientras que desde el gobierno dicen que “usan la plata para la timba financiera y desfinancian al sistema”. Hay una pelea entre quien tiene que regular el sistema y las prepagas que trasladan directamente las consecuencias a sus prestadores lo que genera un efecto dominó que compromete a todo el sistema. Los médicos protestan porque no cobran lo que pretenden, igual planteo exteriorizan las clínicas, los laboratorios, las farmacias mientras que al paciente se le reconocen menos prestaciones y cada vez paga más adicionales de dudoso fundamento.

La cuota de la medicina prepaga tiene que subir más que la inflación.  Para recuperar terreno perdido y para compensar los costos crecientes.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo,  comenzó  con auditorías sobre empresas de medicina prepaga y obras sociales, a los fines de disponer de manera más eficiente los subsidios sectoriales y la detección de compañías que brindan un servicio irregular o inexistente. Son ejemplos emblemáticos: OSPIF Obra Social del Personal de la Industria del Fosforo, Encendido y Afines que  funcionaba como un “sello de goma” y que recibía $ 350 millones en concepto de aportes directos y contribuciones y otros $ 130 millones mensuales producto de transferencias de programas de subsidios. Al momento de realizar la intervención la entidad no contaba con el registro de sus propios afiliados, estimándose que serían cerca de 30.000 personas.

A través de un artículo publicado en Clarín días atrás se dio a conocer que una empresa que ofrecía servicios médicos, Servin Life S.A., comunicó a sus afiliados que se declaraba en quiebra y que no continuará operando, dado que, según sus abogados, tiene una deuda cercana a los $200 millones que no podía saldarse. Conocida la noticia, la SSS se encargó de aclarar que Servin Life era “una empresa trucha” y que no estaba registrada ante la Superintendencia como prestadora de medicina prepaga.

“Esto significa que en los últimos años el sistema funcionó de manera irregular”.

El futuro del sistema de salud argentino es incierto. El ideal sería que el debate público enriquezca con información a las autoridades y que estas tengan sentido común para que tomen decisiones acertadas que garanticen el derecho a la salud de calidad, para todos.